• El notariado tiene identificadas a más de 25.000 personas con responsabilidad pública y a sus allegados

El notariado tiene identificadas a más de 25.000 personas con responsabilidad pública y a sus allegados

El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) desde 2005 más de 5.000 operaciones en las que ha detectado indicios de delito de blanqueo de capitales y ha atendido más de 160.000 solicitudes de información de autoridades, según informaron este jueves los notarios.

El Ministerio de Economía creó en 2005 en el Consejo General del Notariado el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) y en 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT), que son hoy «punta de lanza» del compromiso notarial en la lucha contra estas lacras sociales, destacan los notarios.

El Consejo General del Notariado explica, en un comunicado, que el OCP es la «principal estructura» de los notarios españoles para colaborar con las autoridades en combatir la delincuencia económica y la financiación del terrorismo.

Los técnicos del OCP desarrollan su trabajo analizando y cruzando datos, gracias a que las operaciones realizadas por los 2.800 notarios están parametrizadas y volcadas en el Índice Único Informatizado Notarial. También reciben alertas y avisos de los propios notarios sobre operaciones que les resultan sospechosas, que rastrean e investigan «minuciosamente».

El Índice Único Informatizado Notarial contiene más de 116 millones de documentos notariales, lo que lo convierte en la segunda mayor base de datos del sector público, tras la de la Agencia Tributaria. El OCP comunica en nombre de los notarios las operaciones que considera de riesgo al Sepblac, la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero negro, dependiente del Ministerio de Economía.

También responde a todas las peticiones de información de los órganos judiciales, administrativos y policiales, que persiguen estos delitos. Así, durante el periodo 2005-2017, el OCP dio respuesta a más de 160.000 solicitudes de autoridades (cerca de 20.000 durante el año 2017) y remitió al Sepblac más de 5.000 notificaciones, al apreciar en ellas indicios de delito de blanqueo de capitales.

El director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, Pedro Galindo, destacó que «el sistema diseñado por el notariado español garantiza que la información permanece siempre protegida y encriptada, siendo un reducido número de instituciones y personas las que pueden solicitarla». Además, añadió que «esta labor se realiza siempre con respecto a la normativa de Protección de Datos, garantizando el derecho del ciudadano a su privacidad».

Del Índice Único Informatizado Notarial se derivan dos «potentes herramientas», según destacan los notarios: la Base de Datos de Titular Real y la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública. La primera permite a las autoridades públicas obtener el máximo rendimiento de la información recogida en el Índice Único Informatizado Notarial sobre titularidad de sociedades.

TITULARES DE MÁS DE 2 MILLONES DE EMPRESAS

En concreto, en esta base de datos están identificados de manera acreditada los titulares reales de más de 2.000.000 de sociedades limitadas, 117.000 sociedades anónimas y 195.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.

En estos cinco años jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley (entidades financieras, auditoras, aseguradoras) han solicitado cerca de 3.500.000 de informaciones sobre los titulares reales, de cientos de miles de sociedades y organizaciones identificados en esta base.

Por su parte, la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública tiene identificadas a más de 25.000personas con responsabilidad pública y sus allegados. De las personas identificadas, cerca de 15.000 son personas de responsabilidad pública por elección o por designación (Altas instituciones del Estado; Gobierno y Administración Central; Comunidades Autónomas, Administración Local y directivos de empresas públicas) y 10.000 son allegados a estas personas por relaciones o por negocios.

ÓRGANO DE COLABORACIÓN TRIBUTARIA

Por último, los notarios recuerdan que el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT) entró en funcionamiento en 2007 para la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Con la puesta en marcha de esta estructura, el notariado estrechó la colaboración con Hacienda, facilitando información sobre los movimientos de mayor trascendencia tributaria.

El OCT traslada mensualmente a la Agencia Tributaria información sobre las operaciones con trascendencia tributaria en las que alguna de las personas no hubiera comunicado al notario el NIF o se hubiera negado a identificar o aportar información sobre los medios de pago empleados en la compraventa de inmuebles.

Fuente: lavanguardia.com

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