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«Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos» (art. 3.3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario):
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- Sin perjuicio de que pueda discutirse hasta donde alcanza su importancia, es indudable que el Catastro ha ganado terreno. Y presumiblemente, lo seguirá ganando. Basta a tal fin hojear el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria y del texto de la Ley del Castastro.
«… la finalidad de esta ley es conseguir la deseable e inaplazable coordinación Catastro-Registro, con los elementos tecnológicos hoy disponibles, a través de un fluido intercambio seguro de datos entre ambas instituciones, potenciando la interoperabilidad entre ellas y dotando al procedimiento de un marco normativo adecuado, y así, de un mayor grado de acierto en la representación gráfica de los inmuebles, incrementando la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y simplificando la tramitación administrativa…» (EM de dicho Anteproyecto)
Cuestión distinta es si propiamente lo deseable sería la coordinación proyectada o directamente la unificación de bases en materia de datos de la finca -stricto sensu-, lo que derivaría la disociación Catastro-Registro hacia el campo de lo competencial, acaso lo que los tiempos y la tecnología disponible reclaman. A este asunto dedicamos en su día nuestra atención (más aquí).
- Como repetidamente venimos insistiendo (más aquí), se recomienda al Notario extremar la prudencia en este ámbito.
El fiscal dice que el presunto cerebro de la trama, que se enfrenta a 6 años de prisión, se puso hasta 6 fincas a su nombre con la connivencia de personal de las dependencias para intentar venderlas a terceras personas que ignoraban el fraude
José Antonio Martínez | 04.09.2014
La Audiencia Provincial de Alicante juzgará la próxima semana si hubo funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro implicados en una presunta estafa por la venta de unas parcelas en Xàbia. La Fiscalía implica en la trama a un funcionario, pero las acusaciones particulares sostienen que hay otros trabajadores también implicados en la supuesta trama.
Los hechos se remontan al año 2000 cuando el presunto cerebro de la estafa empezó a ponerse a su nombre varias parcelas en Xàbia, logrando que se modificara la situación catastral de las fincas y que luego se vendieran a otras personas ajenas a la trama. Este procesado llegó a presentar ante el notario a varios testigos que aseguraban que las parcelas eran del acusado desde hacía varios años. Los hechos se descubrieron cuando fueron denunciados por los legítimos propietarios de esos terrenos. Asimismo, un notario se negó a levantar un acta de notoriedad en otra supuesta apropiación de parcelas al desconfiar porque creía conocer personalmente a los auténticos propietarios de las fincas.
El juicio estuvo señalado en noviembre del año pasado, pero tuvo que suspenderse por la enfermedad de uno de los acusados. La Audiencia volverá a intentar sentar en el banquillo la próxima semana a los implicados. El presunto cerebro de la trama se enfrenta a una pena de seis años de prisión por los delitos de estafa y falsedad documental. Por su parte, el fiscal pide para el funcionario del catastro imputado la pena de cinco años de prisión por falsedad en documento público, así como su inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo en la actividad pública durante el mismo periodo. Para los dos testigos que supuestamente mintieron ante el notario sobre la propiedad de estas parcelas se piden otros siete meses de cárcel para cada uno al considerarles cómplices de la estafa. En los hechos hubo un quinto implicado, también considerado como otro de los cabecillas, que no podrá ser juzgado por haber fallecido.
El fiscal considera que los dos supuestos cerebros de la trama modificaron en julio del año 2000 connivencia con funcionarios del Catastro la situación catastral de tres fincas en la Urbanización Trencall de Xàbia, de modo que el principal acusado aparecía como su propietario. En esta operación, los funcionarios del catastro no han podido ser identificados para la Fiscalía. Las parcelas fueron vendidas el 17 de noviembre por otra empresa ajena a los hechos, que las vendió a otro particular por 36.060 euros y que tuvo que desembolsar otros 132.250 euros en reformas. Los propietarios reales de ese suelo demandaron a los compradores. Posteriormente, en diciembre de ese año, los acusados se pusieron a su nombre otras tres parcelas más en la Urbanización Balcón de Xàbia en colaboración con el funcionario imputado. Esta operación no se llegó a consumar por las sospechas del notario.
