La institución acusa a Enrique Peña de formar parte de una trama de abogados que supuestamente engañó a centenares de ancianos y se apoderó de sus viviendas
El notario Enrique Peña fue suspendido cautelarmente por el Ministerio de Justicia en febrero del 2016 al ser vinculado con una trama de abogados que presuntamente estafaba a personas mayores y se apoderaba de sus viviendas. Fue detenido en su despacho de la avenida Diagonal el 3 de julio del 2015 y quedó en libertad bajo fianza. El caso se convirtió en la mayor estafa inmobiliaria de España con al menos 128 operaciones fraudulentas, por las que los acusados se embolsaron 20 millones de euros y que dejaron a centenares de personas sin vivienda.
Peña fue el primer notario de la historia en ser inhabilitado provisionalmente y lo hizo a petición del Col·legi de Notaris de Catalunya que se mostró implacable a fin de mantener la respetabilidad de la institución y el buen nombre de una profesión que debe velar por la seguridad jurídica en transferencias de este tipo como era compraventa de inmuebles. Ahora, más de seis años después, la instrucción del caso ha terminado y dieciséis personas, entre ellos, Peña, se encaminan al banquillo de los acusados para ser juzgados.
El Col·legi de Notaris de Catalunya, que está personado en la causa, reclama 21 años de cárcel para Peña por los presuntos delitos de estafa agravada en concurso con delito de falsedad documental, organización criminal y blanqueo de capitales. Así consta en su escrito de acusación al que ha tenido acceso La Vanguardia . Fuentes del colegio contactados por este diario no han querido hacer ningún comentario al respecto. Los notarios de Catalunya sitúan a Peña como una de las piezas claves de la organización. La trama la formaban abogados que ofertaban productos similares a la hipoteca inversa o al usufructo vitalicio a personas de edad avanzada, con escasa formación financiera y con una necesidad económica urgente que los convertía en el blanco ideal.
La trama la formaban abogados que ofertaban productos como la hipoteca inversa a personas de edad avanzada que tenían una necesidad económica urgente
Sin embargo, el engaño se perpetraba en la Notaría de Peña, según sostiene el colegio. “En determinadas ocasiones una misma operación inmobiliaria se instrumentalizaba documentalmente por el fedatario público y sus oficiales sin justificación legal ni lógica alguna”, apuntan. Lo que hacía el notario supuestamente era no registrar en el Registro de la Propiedad la escritura que protegía al vendedor en caso de incumplimiento de las condiciones que había pactado. De esta manera, con este tipo de artimañas, las operaciones se convertían en una simple venta directa de los inmuebles sin garantías con lo que la persona mayor era desahuciada de su vivienda sin cobrar ninguna de las rentas que le habían prometido. “En la mayoría de los casos, los perjudicados se han quedado sin vivienda y sin dinero”, señala el escrito.
La acusación del Col·legi de Notaris sitúa como líderes al abogado y exmodelo, Francisco Comitre,
–para quien también reclama 21 años de cárcel– y al notario Peña. Considera que ambos se “sirvieron de sus profesiones” para presuntamente estafar a los ancianos “aprovechándose de sus respectivas posiciones y de sus conocimientos, abusando de la confianza de las personas que, en la mayoría de casos, tenían graves problemas económicos”.
El acusado se “sirvió de su profesión” y “abusó de la confianza” de los afectados que tenían problemas económicos
El Col·legi de Notaris deja constancia en su escrito del profundo malestar que ha causado la supuesta conducta de Peña recordando que un notario, como funcionario público, “debe dar fe de la identidad de los otorgantes, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad”. Y agrega que toda esta operativa era posible gracias a que varios abogados, dirigidos por Comitre, captaban a las víctimas y “daban apariencia de legalidad”, por un notario que “ofrecía garantías de esa legalidad falsamente aparentada” y unos terceros que falsificaban documentos o aparentaban ser autores de las operaciones”. En el escrito de acusación figuran 20 acusados, de los cuales dos han fallecido y dos se encuentran en paradero desconocido. Uno de ellos es Artur Segarra, que fue condenado a muerte en Tailandia por asesinar a un empresario catalán.
Fuentes: lavanguardia.com
