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Se trata del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, del que resulta la atribución a los Registradores Mercantiles del Registro Civil (más aquí).
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Cada vez más el ciudadano de a pie percibe la importancia de las formas, también en materia legislativa. No es lo mismo, no se tramita exactamente igual, el proyecto de ley a que alude el art. 151.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados («se tramitará… por el procedimiento de urgencia, sin que sean admisibles las enmiendas de totalidad de devolución…»), que un simple proyecto de ley (art. 109 ss del Reglamento del Congreso de los Diputados).
Obviamente, la tramitación de un proyecto de ley del Gobierno no es la misma que la de una proposición de Ley (art. 124 ss del Reglamento del Congreso de los Diputados).
En ocasiones, no siempre, las Comisiones tienen competencia legislativa plena (art. 148 del Reglamento del Congreso de los Diputados)..
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Art. 151 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
1. El debate y votación sobre la convalidación o derogación de un Real Decreto-ley se realizará en el Pleno de la Cámara o de la Diputación Permanente, antes de transcurrir los treinta días siguientes a su promulgación, de conformidad con lo establecido en el artículo 86. 2, de la Constitución. En todo caso la inserción en el orden del día de un Decreto-ley, para su debate y votación, podrá hacerse tan pronto como hubiere sido objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» .
2. Un miembro del Gobierno expondrá ante la Cámara las razones que han obligado a su promulgación y el debate subsiguiente se realizará conforme a lo establecido para los de totalidad.
3. Concluido el debate, se procederá a la votación, en la que los votos afirmativos se entenderán favorables a la convalidación y los negativos favorables a la derogación.
4. Convalidado un Real Decreto-ley, el Presidente preguntará si algún Grupo Parlamentario desea que se trámite como proyecto de ley. En caso afirmativo, la solicitud será sometida a decisión de la Cámara. Si ésta se pronunciase a favor, se tramitará como provecto de ley por el procedimiento de urgencia, sin que sean admisibles las enmiendas de totalidad de devolución.
5. La Diputación Permanente podrá en su caso tramitar como proyectos de ley por el Procedimiento de urgencia los Decretos-leyes que el Gobierno dicte durante los períodos entre legislaturas.
6. El acuerdo de convalidación o derogación de un Real Decreto-ley se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
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Por lo demás, como el artículo que sigue evidencia, son varias las argucias procedimentales que pueden servir a alargar o acortar el plazo de tramitación de determinada norma, y también -qué duda cabe- las posibilidades de su debate en la cámara (léase, de su repercusión mediática).
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16 de Julio de 2014
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El Congreso baraja aprobar el próximo 27 de agosto para su remisión al Senado el ‘macrodecreto’ de medidas económicas que modifica 26 leyes de nueve ministerios diferentes, según han confirmado fuentes parlamentarias.
Aunque las fechas definitivas deberá fijarlas la Comisión de Economía y Competitividad, dado que este proyecto procede de un decreto ley que ya fue convalidado por el Pleno del Congreso el pasado jueves, toda su tramitación se realizará por el trámite de urgencia, que reduce los plazos a la mitad.
De este modo, en la Cámara Baja se trabaja con un calendario que pasaría por un primer plazo de enmiendas de ocho días más las dos ampliaciones que son habituales con que lo pida un único grupo.
Ponencia y aprobación
«Luego, si el PP escuchando a otros grupos quiere volver a ampliar plazos, puede hacerlo», ha señalado la vicepresidenta de la Cámara, Celia Villalobos, en declaraciones a los medios. Con estas previsiones, la presentación de enmiendas parciales se cerraría hacia mediados del mes que viene.
Posteriormente, tendría que reunirse la ponencia para estudiar esas enmiendas e incorporar directamente al texto las que crea conveniente para que el resto sean debatidas en la comisión parlamentaria que, al gozar de competencia legislativa plena, puede votar la norma y enviarla directamente al Senado.
El texto sólo volverá al Congreso si la Cámara Alta incluye algún cambio, y en ese caso los diputados debatirían en Pleno únicamente las enmiendas presentadas por los senadores.
No habrá comparecencias
Este ajustado calendario, que además tiene lugar en periodo extraordinario, impedirá previsiblemente que se puedan celebrar las comparecencias que había solicitado el PSOE, que pretendía que los ocho ministros afectados por los cambios del proyecto de ley dieran cuenta detallada de los mismos en sus respectivas comisiones.
En concreto, se trataría de las intervenciones de los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; Defensa, Pedro Morenés; Hacienda, Cristóbal Montoro; Fomento, Ana Pastor; Cultura y Educación, José Ignacio Wert; Empleo, Fátima Báñez; Industria y Energía, José Manuel Soria; y Economía, Luis de Guindos.
Para intentar superar este obstáculo, los socialistas han registrado este mismo martes una petición de convocatoria de diputación permanente -el órgano que sustituye al Pleno durante los periodos no hábiles- para que apruebe la celebración cuanto antes de sesiones extraordinarias de las respectivas comisiones parlamentarias.
Lo que ya ha quedado rechazado de forma definitiva es la pretensión de los socialistas de que, al menos, las diferentes comisiones afectadas presenten un informe sobre los cambios de sus departamentos respectos.
«Esto cercenaría la independencia y participación de los grupos», ha advertido la ‘popular’ Villalobos, que recuerda que este tipo de informes son votados por lo que la mayoría absoluta del PP «cercenaría la posición del resto de grupos en materias con las que no están de acuerdo de este decreto».
El argumento contrario ha esgrimido el vicepresidente segundo del Congreso, el socialista Javier Barrero, para quien la negativa del PP a aceptar las demandas del PSOE demuestra que el grupo mayoritario y el Gobierno «no entienden los principios fundamentales de la democracia» y pretenden «ahogar la voz del pueblo» representada en el Congreso y llevar «la democracia a la marginalidad».
Debate en la Comisión de Economía
Además, la Mesa del Congreso ha rechazado también otra reivindicación del principal partido de la oposición: que el macrodecreto se estudiara en la Comisión Constitucional, al ser éste el órgano más transversal, y que informara al resto de comisiones parlamentarias concernidas.
«En la Comisión Constitucional se debaten cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los españoles, a los estatutos de autonomía o a las modificaciones de la Constitución, pero en ningún caso cuestiones exclusivamente económicas», ha defendido la vicepresidenta de la Cámara.
En cualquier caso, Villalobos ha asegurado que toda la tramitación se realizará «con enorme generosidad» y «garantizando la transparencia, la participación y la defensa de las posiciones de cada grupo» ya que se permitirá la intervención de «tantos portavoces como sea necesario en función de las enmiendas presentadas» y de los diferentes temas.
Así las cosas, el PP ha impuesto su mayoría absoluta en la Mesa también en este asunto, por lo que el debate tendrá lugar en la Comisión de Economía que preside el ‘popular’ Santiago Lanzuela, dado que la mayor parte de las modificaciones tiene carácter económico, algo que ya había avanzado la semana pasada el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.
Decreto ómnibus
El macrodecreto de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia incluye temas tan relevantes como la privatización de Aena, la puesta en marcha de la Garantía Juvenil, los incentivos fiscales para los autónomos, la gestión de los Puertos, la privatización del Registro Civil, el uso de drones, la tasa sobre depósitos financieros, las nuevas comisiones por el uso de tarjeta en los comercios o la liberalización del sector del butano.
Este popurrí normativo indignó a los partidos de la oposición, que durante el debate de convalidación del decreto expresaron sus quejas al Gobierno por la imposibilidad de abordar uno a uno todos los aspectos del que llamaron ‘decreto ómnibus’. De hecho, varias formaciones, entre ellas el PNV y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), optaron por no participar en la votación y hasta Unión del Pueblo Navarro (UPN), socio natural de los ‘populares’, optó por la abstención.
En estas circunstancias, el Gobierno aceptó tramitar el texto como proyecto de ley para incorporar las mejoras que la oposición estime necesarias, si bien este trámite tendrá lugar finalmente en pleno verano y en sesiones extraordinarias de la Comisión de Economía. El PSOE presentará incluso un recurso de inconstitucionalidad al que otras formaciones han anunciado que se sumarán.
Fuente: legaltoday.com
