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La presión fiscal de España en 2014 fue del 37,8 por ciento del PIB. En Dinamarca, Finlandia o Noruega, este valor es de aproximadamente el 50 por ciento. El esfuerzo fiscal en España, sin embargo, es homologable al de los paises nórdicos: un trabajador con un sueldo medio de 24.400 euros brutos al año dedica 182 días de trabajo al año al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para sostener el Estado del Bienestar y empezar a generar ingresos para su propio disfrute (más aquí).
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El caso es que los ricos no están pagando sustancialmente menos en España que en el resto de Europa y que un acercamiento tributario al modelo sueco habría de implicar en España una subida generalizada de impuestos, especialmente en impuestos sobre el consumo, cuyo tipo medio se incrementaría en un 90% (más aquí): el tipo implícito sobre el consumo en Suecia es del 26,5% (un 90% superior al español) y sobre el trabajo un 38,6% (un 15% superior al español). Y bien, ¿de verdad queremos un modelo así entre nosotros?
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Puede que, como sugiere el autor que sigue, queramos en España ser Dinamarca pero sin un IVA generalizado al 27 por ciento para todos los bienes, sin exclusiones de ningún tipo.
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¿Qué hacer? A este propósito sin duda la reflexión y autocrítica han de contribuir. De ahí que, cualquiera que sea la ideología y en su caso arbitrismo de cada uno, recomendemos la lectura del artículo que sigue.
Fernando Fernández Méndez de Andés, Profesor del IE BUSINESS SCHOOL | en Revista «Escritura Pública«, 2016, nº 98
El 70 por ciento de los españoles cree que paga más impuestos que servicios recibe del Estado. Además el 80 por ciento considera que el fraude ha aumentado en las últimas décadas. Estos son los datos que repite insistentemente el Barómetro Fiscal y que la opinión pública da por ciertos. Reflejan un estado de opinión indudable, pero que no se corresponde con la realidad, como voy a intentar argumentar en este artículo.
Los estados de opinión surgen de la realidad, pero no reflejan necesariamente la realidad. No debería sorprender a nadie que una coyuntura política dominada por la crisis económica y la corrupción genere la sensación de que vivimos en un país donde el fraude fiscal es rampante. Pasa lo mismo con otros delitos –violencia de género, información privilegiada o prácticas anticompetitivas– cuya persecución aumenta la percepción pública de que son una característica nacional. Hoy se habla más de fraude fiscal, porque se persigue, se denuncia y se castiga. Antes, era todo silencio y complicidad.
Pero además del clima político, y de la desconfianza tradicional del español ante la Administración y el poder, existen algunas razones institucionales, corregibles, por las que esa sensación de injusticia fiscal es mayor en España. Citaré dos: la distribución de competencias fiscales en el Estado de las Autonomías y la falta de transparencia del coste de los servicios públicos. Con independencia del debate sobre financiación autonómica, lo cierto es que la separación entre la institución que recauda, el gobierno central y la Administración Tributaria, y la que gasta y distribuye, las Comunidades Autónomas responsables del 80 por ciento del gasto público y de la práctica totalidad del gasto social, no es la mejor manera de generar en los ciudadanos conciencia tributaria, sensación de pertenencia y corresponsabilidad. Hacienda no podemos ser todos si a mí me pagan otros las pensiones, o si con mi dinero se paga la salud de otros. Un tema muy complejo pero que sin duda requiere una segunda lectura ahora que parece que vamos a reescribir los consensos de la Transición.
Queremos servicios públicos equiparables a los del mejor y más desarrollado Estado del Bienestar del mundo, pero queremos también pagar impuestos del Tercer Mundo
La cultura del gratis total está tan extendida en España que pocos son los ciudadanos que saben o quieren saber el coste de los servicios que reciben del Estado. Llevo años proponiendo sencillas medidas de transparencia que contribuirían a levantar el velo de silencio que ha permitido que se dispare el gasto público a la vez que crece la sensación de su injusticia. Si todos los alumnos españoles recibieran con su matrícula una carta recordándoles el coste de la plaza escolar o universitaria que ocupan y el precio que pagan, es decir una notificación oficial de la beca que reciben, quizás cambiaría esa percepción. Si cada vez que vamos a un hospital nos extendieran una factura proforma del coste incurrido a la Seguridad Social, a lo mejor abusábamos menos de las urgencias. Ya no digo que el ciudadano adelante el pago y luego pida el reembolso, como en Francia, para que no me acusen de ultra. Si por ejemplo cada vez que vamos al cine o al teatro, la entrada llevara impresa la subvención recibida a lo mejor cambiábamos de opinión. Si la tarifa eléctrica especificara las políticas ambientales, sociales o industriales que financia, puede que pensáramos si estamos dispuestos a pagarlas. Hay muchos más ejemplos, pero no me atrevo siquiera a mencionarlos porque me gustaría poder seguir yendo a tomar café al bar de siempre.
Ese velo de silencio se extiende a todas las administraciones públicas. Los mismos ciudadanos que se indignan de la suciedad de las calles son los mismos que piden a gritos una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles. Y la receta para cuadrar el círculo imposible es siempre la misma: que paguen los ricos, que luchen de verdad contra el fraude. Ricos que son siempre otros, fraude que nunca cometemos nosotros. Y cuando desde el Ministerio de Hacienda se adoptan medidas de control o inspección, y en esta administración se han tomado varias muy polémicas como la restricción al uso de efectivo, la declaración de ingresos y patrimonio en el extranjero o la limitación al uso de sociedades profesionales, el apoyo popular ha sido perfectamente descriptible, basta con ver la valoración que el CIS otorga al Ministro de Hacienda.
Los españoles padecemos de esquizofrenia fiscal. Queremos servicios públicos equiparables a los del mejor y más desarrollado Estado del Bienestar del mundo, pero queremos también pagar impuestos del Tercer Mundo. Queremos ser Dinamarca pero sin el IVA generalizado al 27 por ciento para todos los bienes sin exclusiones de ningún tipo. Y amparados en nuestro infantilismo por un sistema político que vive en campaña electoral permanente, nos consolamos echándole la culpa al fraude o al austericidio impuesto por la Europa teutónica. Cualquier cosa antes de reconocer que somos el único país de la Eurozona con déficit primario y estructural, y que el sistema fiscal no da más de sí. No hay precedentes históricos de ningún país que haya ingresado tres puntos del PIB con medidas de lucha contra el fraude, sin utilizar mecanismos de copago y sin ajustar las pensiones. Podemos seguir culpando al mal tiempo de las desgracias de la Armada invencible, pero lo cierto es que nuestro sistema fiscal necesita una reforma en profundidad para ingresar más y mejor, para gastar menos y mejor. Y eso solo será posible con un amplio acuerdo social que olvide la demagogia y le diga al ciudadano lo que no quiere oír.
Fuente: notariado.org
