Apostillas de la Associació de Juristes Valencians a las declaraciones del decano del Colegio Notarial
La Revista Plaza de este mes de febrero incluye una entrevista con el decano de los Notarios valencianos, titulada del siguiente modo: «Hay luchas más urgentes que el derecho civil valenciano». Y en efecto, así se pronunció Francisco Cantos cuando fue preguntado por esta cuestión, concretando «en ámbitos como la sanidad o la educación». Se le olvidó añadir el cambio climático, el hambre en el mundo, las guerras, los refugiados y un amplio elenco de cuestiones, sin duda más importantes. En este punto pareció no percibir el decano que la periodista le preguntaba por temas ligados al Derecho o a la justicia, y prefirió juntar churras con merinas comparando cosas que son, en sí, incomparables: un ejercicio de demagogia estremecedor, al fin.
Como juristas, sin embargo, nos quedamos con ganas de saber cuáles son sus propuestas en materia de sanidad y de educación; aunque quizá resulta que no nos hemos enterado. Tampoco alcanzamos a entender en qué medida el Derecho Civil Valenciano distrae medios económicos o recursos organizativos de esas áreas, en verdad, tan importantes.
También afirmó el Sr. decano que ahora no tenemos competencias en materia de derecho civil; pero habría que matizar: se ha vaciado de contenido la competencia reconocida en nuestro Estatuto, sin declarar su inconstitucionalidad. Añadía asimismo que «el Derecho civil por territorios no es necesario, a la gente le hace la vida más complicada, porque hoy en día no hay ninguna diferencia entre los regímenes que pueda tener un noruego o un valenciano». La mención al noruego tiene su gracia puesta en boca del Sr. Cantos, porque en Noruega no hay notarios (no pertenece a la Unión Internacional del Notariado Latino). En cuanto a que su régimen sea el mismo, eso no es verdad: por ejemplo, el noruego puede otorgar testamento mancomunado, como podría hacer el valenciano si se recuperara nuestro Derecho Civil y ahora le está prohibido (no así a otros ciudadanos españoles, que sí pueden hacerlo); el viudo noruego tiene derechos especiales que el código civil niega a los españoles, pero que sí estaban en la ley valenciana de régimen económico matrimonial ahora anulada (la germanía); mientras que el régimen económico del matrimonio es el de separación de bienes (el propio de las sociedades avanzadas), no el de gananciales.
En cuanto a la complicación que la pluralidad de legislación civil implica en la vida de la gente, citaremos como argumento de autoridad al propio Sr. Cantos y su comentada entrevista: en Cataluña, los copropietarios en régimen de propiedad horizontal, si desconfían de la fidelidad de las actas, pueden solicitar la intervención de notario para levantarlas; donde se aplica la legislación del Estado, no, salvo unanimidad de todos ellos.
Parece, por tanto, que es más problemático para los ciudadanos no poder hacer lo que quieren y es lícito porque una ley –en algunos casos centenaria– se lo prohíbe, que la existencia de normas plurales o concurrentes. ¿Ha reaccionado el notariado valenciano, o el de alguna parte del territorio español, contra la legislación urbanística autonómica y la intervención notarial prevista en ella?
El Sr. Cantos estudió la carrera de Derecho y preparó las oposiciones a Notaría en Barcelona, donde rige un derecho distinto al del código civil y que tuvo que aprender. No parece que ello perjudicara su promoción profesional, ni le hemos leído una sola crítica al derecho civil catalán. ¿Por qué, pues, esa inquina, ese desprecio al derecho valenciano?
