PINO ALBEROLA Son una víctima más de la larga lista de damnificados por la crisis económica. El volumen de facturación de los notarios ha caído en la provincia en torno al 65% desde 2007, según datos aportados por el vicedecano del Colegio de Notarios en Alicante, Delfín Martínez. Y es que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha impactado de lleno en estos profesionales sobre los que giran «muchas ideas erróneas», señala Martínez. La muestra más evidente de que la notaría no atraviesa sus mejores momentos es que actualmente, en la provincia de Alicante, «hay 15 vacantes por cubrir de notarios que se han trasladado o se han jubilado y nadie las solicita». Hace un lustro, añade Martínez, «era impensable que en una zona turística como Alicante hubieran plazas vacantes». En la provincia desarrollan su actividad 146 notarios, frente a los 186 de Valencia y 50 de Castellón. Benidorm, Callosa de Segura, Dolores, Elda, Guardamar, Santa Pola o Torrevieja son algunas de las localidades alicantinas en las que hay vacantes. Cada año y medio o dos años, el Ministerio de Justicia convoca oposiciones para obtener el título de notario. Este año, señala Martínez, «el examen será en Valencia y hay cien plazas para toda España».
El descenso en la actividad en los despachos también se ha traducido en una reducción en las plantillas que ronda el 7%. «Estamos intentando mantener el tipo, pero es inevitable que haya un recorte en el personal, sobre todo en contratos iniciales que no se han renovado, jubilaciones…». El responsable del Colegio de Notarios señala que algunos despachos «han llegado a tener en sus buenos tiempos 16 trabajadores, una plantilla impensable en estos momentos». Y es que la compraventa de inmuebles era la principal fuente de ingresos para estos profesionales. «Lejos de lo que la gente piensa, el resto de documentos apenas nos deja margen». Delfín Martínez pone como ejemplo los testamentos: «al cliente le cuesta unos 45 euros de los que nosotros tenemos que pagar las tasas, el papel, el personal….». Lo mismo ocurre con los poderes, «que cuestan unos 29 euros». Por otro lado, recuerda que «los notarios somos funcionarios que no costamos un euro a la Administración, pero que pagamos nuestros impuestos, somos autónomos, contratamos personal y montamos las infraestructuras».
Pero, en su opinión, el mayor problema por el que atraviesa la profesión, «es el hecho de que estamos muy desaprovechados, no se puede focalizar el grueso de nuestro trabajo en la compra venta».
En este sentido, estos profesionales piden que se les tenga en cuenta para asumir una serie de trámites «con los que se restaría una enorme presión a los juzgados». Por ejemplo, «podríamos intervenir en los casos de divorcios sin hijos, en los que haya que hacer una separación de bienes, ya que estamos acostumbrados a mediar entre las personas». También proponen tramitar las herencias «cuando no existen herederos ascendentes, descendentes o cónyuges, casos que suelen ser asumidos por el juzgado».
Martínez cree que serían tareas «que no cuestan nada a la Administración y contribuirían a desatascar los juzgados». Todo con el objetivo «de no incidir en los aspectos negativos de la crisis, sino en buscar soluciones para salir de esta y ser útiles a la sociedad, porque si no nuestro trabajo carece de sentido».

Fuente: DIARIOINFORMACION.COM

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