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El autor del post que ahora presentamos vuelve una vez más a sorprendernos, rematando su exposición desde un ángulo desacostumbrado, que provoca reflexión.
Un servidor carece de opinión formada sobre las patentes de medicamentos. Lo único que -si acaso- llega a vislumbrar es la conveniencia -cada día más, necesidad- de coordinar/unificar criterios a nivel europeo… también en este ámbito.
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Luis Miguel Benito de Benito | 10 de enero de 2015
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Desde hace semanas los medios de comunicación están ofreciendo noticias sobre los pacientes afectados por hepatitis crónica por virus de la hepatitis C (VHC). Y durante muchas semanas más será noticia caliente en España. Veamos por qué.
La hepatitis por VHC se contagia por vía parenteral, (sangre y agujas, también tatuajes pueden ser origen de contagio), sexual y, en menor medida, por transmisión vertical de madre a hijo. Lo malo de esta hepatitis es que alrededor del 80% de los que se contagian, no logran eliminar la infección y mantienen un estado de inflamación crónica, una hepatitis crónica, que puede poco a poco evolucionar a cirrosis o cáncer de hígado. De hecho en España esta es la principal causa de trasplante hepático. Se estima que en España puede haber unos 700.000 afectados por hepatitis crónica por VHC. Pero si esta situación no es nueva ni de ahora, ¿por qué ahora es noticia?
Hasta hace poco el pilar del tratamiento para estos pacientes ha sido la combinación de dos fármacos antivirales que conseguían respuestas en alrededor del 50% de los pacientes y con no pocos efectos secundarios. Precisamente esta mala tolerancia al tratamiento, junto con las pobres expectativas de curación, disuadía a muchos pacientes a seguirlo. Desde hace alrededor de dos años se han desarrollado nuevos fármacos que han supuesto una importante revolución en el tratamiento de esta enfermedad, tanto por la mejor tolerancia de los medicamentos -sobre todo en el colectivo de los pacientes con enfermedad hepática más avanzada- como por la mayor tasa de respuesta favorable que, según los resultados preliminares de las investigaciones, ronda el 90% cuando se combinan dos de estos fármacos.
Si los avances médicos nos han traído tan buenas noticias ¿dónde está el origen de la polémica? Pues como suele suceder, en el vil metal. El dinero. Pero en este caso puede ser que haya algo más que dinero. El tratamiento nuevo vendría a costar, en España, unos 50.000 euros por paciente. Acostumbrados como estamos a la sanidad pública universal y gratuita, clamamos contra las autoridades si nos niegan este tratamiento tan necesario. Incluso las autoridades sanitarias han reconocido su eficacia y hasta se han elaborado guías para la administración de estos fármacos tan novedosos. Pero no se dispensan más que con cuentagotas, no hay dinero. Las arcas de la Seguridad Social están tan vacías (esquilmadas o malversadas por tantos ejercicios desviados) que no hay presupuesto para afrontar este gasto. El montante general saldría de multiplicar el coste de un tratamiento por los potenciales receptores del mismo. Sale un 35 seguido de nueve ceros en euros. Claro, a la oposición política le hacen chiribitas los ojos: vaya misil a la línea de flotación del gobierno. Por eso hay que alinearse enseguida con los afectados para montar bulla aunque poco les importe o sepan qué es eso de la hepatitis C.
Al ver lo que se les viene encima, las autoridades sanitarias políticas han tirado de las autoridades médicas para que medien en el conflicto. ¿Son todos los afectados los que deben recibir este tratamiento? ¿O sólo unos cuantos, con unos determinados requisitos? Eso está por ver y para tomar esas decisiones han pedido el consejo del prestigioso hepatólogo Joan Rodés, a quien muchos gastroenterólogos respetan. Yo personalmente creo que es una de las personas más adecuadas para hablar con autoridad médica sobre este asunto y está por ver hasta qué punto le dejan actuar sin injerencias. Pero la cuestión no es sencilla de solucionar. Por un lado, el tratamiento ciertamente parece muy eficaz. Por otro, ¿son todos los afectados subsidiarios de tratamiento? Es algo que muchos de mis pacientes me preguntan, incluso los que apenas tienen daño hepático o tienen su enfermedad controlada y latente. Se prevé que el resultado de las deliberaciones será un planteamiento restrictivo para el nuevo tratamiento. No será para todos porque, entre otros motivos, a ese precio, no puede ser para todos. Ahí están los números. ¿Cómo maquillar la matemática? Puede haber soluciones de todo corte y pelaje: las salomónicas, las stalinistas, las drásticas,… Algunos ejemplos: «que devuelvan los políticos y banqueros todo lo que han malversado» (jajajaja); «que lo quiten de la caja de las pensiones» (huy, huy, huy); «que lo pongan los políticos que se han hecho las fotos apoyando al colectivo de afectados» (bueno, bueno, no hay que exagerar…); «no nos falta dinero, nos sobran afectados, hay que regular a la baja esa cifra» (espero que desde el punto de vista matemático, no físico…); «nos solidarizamos todos con los afectados y asumimos una derrama en los impuestos de manera que cada español apoquine un extra de 1000 euros para este colectivo» (oiga, soy solidario pero estoy asfixiado); «que bajen el precio de las medicinas» (pues, oye, ¿por qué no?).
Y al hilo de esta sarta de tonterías nos quedamos reflexionando sobre la última. ¿Ha indagado alguien a cuánto venden las multinacionales estos fármacos en otros países? Varía mucho, y depende de razones políticas. Es política internacional. Hay patentes, claro. Pero aunque hay que amortizar el coste de la investigación de un fármaco, no todo debe hacerse en un mes (la patente dura años) y a costa de un país. El que fijó el precio de estos fármacos para España, me da que de sobra sabía que España no podría pagarlos. Quizás porque el objetivo no era venderlos. Y ni mucho menos, hacer un servicio a la sociedad y a los afectados. Era más bien generar revuelo social. Sin duda un dirigente enervado haría caso omiso a las leyes internacionales de patentes, copiaría los fármacos a 20 céntimos por pastilla y los distribuiría a los afectados a un precio asequible. Las sanciones internacionales no se harían de esperar. Y por supuesto, las críticas de la oposición por haber situado a España fuera de las leyes del comercio internacional, so capa de pretender el bien de los ciudadanos. Excusas.
Piense usted: ¿qué habrá hecho, -o dejado de hacer-, este gobierno para que el precio de estas medicinas sea inasequible?
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