El anteproyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario obliga a entidades financieras y prestamistas a que informen al solicitante del préstamo sobre determinadas cláusulas de estos contratos, los escenarios posibles a que se enfrenta en el caso de las hipotecas a tipos de interés variable, así como de los gastos asociados, al tiempo que refuerza el control de notarios y registradores sobre los contratos.

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