22/03/2021
La crisis abierta por la pandemia del Covid-19 está dejando en el reguero decenas de miles de empresas españolas que se quedan sin actividad. Como es habitual que la disolución efectiva de estas compañías se dilate ampliamente en el tiempo, y a veces no llegue a ejecutarse si quiera, y dado el riesgo de que comporta el uso fraudulento de estas empresas fantasma para operaciones ilegales, el fisco ha decidido tomar cartas en el asunto. La Agencia Tributaria ha solicitado su colaboración a notarios y registradores para acelerar el cribado de empresas vivas y prevenir así que el ingente cementerio empresarial sirva para ocultar entramados societarios, actividades no declaradas, fraudes u operaciones de blanqueo de capitales, entre otros potenciales delitos.
“En el ámbito de la prevención uno de los problemas a los que estamos haciendo frente es el de las sociedades inactivas que no se dan de baja. Los organismos internacionales ponen de manifiesto que esto es un altísimo riesgo para las administraciones tributarias porque se pueden utilizar fraudulentamente”, explicó el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, aclarando que estos potenciales actos ilícitos no solo se dan entre “los propios interesados, que simplemente han dejado morir la sociedad, sino por cualquier que sepa que esa sociedad está inactiva y la pueda reactivar a saber con qué fines”. “Hay que hacer campañas para depurar el censo de sociedades inactivas, se está utilizando como instrumento jurídico para hacerlo la revocación del NIF, vamos a avanzar también en el cierre registral, y en definitiva, estamos hablando con notarios y registradores para que todo sea una realidad”, avanzó.
La estrategia aparece apuntada en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021, en el que subraya que “la OCDE, considera que estas personas jurídicas inactivas resultan potencialmente ocultadoras de la verdadera titularidad de bienes y derechos en España”. No es la primera criba que el fisco impulsa, pero, dada la coyuntura, en esta ocasión cobra protagonismo la colaboración solicitada a notarios y registradores y el efecto de una nueva batería de medidas legislativas.
“Con independencia de la colaboración que hemos tenido siempre con la Agencia Tributaria, en este ejercicio lo que hay es una voluntad de introducir por vía legislativa medidas para evitar que esas empresas que no tienen actividad sigan operando”, detalla el vicedecano del Colegio de Registradores, José Miguel Tabarés.
Así, de una parte, la Ley de Auditoría de Cuentas Públicas del pasado 30 de enero incluye dos disposiciones adicionales que refuerzan el régimen sancionador contra las empresas que no presentan sus cuentas anuales, con multas de hasta 300.000 euros, y una encomienda que empodera a los registradores en este ámbito. Después de todo, hay unos tres millones de sociedades en el Registro Mercantil pero solo 1,3 millones presentan anualmente sus cuentas por lo que se trabaja en revocar el NIF de aquellas que no cumplan su obligación puntualmente.
El otro gran ariete legal con el que la Agencia Tributaria aspira a reforzar el control sobre las sociedades fantasma está en manos del Parlamento, donde se tramita actualmente la ley antifraude fiscal. Entre el articulado y algunas de las enmiendas a discutir se encuentra reforzar el papel preventivo de los notarios, que ya son colaborador habitual del fisco en la lucha contra el fraude.
“La reforma en relación con la función notarial va en tres líneas”, explica María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado. En primer lugar detalla, ante cualquier escritura pública que pretenda hacer una persona jurídica el notario estará obligado a comprobar previamente que su NIF no haya sido revocado accediendo a la base de datos de la Agencia Tributaria, denegando la operación de ser así. En segundo, término, el fedatario deberá dar parte a las autoridades tributarias de estas tentativas de negocio con NIF no vigentes, para que la administración pueda tirar del hilo. Finalmente, se busca que cualquier constitución de una sociedad se salde con la inmediata asignación de un NIF antes de que salga de la notaría a efectos de facilitar su rastreo, algo que hoy es voluntario y pasaría a ser obligatorio con la reforma. “Todos esos cambios pueden ser muy eficaces, porque podríamos parar el fraude antes de que se cometa”, subraya Barea.
La estrategia que articula este conjunto de actuaciones, conceden desde el fisco, es la de limpiar el bosque de sociedades muertas para identificar antes a aquellas “zombis”, que puedan facilitar la comisión de delitos.
88 MILLONES AFLORADOS
En 2019. La campaña de depuración censal impulsada por la Agencia Tributaria en colaboración con notarios y registradores no es la primera que se lleva a cabo. Este asunto ya fue prioritario en el Plan de Control Tributario de 2019, con el objetivo de reducir el número de contribuyentes sobre los que el fisco debe poner la lupa y de identificar potenciales prácticas defraudatorias aprovechando empresas inactivas para defraudar. “Dentro del colectivo societario global existen sociedades inactivas o con escasa o nula actividad, y también entidades con actividad económica que, debiendo presentar las correspondientes declaraciones tributarias por el Impuesto sobre Sociedades, IVA y retenciones, no lo hacen de forma efectiva”, explicaba, la Agencia Tributaria sobre sus pesquisas de aquel año. En este marco, detallaba las actuaciones de limpieza del censo empresarial permitieron el ingreso de 25 millones de euros adicionales correspondientes a Sociedades, IVA y retenciones del IRPF; recuperar 50 millones de euros para el Área de Recaudación y el embargo de cuentas bancarias por más de 13 millones de euros, lo que en conjunto supuso una aportación adicional de 88 millones de euros.
Fuente: cincodias.elpais.com
