22/05/2020

Ayer, Gabriela Bravo, consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito telemáticamente un convenio de colaboración entre ambas instituciones.  En virtud de este acuerdo, el gobierno autonómico podrá acceder a la información de las Bases de Datos de Titular (BDTR) y de Datos de Personas con Responsabilidad Pública (BPRP) del CGN.

En el acto también participaron Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia; y Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del CGN.

El acceso a estos datos permitirá a la Inspección General de Servicios de la Consellería disponer de información de suma relevancia para la investigación de posibles infracciones e irregularidades mercantiles y financieras de contratistas, proveedores de servicios y beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas, así como de personas y entidades que mantengan o hayan mantenido una relación laboral o contractual con la Generalitat y su sector público instrumental.

El CGN facilitará al personal de la Inspección General de Servicios de la Generalitar información sobre las personas físicas o jurídicas requeridas; adoptando las medidas técnicas necesarias que garanticen la seguridad y la confidencialidad de la información obtenida de ambas bases.

Colaboración notarial contra los delitos económicos

El Notariado creó en 2005, por orden del Ministerio de Economía, el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) y en 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT).  El OCP es reconocido internacionalmente como ejemplo de buenas prácticas por organismos como el Consejo de la Unión Europea y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Sus técnicos desarrollan su trabajo analizando y cruzando datos gracias a que las operaciones realizadas por los notarios están parametrizadas y volcadas en el Índice Único Informatizado Notarial. De dicho Índice se derivan a su vez, otros dos archivos: la BDTR y la BPRP.

La BDTR, en funcionamiento desde 2012, es única en el mundo y permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad mercantil. En esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de 2.094.000 sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos (datos febrero 2020).

El OCP también creó -en 2014- la BPRP, en la que están identificadas 39.437 personas físicas: 22.467 personas con responsabilidad pública por elección o por designación; 16.970 personas allegadas; 2.088 por ser titulares reales de una sociedad en la que también participa una persona con responsabilidad pública y  14.882 con relaciones empresariales estrechas con una persona con responsabilidad pública (datos enero 2020).

 

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