Tanto él como su mujer también son investigados por alzamiento de bienes
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EFE | ALICANTE
La Guardia Civil investiga a un vecino de l’Alfàs del Pi de 64 años por un posible delito de falsedad documental, con el objeto de facilitar la venta sin cargas de una propiedad valorada en 30 millones de euros.
Además, el hombre, de origen español, y su esposa, una española de 35 años, están siendo investigados por un posible delito de insolvencia punible (alzamiento de bienes), ha informado el Cuerpo Armado en un comunicado.
Según la Guardia Civil, habían realizado supuestamente actos de disposición patrimonial y de descapitalización de una mercantil y de su propio patrimonio, con el aparente propósito de dificultar e impedir distintos embargos y procedimientos ejecutivos de apremio, iniciados por la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, por una cuantía total de unos 300.000 euros.
Además, según los investigadores, también tenía el propósito de vender una propiedad, por valor de 30 millones de euros, para lo cual y, por medio de una supuesta falsificación, anuló la anotación de demolición parcial que le figuraba en el Registro de la Propiedad.
Los investigados, a fin de evitar dichos embargos, utilizaban una sociedad instrumental que, a pesar de carecer de actividad alguna, era capaz de comprar las propiedades en cuestión, valoradas en más de 4 millones de euros.
Los agentes han podido comprobar y demostrar, que la sociedad pantalla utilizada, que fundó el propio investigado, es administrada en el momento en que tienen lugar las compraventas de estas propiedades, por un ciudadano de origen búlgaro, que en realidad es su jardinero.
Uno de los investigados llegó incluso a realizar manifestaciones en escritura notarial contrarias a lo dictado en sentencia judicial, valiéndose de ello mediante un certificado del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, que corresponde a otra infracción, para confeccionar un protocolo notarial de solicitud de cancelación de infracción urbanística.
Una vez confeccionada el acta notarial, el investigado se personó en el Registro de la Propiedad y canceló la anotación de infracción urbanística existente en el mismo, valiéndose de este documento falsificado.
Así, fue inscrita por decreto del Ayuntamiento e iniciada por la construcción sin licencia de una vivienda unifamiliar aislada en una parcela de Suelo No Urbanizable de especial protección (Parque Natural de Sierra Helada).
De la investigación realizada y, teniendo en cuenta que el expediente de disciplina urbanística se encuentra vigente y pendiente de restauración de la legalidad con orden de demolición, se ha podido obtener que la finalidad de cancelar la anotación de infracción urbanística era la de vender dicha vivienda sin carga alguna, estando actualmente a la venta en diferentes páginas web de compraventa de viviendas, por un valor de 30 millones de euros.
Las numerosas diligencias policiales de esta extensa investigación por un supuesto delito de falsedad documental y otro de insolvencia punible ya han sido entregadas en el Juzgado de Benidorm.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Alicante.
Fuente: lasprovincias.es
