Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, el papel del notariado español adquiere una nueva dimensión dentro del sistema jurídico. Esta normativa, que comenzó a aplicarse el pasado 3 de abril, tiene como objetivo principal agilizar el funcionamiento de la Justicia mediante la promoción de métodos alternativos de resolución de conflictos. En este nuevo escenario legal, los notarios se consolidan como figuras clave para evitar que muchas controversias lleguen a juicio, gracias a su reconocida capacidad para mediar y facilitar acuerdos entre partes enfrentadas.
El texto legal impulsa decididamente la desjudicialización de ciertos procesos y reconoce de manera expresa la validez de los denominados mecanismos extrajudiciales, como la mediación o la conciliación. En este contexto, la figura del notario se posiciona como un tercero imparcial y capacitado, cuya intervención puede resultar determinante a la hora de alcanzar acuerdos eficaces y jurídicamente seguros. Esta labor, que ya venían ejerciendo de forma habitual en numerosos ámbitos, recibe ahora un respaldo normativo explícito que permite enmarcarla dentro de un procedimiento reglado y sistemático.
Desde el Colegio Notarial de Castilla y León, el recibimiento de esta norma ha sido especialmente positivo. Según su decano, Leopoldo Martínez de Salinas, se trata de una legislación que reconoce lo que ya ocurre diariamente en las notarías: el encuentro entre partes con intereses contrapuestos que, gracias a la intervención del notario, logran superar conflictos mediante el diálogo y el consenso. El profesional notarial no solo garantiza la legalidad de los acuerdos alcanzados, sino que también ofrece seguridad jurídica y confianza a quienes acuden a su despacho en busca de soluciones.
La experiencia del notariado en ámbitos como herencias, separaciones de mutuo acuerdo, disolución de sociedades o resolución de controversias patrimoniales, demuestra que su labor va mucho más allá de la mera formalización de documentos. En todos estos casos, los notarios actúan como mediadores naturales, contribuyendo a resolver disputas sin necesidad de recurrir a los tribunales, lo que ahorra tiempo, costes y evita la confrontación judicial.
Con esta nueva ley, el legislador reconoce una realidad ya consolidada en la práctica notarial y la dota de un marco normativo que permite extender estos procedimientos a más supuestos. Se trata, en definitiva, de un avance significativo hacia un modelo de justicia más ágil, accesible y eficaz, en el que el notario ocupa un lugar protagonista como garante de legalidad, imparcialidad y resolución pacífica de conflictos.
