Cuentan con la segunda mayor base de datos de España que permite rastrear la constitución de sociedades fantasma y vigilar a los testaferros

Dinero incautado por la Policía Nacional en una operación contra el blanqueo de dinero. / EFE
Dinero incautado por la Policía Nacional en una operación contra el blanqueo de dinero. / EFE

LUCÍA PALACIOS Madrid

Curiosamente, una de las armas más potentes en la lucha contra el delincuente de ‘guante blanco’ no está en manos de la Policía, sino de los notarios. Y aunque en un principio pueda resultar algo insólito, tiene su razón de ser: nadie, excepto la Agencia Tributaria, cuenta con más volumen de información que este colectivo, pues ellos registran cada operación que realizan. Y por sus manos pasa casi todo, infinidad de transacciones (desde hipotecas o herencias hasta un complejo entramado de constitución de sociedades), algunas de las cuales… puede terminar en un juzgado.

De esta manera, los notarios españoles se han convertido en aliados imprescindibles del Estado en su lucha contra el blanqueo de capitales y fraude fiscal. Y lo hacen a través del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales, que depende del Consejo General del Notariado pero que tiene una total y absoluta autonomía.

Creado por orden ministerial en 2005, cuenta con dos potentes herramientas informáticas (el Índice Único Informatizado y la Base de Datos de Titular Real) para identificar a los auténticos propietarios de las empresas y rastrear la constitución de sociedades fantasma y testaferros, en ocasiones siguiendo casi en tiempo real las operaciones de lavado de dinero.

El sistema tiene una serie de alertas que saltan cuando se registra alguna operación sospechosa

Y esto es posible gracias a que desde 2004 los cerca de 2.800 notarios graban de forma estructurada los detalles de cada escritura que firman,más de 390 tipos de actos o negocios jurídicos codificados: poderes, préstamos hipotecarios, compraventas de inmuebles, constitución de sociedades… Unos datos que vuelcan cada 15 días a un servidor encriptado y confidencial: el Índice Único Informatizado, que, con más de 110 millones de documentos notariales y casi 39 millones de personas físicas y jurídicas registradas, es la segunda base de datos más voluminosa del sector público tras el registro de la Agencia Tributaria, y el pilar de los servicios de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y fraude fiscal del colectivo notarial.

Para aprovechar toda esta valiosa documentación, en el año 2012 el notariado decidió abrir un segundo registro informático: la Base de Datos de Titular Real (BDTR), que permite conocer de forma casi instantánea -en apenas tres minutos de media- quién es el dueño efectivo de una empresa.

La información está organizada de tal manera que es posible rastrear el mapa real de la titularidad empresarial, aunque esta titularidad se realice a través de sociedades interpuestas. Y, además, hacerlo en una doble dirección: de las sociedades a la propiedad real y de un determinado titular a las sociedades que controla realmente. E incluso contiene información de las sociedades extranjeras que ejercen actividad económica en España. Y solo queda recogido aquí. En estos momentos pueden acreditar la identidad real de los dueños de más de 2,2 millones de entidades jurídicas, la mayor parte de sociedades limitadas (casi 1,7 millones).

Más de 2.700 operaciones analizadas cada año

Desde la creación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales, el Consejo General del Notariado comunica centenares de operaciones de riesgo al Sepblac, la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero negro. Se analizan más de 2.700 operaciones cada año, de las que un 20% se envía a esta unidad.

A su vez, responden a todas las peticiones solicitadas por los órganos judiciales, administrativos y policiales nacionales que persiguen estos delitos. Hasta mayo de 2017, se ha facilitado información a las autoridades competentes –tanto nacionales como internacionales– en 105.347 ocasiones y a otras administraciones –como la Agencia Tributaria– en más de 100.000. El director del organismo, Pedro Galindo, recalca el carácter estrictamente confidencial del sistema, que solo se usa exclusivamente cuando existen indicios de delito. «Sólo un pequeño número de personas autorizadas puede solicitar información de base de datos notarial, a través de un encriptado de última generación y con firma electrónica. Y jamás se ha filtrado un solo dato», precisa.

Esta forma de operar le ha valido elogios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que destacó la importancia y singularidad de la Base de Datos de Titular Real –única en el mundo– y abogó porque otros países tomen nota y la pongan en marcha.

Sin embargo, se pierde la pista del titular real de estas sociedades cuando comienzan a crear entramados de empresas radicadas en otros países. «El delincuente siempre trata de ingeniárselas de mil maneras para tratar de no ser descubierto. Por eso, normalmente siempre buscan trocear sus operaciones y llevarlas a cabo ante distintos notarios, para no ser pillados», explica Pedro Galindo, director del OCP, que precisa que «las mejores operaciones de blanqueo siempre son impolutas tanto a nivel notarial como en lo que respecta al derecho mercantil».

Incoherencias económicas

Y es que una operación de blanqueo puede empezar por algo inocuo como es un poder para terminar por un complejo entramado de sociedades pantalla que lo que buscan es que las autoridades no las descubran. Y muchas veces así es hasta que las sospechas de los notarios, que se basan en las «incoherencias económicas», consiguen destapar este fraude.

De esta manera, las notarías no solo graban los datos, sino que a su vez informan de las operaciones extrañas. Hay una serie de indicadores que hacen saltar la alarma, por ejemplo, si a la firma acude un joven de 18 años que aparca su Ferrari a la puerta. «Programamos esquemas de blanqueo que funcionan y los adaptamos al mundo notarial», advierte Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis de OCP, que admite que cuentan además con una lista de testaferros y otra en la que figuran más de 10.000 personas políticamente expuestas (PEP). A su vez, la Policía o Fiscalía puede solicitar poner en alerta a una persona en concreto durante los próximos meses. Esta plena colaboración es parte de su éxito.

Fuente: diariosur.es

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