Modernización tecnológica, agilidad, calidad y conciliación, bases de la propuesta

Abogados, procuradores, notarios y registradores hicieron ayer un llamamiento al futuro Gobierno y al resto de las profesiones jurídicas por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia, que consideran necesario, pero que ya se han malogrado en dos ocasiones anteriores por falta de consenso político.

Así lo reconocieron ayer los presidentes de los Consejos generales de estas cuatro profesiones en una mesa de debate en la celebración del Día de la Procura: Victoria Ortega (Abogacía), Juan Carlos Estévez (Procuradores), José Ángel Martínez Sanchiz y María Emilia Adán (Registradores).

Los cuatro se mostraron de acuerdo en que el Pacto debe abarcar cuatro aspectos fundamentales, como son la modernización técnica de la Justicia, la agilidad de los trámites, un servicio de calidad a un precio justo y la conciliación de la vida personal.

Victoria Ortega se mostró convencida de que este Pacto de Estado es necesario, pero lo distinguió de un pacto de partidos, ya que los intereses políticos han hecho fracasar los intentos anteriores.

A este respecto, Estévez explicó que lo que habría que hacer es abordar los temas fundamentales de inicio y dejar para el final aquellos que conllevan una gran carga política. A este respecto, propuso algunas medidas, como por ejemplo, que la elección de los jueces de los altos tribunales se realice por el Parlamento sobre ternas de magistrados propuestos por los Colegios Profesionales, lo que daría una sensación a la opinión pública menos politizada que en la actualidad.

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Ortega explicó que está convencida de que la ciudadanía considera que existe calidad en la Justicia, razón de ello es que todos los intentos de arbitraje que se han puesto en marcha han fracasado, porque la gente lo que quiere es una sentencia de un juez. Sin embargo, los recelos existen sobre algunos casos determinados de procedimientos y en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero consideró que sería “muy raro” que se deslegitimase al Parlamento, que es donde descansa la soberanía popular en la democracia.

Revisar los plazos

María Emilia Adán, por su parte, se refirió a la necesidad de revisar los plazos de algunos procedimientos para mejorar la conciliación familiar. Así, explicó que el Registro Mercantil dispone de seis horas para constituir una sociedad, lo que hace muy difícil que los registradores puedan relajarse cuando se encuentran de vacaciones, porque el mercado no puede parar.

José Ángel Martínez habló sobre los aranceles (honorarios que perciben procuradores, notarios y registradores), que en el caso de los notarios genera, de vez en cuando, expedientes por competencia desleal, al rebajar lo estipulado, por lo que reclamó a los tribunales que respeten las sanciones administrativas impuestas para que no pierda el consumidor.

eleconomista.es

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