Rigiendo la alternatividad -libre elección entre la via tradicional y el Notario-, ¿qué perjuicio habría de poder causar la innovación propuesta al administrado?
Porque no se puede descartar la opinión del otro tildándola de populista (quien esté libre de falta, arroje la primera piedra), no se nos alcanza sino vislumbrar cierta metonimia en la razón discursiva de los contrarios a la «privatización de la justicia»:
- Detrás de tal reproche («recortes en las garantías garantías individuales»), del «nuevo copago» que se pretende instaurar («el Estado se verá obligado a pagar los servicios de operadores privados»), latiría no un desconocimiento de los principios del Notariado sino -paradójicamente- un profundo recelo en las verdaderas intenciones del Gobierno -actual-: más que propiamente un «copago», la reforma encubriría -a medio y largo plazo- un recorte en el presupuesto -ahora sí, público- de atención a quienes optasen por la vía no desjudicializada (secretarios judiciales).
Todo es argumentable. De contrario, cómo no, cabría cuestionarse el dudoso interés de los particulars en acumular «derechos» de los que, en apremiante situación de necesidad, no es posible hacer uso. Tal ocurriría hoy en día con las interminables colas, en particular con las archiconocidas listas de espera. Y bien, ¿cual habría de ser la solución? ¿acaso destinar interminables recursos -hasta su agotamiento- a un sistema capaz de «devorar» cuanto se le ingresa? Como de costumbre, cada cual opine como guste.
- Por la desconfianza en lo público que supone, más o menos fundada («El Consejo de Estado echa por tierra la reforma del Registro Civil de Gallardón«, asunto al que en su día dedicamos nuestra atención), la noticia que ahora comentamos provoca tristeza: nadie, ni siquiera nuestros parlamentarios, parece confiar en la «lealtad institucional». Verdaderamente lamentable.
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Destaca que la alternatividad será el «principio inspirador» de la ley que otorga competencias de los jueces a notarios o registradores
MADRID, 11 Dic | EUROPA PRESS
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado este jueves que el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria que atribuye competencias de los juzgados a otros operadores jurídicos «camina en la dirección correcta» y, en concreto, ha defendido que el ciudadano tenga la oportunidad de casarse ante un notario.
En el debate de totalidad celebrado en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde el PSOE, UPyD y la Izquierda Plural han pedido la retirada del texto, Catalá ha mostrado su disposición a que la alternatividad sea el «principio inspirador» de la ley para que el ciudadano pueda decidir realizar sus trámites en el juzgado o ante otros operadores, como notarios o registradores.
A su entender, este proyecto legislativo reduce la carga de trabajo de los juzgados pues «carece de sentido seguir atribuyendo a los jueces tareas sin naturaleza jurisdiccional». «Hoy han perdido vigencia algunas razones que justificaron históricamente la atribución de la jurisdicción voluntaria en exclusividad a los jueces porque las sociedades avanzadas cuentan con otras opciones viables para la efectividad de los derechos privados, cuando no se requiera de la mediación de órganos públicos», ha añadido.
Tras destacar la extensión de la asistencia jurídica gratuita a los expedientes registrales y notariales, ha apostado por un «cauce menos costoso y más rápido» que desjudicialice ciertas materias para proporcionar una respuesta «más pronta» por un profesional especializado. En cualquier caso, se trata de cuestiones que no afectan a derechos fundamentales, a menores o a personas especialmente protegidas.
NIEGAN UNA REDUCCIÓN DE COSTES EN LA JUSTICIA
El portavoz adjunto de Justicia del PSOE, Antoni Such, ha sido el encargado de defender la enmienda de totalidad de su grupo contra esta «innecesaria, ineficaz e injusta privatización de la Justicia«, de la que ha criticado su «carga ideológica».
«Bajo la excusa de saturación, ineficacia e insuficiencia económica, pretendan traspasar dicha responsabilidad a empresas privadas e instaurar un nuevo copago a los ciudadanos», ha proseguido Such, para defender que el ciudadano deberá pagar vía impuestos y también vía aranceles a notarios o registradores.
A su juicio, la ley «no va a reducir costes pues la externalización obliga a reformar la justicia gratuita para extender esta prestación a los honorarios de los notarios y registradores en los supuestos de los expedientes de jurisdicción voluntaria y, en estos casos, el Estado se verá obligado a pagar los servicios de operadores privados cuando dispone de los suyos propios«.
Desde UPyD, Rosa Díez ha advertido de que la norma «entra de lleno en el ejercicio de la jurisdicción, conllevando la indudable privatización de la Justicia«.
En la misma línea, se ha expresado el portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, al preguntar «qué va a dejar al Ministerio de Justicia» si redistribuye las competencias entre otros profesioales. «Da la impresión de que son servidores públicos para sacar negocios privados«, ha remachado.
Llamazares ha censurado la «alternativa del repago» y ha querido saber qué contraprestación recibirán los notarios o registradores, que ya cobran «escandalosas retribuciones«. Dicho esto, ha defendido la idoneidad de los secretarios judiciales para tramitar los expedientes de jurisdicción voluntaria sin «recortar» las garantías individuales.
El PNV, por boca del diputado Emilio Olabarria, ha anunciado la abstención de su grupo, mientras que el parlamentario de CiU Jordi Jané ha abogado por avocar esta materia al Pleno y la diputada del PP Beatriz Escudero ha defendido la reforma y ha agradecido la disposición al diálogo del ministro.
Fuente: europapress.es
