La disparidad en las leyes autonómicas sobre parejas de hecho, sumada a una «regulación estatal insuficiente», está generando una «preocupante inseguridad legal», con dudas incluso sobre su constitucionalidad en algunas comunidades autónomas. Esto fue señalado por expertos en el Foro Fundación Notariado Temas celebrado recientemente.
Los participantes coincidieron en que se necesita un cambio legislativo. Para la mayoría, la solución radica en una ley estatal, aunque algunos dudan de que ciertas comunidades autónomas acepten una ley nacional que podría afectar sus competencias.
En el debate participaron Mar Galán, del área jurídica de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de Madrid (ACUREMA); Silvia Oñate, presidenta de la Asociación Vida (Viudas de parejas de hecho); María Pérez Galván, vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA); Rafael Verdera, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y Vicente Martorell, notario y moderador del evento.
José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, destacó la diversidad legislativa que acompaña a la realidad de las parejas de hecho, con catorce normativas autonómicas en vigor. «Las leyes surgen con el tiempo, aunque suelen llegar tarde; esto es algo que los notarios percibimos y se refleja en nuestros protocolos. No hay nada más humano ni importante que una relación de pareja; es una realidad que no puede ignorarse. Las leyes son bienvenidas, sin perjuicio de la necesidad de armonización», declaró.
Rafael Verdera afirmó que «un análisis objetivo de la regulación autonómica de las uniones de hecho plantea serias dudas sobre su constitucionalidad», señalando tres cuestiones fundamentales. «Existen catorce normativas distintas que, principalmente en el ámbito privado de las parejas de hecho, también abordan cuestiones civiles. Seis de esas comunidades carecen de competencias en esta materia, como ha establecido el Tribunal Constitucional en casos como las leyes valenciana y madrileña».
Además, Verdera señaló que casi todas estas leyes delimitan su alcance de aplicación mediante criterios diferentes como la residencia civil, el empadronamiento o la residencia habitual, «lo que significa que los criterios varían según cada una de estas leyes. Esto podría resultar en tres leyes que regulen la misma situación, en un ámbito que debería ser exclusivo del Estado».
El experto también mencionó la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional 93/2013, relacionada con la ley navarra, donde se establece que solo se considera pareja de hecho a quien haya manifestado voluntariamente su condición a través de un registro o documento público, excluyendo a quienes no hayan expresado esa voluntad, incluso si han convivido o tienen hijos en común.
Mar Galán reconoció que ACUREMA no recibe muchas consultas sobre parejas de hecho debido al desconocimiento de que organizaciones de consumidores, abogados y notarios pueden brindar asesoramiento sobre el tema. «Hace falta mucha educación legal; muchas parejas desconocen los pasos a seguir en caso de ruptura y qué hacer con los bienes».
María Pérez Galván resaltó la necesidad de una mayor seguridad legal: «Lo que vemos en los despachos es una gran inseguridad legal. Recomiendo a mis clientes tener un notario de familia además de un abogado para acordar pactos. Cuando surgen problemas en las parejas, se entra en un limbo legal diferente para cada caso. Por mi experiencia, puedo decir que las parejas de hecho tienen todas las obligaciones del matrimonio, pero ninguno de sus derechos. Es un agravio legal y procedimental doloroso».
Desde su experiencia personal y profesional, Silvia Oñate, presidenta de la Asociación Vida, que agrupa a 1.800 mujeres viudas y madres de hijos huérfanos, recordó el origen de su asociación: «Al fallecer nuestras parejas, nuestros hijos se convierten en huérfanos de segunda categoría. En cuatro años, gracias a nuestro activismo, logramos igualar las pensiones de las viudas de parejas de hecho con las de los matrimonios, sin limitación de ingresos para el sobreviviente».
Sin embargo, Oñate señaló que el camino aún no está completo: «Nuestra pensión de viudedad no es compatible con la jubilación ni con la incapacidad permanente, como sí sucede en los matrimonios, incluso si no alcanzamos el tope máximo de la pensión de jubilación. Todavía existen letras pequeñas y complicadas que no se ajustan a la ley y nos colocan en una situación de inseguridad y discriminación arbitraria y desproporcionada».
Vicente Martorell compartió algunas consultas comunes que las parejas de hecho realizan en las notarías: «Hay casos de todo tipo, aunque lo más frecuente es que me consulten sobre su régimen económico en caso de viudez, derechos sucesorios, obligaciones fiscales… hay muchas dudas».
El notario resaltó la eficacia de la escritura pública: «Este documento permite demostrar la existencia de la pareja de hecho, homologando su validez y permitiendo acordar prácticamente lo que se desee, dentro de las limitaciones hereditarias propias de cada régimen autonómico. También es aconsejable hacer testamento. Por ejemplo, al hacer testamento se puede especificar el beneficiario de un seguro de vida. También es útil para resolver posibles conflictos hereditarios transfronterizos».
