La ley de la segunda oportunidad solo rescata a insolventes que tienen dinero

Pagar a notario, abogado y mediador para exonerar deudas cuesta más de 10.000 euros

10/06/2018

Marcos es un emprendedor de Vigo que solicitó financiación para montar una franquicia de moda. Los bancos se la concedieron, pero el negocio no fue bien. El autónomo acudió a un despacho de abogados, con una deuda de 500.000 euros con varias entidades financieras, para poder exonerarla acogiéndose a la ley de segunda oportunidad.

«Lo importante en mi caso es que no tenía deudas con la Seguridad Social ni con Hacienda», cuenta a La Voz. «Conseguí llegar a un acuerdo gracias a esta circunstancia y firmar la exoneración», explica aliviado.

Para volver a ser un emprendedor sin cargas económicas Marcosha tenido que hacer frente a costes de abogados, notarios y mediadores que no están al alcance de cualquiera, especialmente si existe una situación de quiebra. En su caso, la factura superó los 10.000 euros, que según fuentes jurídicas consultadas, es una suma «habitual», en procesos de este tipo. Marcos lo detalla así: «El mediador cobró 1.800 euros; el procurador, 400; la escritura ante notario me costó 500; y luego están los honorarios de los abogados, que en mi caso fueron de casi 7.000 euros».

 

El emprendedor vigués contó con el apoyo económico de su familia para afrontar estos pagos, pero su caso no es el habitual. 

Justicia gratuita

«Cabe el recurso a la Justicia gratuita, para iniciar el mecanismo, con abogado y procurador de oficio; y también notario, si lo acredita convenientemente, aunque es una vía poco recurrida», explican desde el despacho coruñés Caruncho, Tomé y Judel Abogados.

Reconocen que es un proceso caro para los afectados, por eso acostumbran a hablar claro a las personas que acuden al despacho. «Este es un procedimiento que puede realizarse para exonerar cualquier cuantía, pero desde nuestra experiencia recomendamos hacerlo para deudas superiores a 50.000 euros. Por sumas inferiores no compensa. Y los afectados han de saber que al que sale de un concurso de acreedores no le dan financiación en ningún banco», aseguran los expertos.

 

Desde junio del 2016 hasta ahora, los juzgados gallegos han dado entrada a 268 expedientes presentados por personas físicas o jurídicas que acuden a la ley de segunda oportunidad para lograr librarse de sus deudas (aprobada en el 2015 por el Gobierno, mediante real decreto el 2 de febrero). Entre los casos en curso hay sobre todo autónomos, pero también familias y particulares en general que aspiran a afrontar una nueva vida personal y profesional libre de cargas.

«Se trata de un mecanismo a través del cual se puede obtener un perdón de las deudas derivadas de su actividad profesional. Sin embargo, para poder beneficiarse de esta medida, el deudor ha tenido que actuar de buena fe, es decir, no se le ha podido nombrar culpable en el concurso de acreedores», explica Alberto Rocha, socio director de Alberto Rocha Asesores Económicos y Jurídicos y de la sociedad Proactive & Proasa. 

 

Créditos públicos, sin perdón

Aunque en teoría los autónomos pueden acogerse a esta normativa para resolver su situación y poder rehacer sus vidas, el experto opina que esta ley tiene mucho margen de mejora. «Sería fundamental que se incluyesen como exonerables los créditos públicos. Muchos autónomos están teniendo problemas para acogerse porque lo más habitual es que hayan contraído deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, y esas no se exoneran», explica el experto.

El elevado coste que supone recurrir a la ley de segunda oportunidad y la complejidad de esta hacen que buena parte de los expedientes que se empiezan a tramitar no sigan adelante. «Llega un momento en que los requisitos y la burocracia pueden con las personas, y acaban tirando la toalla», dicen desde la Asociación de Emprendedores y Empresarios de Galicia (Ascega), que asesora a muchos afectados.

Fuente: lavozdegalicia.es

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