Enrique Peña, que afronta una petición de casi 15 años, incumplió “de forma masiva” sus obligaciones
La Fiscalía ha solicitado elevadas penas de prisión para dos de los protagonistas de una de las mayores estafas inmobiliarias cometidas en España, el abogado Francisco Comitre y el notario Enrique Peña. Ambos participaron presuntamente en el engaño masivo a más de un centenar de personas -la mayoría, en Cataluña- que sin saberlo acabaron perdiendo sus viviendas. Comitre y los otros acusados ofrecían supuestos productos financieros que, en realidad, ocultaban una estrategia para apoderarse sin coste o a un precio muy inferior al de mercado de los pisos de sus clientes. La Fiscalía pide 20 años y nueve meses de cárcel para el abogado y otros 14 años y diez meses para el notario, a quien considera una pieza clave en el entramado porque dio el visto bueno a operaciones que eran fraudulentas, según la tesis de la acusación.
El caso Cocoon estalló en 2015 con la detención de Comitre y de diversas personas que llevaban al menos seis años dedicándose a estafar a personas vulnerables, con escasos conocimientos financieros y en situación de necesidad económica. Buena parte de las más de 100 víctimas acreditadas eran ancianos. El fiscal se dirige contra 17 acusados, porque hay dos más que están en rebeldía y otros dos que han fallecido a lo largo de una investigación que ha sido compleja y costosa. Los acusados disponían de una empresa que se publicitaba en prensa ofreciendo servicios financieros “similares al crédito hipotecario, la hipoteca inversa o la renta vitalicia”. Les ayudaban, aparentemente, a hacer frente a sus deudas. Pero “lo que ocultaban a sus clientes era que en realidad se iba a contratar, sin su consentimiento, la compraventa de un inmueble de su propiedad”.
La transmisión de la propiedad se producía sin que los clientes se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. La clave, para los acusados, era elevar a escritura pública los compraventas, lo cual se hacía ante la presencia del notario Enrique Peña. Éste daba el visto bueno al “infraprecio vil” fijado en las compraventas. El notario cometió “una infracción masiva de los deberes inheretnes” a su profesión, según la Fiscalía; en particular, no advirtió a los clientes de que se iba a producir “de forma cara y manifiesta un perjuicio” para ellos.
La Fiscalía detalla, en más de 200 folios de acusación, cada una de las operaciones inmobiliarias fraudulentas, la mayoría en Barcelona y su área metropolitana, aunque también hay algún caso puntual en Cádiz y Málaga. Los acusados se valieron presuntamente de sociedades instrumentales para formalizar la compra de las viviendas. El fiscal considera que los hechos constituyen un delito de estafa en su modalidad agravada (afecta a la vivienda habitual de las víctimas) y, además de las penas de cárcel para los acusados, pide la inhabilitación de Cómitre como abogado y de Peña como notario.
Fuente: ElPais.com
