El sector legal diseña la hoja de ruta para reformar la Justicia

POR L.Saiz/V.Moreno/S.SaizMadrid

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.BallesterosEFE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.BallesterosEFE

Abogacía, notarios, registradores, jueces, procuradores y graduados sociales exponen cuáles deben ser las prioridades a la hora de plantear un cambio en el funcionamiento de la Administración de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, está decidido a profundizar en las reformas emprendidas en la pasada legislatura para modernizar la Administración de Justicia española. A diferencia de su predecesor, que puso en marcha varias iniciativas que pusieron en pie de guerra al sector, como ocurrió con las tasas judiciales, el actual titular de la cartera busca el consenso con el resto de actores del mercado legal para acometer un cambio de calado en el modelo actual.

EXPANSIÓN ha recogido las propuestas que los distintos agentes -abogacía, notarios, registradores, jueces, procuradores y graduados sociales- han puesto sobre la mesa para diseñar una hoja de ruta que permita lograr el acuerdo de todos los implicados en la reforma del sistema de Justicia en España.

Prácticamente todos coinciden en la necesidad imperiosa de aligerar la carga de asuntos que congestionan los tribunales y que inciden dramáticamente en las estadísticas de tiempo de espera hasta que llega la sentencia. Por eso, apuestan por fomentar de manera decisiva los mecanismos de resolución de conflictos extrajudiciales, como el arbitraje, la mediación o la conciliación, así como delegando nuevas competencias en algunos de estos colectivos. En las últimas reformas ya se ha dado algún paso en este sentido, como la Ley de Jurisdicción Voluntaria, aunque la mayoría coincide en que es necesario seguir avanzando por este camino.

Desde la Abogacía se reclama también abordar la Ley de Justicia Gratuita, tanto para aclarar su alcance como para poner fin a los problemas de pago (en tiempo e importe) que sufren los letrados adscritos a este servicio.

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)

La Abogacía presentó hace meses una propuesta de pacto de Estado que trata de conseguir que la Justicia sea menos lenta y más transparente. Esto exige una serie de reformas de orden procesal, consensuadas y no impuestas, que se adapten a la realidad y que no sean pequeños parches para solventar situaciones concretas, sino una reforma global y duradera. Además de las reformas generales, como una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que desarrolle un sistema de instrucción y enjuiciamiento moderno y adaptado a las exigencias jurídicas constitucionales e internacionales, es imprescindible la independencia del Consejo General del Poder Judicial, con un sistema de elección democrático y no partidista, en el que la designación de los vocales jueces y magistrados cuente con la participación de los jueces. También es clave la implantación efectiva e inmediata del expediente judicial electrónico. Pero, en el ámbito específico de la abogacía consideramos prioritarias ante todo dos reformas:

  • Una Ley de Justicia Gratuita que determine claramente la naturaleza y alcance de este servicio público; que establezca compensaciones dignas y que agilice el pago a los profesionales que ejercen en el turno de oficio.
  • Una Ley del Derecho de Defensa que asegure la plena igualdad de armas en el proceso y la vigencia efectiva del principio de contradicción. Asegurar la efectividad del derecho de defensa trasciende el interés de parte para convertirse en una exigencia estructural del proceso que sólo puede desempeñar la Abogacía. El Consejo General de la Abogacía va a promover la aprobación de una ley orgánica que proteja y desarrolle este derecho fundamental, y que garantice el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente, entre otros aspectos.

Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España

Entiendo que serían muchos los aspectos a contemplar para una reforma consensuada de la Justicia en España, aunque existirían dos fundamentales:

  • Agilizar la ejecución de sentencia, una situación que no puede demorarse más. La Justicia española tiene un buen nivel con respecto a los países de nuestro entorno y a los adelantados en general. Pero esto se refiere únicamente a la tramitación procesal hasta sentencia. En ejecución sacamos una muy mala nota, por lo que habría que abordarse esta cuestión, teniendo en cuenta que existen buenos modelos en el derecho comparado.
  • La segunda cuestión se refiere a la planta y demarcación judicial, que proviene del siglo XIX y habría de actualizarse con parámetros del siglo XXI.

Javier San Martín Rodríguez, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España

Una reforma de la Justicia española debería incluir los siguientes aspectos:

  • Mayor especialización de los jueces de lo social.
  • Un recurso de casación con un acceso más flexible en la contradicción de las sentencias.
  • Un recurso de suplicación en el que la falta de liquidez no sea un obstáculo para el recurrente.
  • Justicia gratuita en el orden laboral en la que los graduados sociales puedan ofrecer servicio al ciudadano.
  • El recurso de casación deberá ser firmado también por los graduados sociales.
  • Mejores instalaciones físicas de los juzgados de lo social.
  • Reducción de los tiempos en los juicios por despido.
  • Señalamiento de los juicios acordes con el objeto del pleito y no cada 10 minutos.

Gonzalo Aguilera, decano del Colegio de Registradores

Desde el punto de vista registral creemos que los aspectos más relevantes a considerar en una reforma consensuada de la Justicia en España deberían comprender los siguientes aspectos:

  • Mejorar la seguridad jurídica en el mercado hipotecario. La necesaria trasposición que debe hacerse de la directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial es una buena ocasión para llevar a cabo una serie de reformas que debe afectar no sólo al control de transparencia informativa precontractual, necesario pero no suficiente, sino también a leyes como el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria o la Ley General de Usuarios y Consumidores.
  • Incrementar el uso de las soluciones extrajudiciales de resolución de conflictos como el arbitraje, la mediación y la conciliación. Potenciar y favorecer su uso entre los interesados puede contribuir a conseguir una justicia más ágil, rápida y eficaz y, en definitiva, a lograr el principio constitucional de tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos.
  • Reforzar el papel del Registro Mercantil en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación ilegal a través de la inscripción de las acciones y participaciones sociales en él, como medio de conocer la titularidad real de las sociedades.
  • En muchos países europeos, como Italia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia, Luxemburgo, Austria, República Checa o Albania, la inscripción de la titularidad de las participaciones y acciones y de sus transmisiones es obligatoria.
  • Una ley sobre el registro de la propiedad mobiliaria y una nueva regulación de las garantías mobiliarias y su publicidad registral, con la finalidad positiva de ampliar el conocimiento público sobre un mayor número de operaciones o activos de los deudores.
  • Arrendamiento, urbanismo y situaciones de prehorizontalidad: la utilización de nuestro sistema registral para la protección de los derechos de los ciudadanos y de los intereses públicos aconseja llevar a cabo una serie de reformas en nuestra legislación.
  • Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en relación con los sistemas registrales tanto por los restantes operadores jurídicos como por los propios usuarios de los sistemas registrales. Aunque los sistemas tecnológicos de los registradores pueden considerarse ente los más avanzados de España, sería deseable fomentar su uso, permitiendo la realización de todos los trámites registrales sin necesidad de desplazamiento físico a las oficinas.

José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado

El objetivo fundamental es doble: reducir litigios y dotar de la máxima efectividad a los tribunales de Justicia. La reducción de la abrumadora carga de trabajo que pesa sobre los jueces ha traído consigo la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que confía en los notarios muchos de estos expedientes. En este sentido, sería muy conveniente procurar un reglamento, en el que ya se está trabajando, para potenciar la aplicación de la ley y unificar la práctica. En esta misma línea, resulta de la mayor importancia fomentar la mediación, conciliación y arbitraje como medios para la resolución alternativa de conflictos. Habría que estudiar la introducción de un incidente en el proceso que remitiera a las partes litigantes a una previa mediación. Asimismo, parece imprescindible reforzar la fe pública notarial, que no sólo ayuda a evitar conflictos, sino que facilita la resolución judicial de los sobrevenidos. Es también muy importante resaltar el papel de las actas notariales, pues, en la medida en que constituyen prueba de los hechos consignados en ellas, suelen desactivar bastantes pleitos. Es imprescindible rehabilitar el delito de falsedad ideológica, desaparecido del Código Penal, a fin de asegurar la veracidad de lo declarado ante el notario. Finalmente, sería muy útil que, en aras de la transparencia, se facilitara la intervención notarial en la fase preliminar de los contratos.

Mara Monreal, presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)

Hay muchos aspectos susceptibles de ser mejorados en cuanto a Justicia se refiere en nuestro país. Si hablamos desde el colectivo de la abogacía joven exclusivamente, lo primero sería el acceso a la profesión. Somos uno de los pilares básicos del estado de derecho y desde luego el sistema de acceso actual no cumple la función de filtro de calidad, por lo que al limitarse a ser un mero filtro económico o de tiempo, no tiene ningún valor y para ello es más útil quitarlo, pues lo único que crea es discriminaciones de acceso. Por otro lado, hablemos del trato fiscal de los servicios de Justicia. Son necesarios para los ciudadanos; de hecho, se encuentran regulados en la Constitución. Estos servicios tienen un tipo impositivo de IVA al 21% y entendemos que debería reducirse al previsto para los bienes de primera necesidad. Necesitamos una mayor persecución de aquellos que defraudan al sistema, y a sus propios compañeros, cuando utilizan a jóvenes en sus despachos haciéndoles ejercer bajo la figura de falsos autónomos y no utilizan los cauces legales oportunos. Invertir más medios y recursos en Justicia para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y no sufrir, entre otros problemas, las largas demoras y esperas en los pasillos de los juzgados. Pedimos tener un espacio en todas las sedes para atender a los usuarios de la Justicia cuando estamos en jornadas de asistencia a detenidos. También hay que mejorar el sistema actual de asistencia jurídica gratuita o turno de oficio. La abogacía necesita un mayor respaldo para ofrecer este servicio. Actualmente existe una carga de trabajo administrativo muy alta que en ocasiones repercute en la asistencia legal. Un aumento de las compensaciones asignadas para cubrir gastos (en muchas ocasiones ni siquiera se cubren) y ante todo que se amplíen los supuestos en los que se recibe la compensación, ya que algunas acciones ni siquiera están recogidas. Entendemos además que si había dinero para pagar el IVA del turno de oficio que querían imputarnos hace un mes, habrá para subir los presupuestos destinados a la justicia gratuita. Por otro lado, sería un gran paso el reconocimiento de los letrados y letradas como autoridades para tener una especial protección, ya que en algunas ocasiones nos tenemos que enfrentar a situaciones delicadas para nuestra propia integridad.

Raimundo Prado Bernabéu, portavoz nacional de la AJFV

Desde diciembre de 2015, las asociaciones judiciales estamos de acuerdo en una serie de medidas destinadas a fortalecer la independencia judicial y mejorar la Justicia. En relación al primer ámbito, es necesario que los doce vocales judiciales, sean elegidos por los jueces con el fin de evitar los problemas que arrastra el CGPJ. Sería conveniente lograr que este órgano tutele de manera efectiva a los jueces y a su independencia y se le atribuya una autonomía presupuestaria adecuada, así como reformar determinadas normas con el fin de potenciar la independencia judicial en sus diversas facetas. Respecto al segundo, estamos de acuerdo en la creación de los tribunales de instancia, en la necesaria coordinación de los medios de digitalización entre CCAA, en una mayor inversión, racionalizando prioridades, así como en una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, acompasada a los tiempos y donde se creen peritos adscritos a los tribunales.

Fuente: expansion.com

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