El fiscal Anticorrupción de Murcia, que se abstuvo de seguir con el caso al estar investigado su hermano, podría asumir de nuevo las diligencias
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Ricardo Fernández | MURCIA
El notario José Antonio Lozano Olmos, a quien la juez del ‘caso AVE’, en el que se indagan presuntos fraudes millonarios en las obras de alta velocidad entre Alicante y Murcia, imputó recientemente por un presunto delito de blanqueo de capitales, ha quedado libre de cualquier sospecha. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte, notificó ayer un auto por el que sobresee de forma provisional las actuaciones abiertas contra el fedatario público, debido a que «no se desprenden indicios de participación del investigado en la trama urdida por José Manuel Fernández Pujante -el ingeniero sospechoso de jugar un papel muy relevante en la organización delictiva- para despatrimonializarse y poner a salvo las cantidades obtenidas tanto de la malversación como del delito fiscal perpetrados».
La imputación de José Antonio Lozano Olmos se produjo a finales de octubre, con el fin de averiguar las circunstancias en las que se firmaron en su despacho ocho escrituras consecutivas por las que Fernández Pujante transmitía su patrimonio de más de cuatro millones de euros a su esposa e hijas.
Un informe de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera consideraba que esa transmisión patrimonial tenía apariencia sospechosa y apuntaba a que el notario tendría que haberla comunicado a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, cosa que no había hecho.
El pasado 9 de noviembre, el fedatario compareció en el juzgado y aseguró que su intervención en este asunto había sido absolutamente «fortuita», ya que no conocía al investigado por la trama del AVE, y señaló que igualmente podría haber firmado las ocho escrituras su compañera de despacho. Asimismo manifestó que es habitual este tipo de operaciones, con las que familias liquidan la sociedad de gananciales o intentan proteger una parte de su patrimonio cuando hay por medio empresas privadas, y añadió que no existían «indicadores de riesgo», teniendo en cuenta que la transmisión de bienes se hacía entre miembros de la misma familia «y entre ellos no se van a engañar».
Por otro lado, dejó constancia de que en la transmisión patrimonial no había intervenido testaferro alguno y de que la principal justificación para ese traspaso de bienes era, en apariencia, de carácter fiscal y tributario, al ser más ventajosas las condiciones en ese escenario.
Tras la toma de declaración al notario, tanto su letrado como los dos abogados del Estado que están personados en las actuaciones -uno en nombre de la Agencia Tributaria y otro en representación de Adif-, como también el fiscal, reclamaron la exculpación de José Antonio Lozano Olmos. La juez así lo ha hecho con su resolución, en la que señala que no existe indicio alguno de blanqueo y que esa operación de transferencia de bienes no puede calificarse de tal forma, pues no se intentaba ocultar el origen ilícito del patrimonio: el dinero estaba en cuentas bancarias y todos los inmuebles estaban a nombre de la familia.
El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, que se vio obligado a dejar el ‘caso AVE’ al ser imputado su hermano, podría volver a asumir la investigación de forma inmediata.
Fuente: laverdad.es
