El juicio por la presunta trama de corrupción en el Catastro de Granada arrancará el próximo 14 de enero. La vista será tres meses después de la primera fecha prevista para que la Audiencia Provincial acogiese esta causa en la que nueve personas se sentarán en el banquillo de los acusados por delitos de falsedad en documentos públicos, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos. Ante ello, la Fiscalía pide para los enjuiciados penas de entre cuatro años y medio y 18 años de prisión por las irregularidades que se hallaron en 70 expedientes de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada.
El jefe del Servicio de Gestión del Catastro de Granada, un funcionario del mismo, un antiguo subalterno de dicha administración, un empleado de la notaría de Albuñol, un arquitecto, un abogado y tres empresarios son los acusados de un fraude que, según se recoge en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Granada Hoy, se remonta al periodo comprendido entre marzo del año 2005 y mediados del 2013, que fueron investigadas por la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil, y que estalló en mayo del 2013 con la detención del jefe de Servicio y del arquitecto.
Tal y como relata el fiscal, los dos funcionarios “a sabiendas de su ilegalidad y en provecho propio y de terceros, se sirvieron de sus puestos de trabajo en el Catastro para alterar información de las bases de datos de dicha Oficina al objeto de obtener resoluciones y/o certificaciones catastrales en el sentido solicitado por distintas personas a cambio de percibir retribuciones económicas periódicas por dichos trabajos”. Es decir, que se valían de su puesto para cambiar de forma fraudulenta la propiedad de terrenos para que los interesados pudieran obtener beneficio de algún tipo a través de los PGOU o solicitando subvenciones.
Las modificaciones catastrales falsas se realizaron a través de tres vías: una notaría de Albuñol, el despacho de arquitectura –acudían particulares para que el arquitecto, que reconoció haber pagado al principal acusado entre 10.000 y 12.000 euros, les elaborara certificados de antigüedad falsos– y las mercantiles Magon S. L. y Agroatalaya S. L. –habrían usado las alteraciones catastrales para pedir subvenciones agrícolas o préstamos hipotecarios–; a las que habría que sumar una cuarta, que se trata de un caso aislado, en el que la alteración catastral fue instada por un abogado, también enjuiciado en esta causa.
Los fraudes que se realizaron a través de la notaría de Albuñol fueron los primeros descubiertos por la UCO, a raíz de una querella que se interpuso tras varias sospechas de Hacienda. Precisamente, a través de esta vía las modificaciones, según el fiscal, “eran efectuadas exclusivamente” por el jefe del Servicio, a instancias de un empleado de la notaría.
ALTERABAN INFORMACIÓN DEL CATASTRO PARA QUE LOS INTERESADOS OPTASEN A SUBVENCIONES O HIPOTECAS
En concreto, “se encargaba de asumir, a cambio de dinero, las encomiendas que les hacían los diferentes particulares que querían solucionar problemas catastrales con sus fincas”. En este proceso, el enlace entre la notaría y el Catastro era el antiguo subalterno de dicha administración.
Durante la investigación, se llegó a la conclusión de que las irregularidades cometidas podrían englobarse en cuatro. La primera, “la utilización de un procedimiento distinto para lograr una finalidad diferente a la prevista en la norma aplicable”. La segunda, “incumplir normas esenciales de procedimiento. Así la mayor parte de los expedientes se tramitan hasta su finalización el misma día en que se registran, saltándose el orden de incoación que se debiera haber respetado”.
La tercera, “se realizaron cambios en las bases de datos del Catastro, sin aportar documentación alguna o en caso de incorporarse, esta era insuficiente. (…) En unos casos los cambios eran definitivos y, en otros, de carácter temporal” –durante el tiempo que duraba la alteración, se emitían certificaciones descriptivas y gráficas que no se ajustaban a la realidad–. Y la cuarta, que “en la mayoría de los casos se desconoce el uso dado a las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas falsas obtenidas”.
Por todo ello la Fiscalía considera al jefe de Servicio de Gestión del Catastro como el autor de “gran parte de las falsas modificaciones”, por las que habría recibido una cantidad que asciende hasta los 141.175 euros, ingresos que tras su investigación se tildó de “origen desconocido o no justificable”. Para él, pide 18 años de cárcel, 27 de inhabilitación y una multa que asciende hasta 23.400 euros. Todo ello por delitos continuados de falsedad en documento público, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos.
Asimismo, por los mismos delitos, el fiscal pide 13 años de cárcel, 20 de inhabilitación y multa de 17.400 euros para el otro funcionario del Catastro. Este acusado recibió más de 31.000 euros en efectivo de origen desconocido, de los que 8.756 empleó para realizar una reforma en su domicilio.
Para el empleado de la notaría de Albuñol pide 8 años de cárcel y multas que ascienden a 13.800 euros, ya que habría asumido solucionar las pretensiones de particulares que acudían a él a los que cobraba cantidades que ascendían hasta 3.000 euros, por actuaciones catastrales que, con forme a la ley, serían gratuitas.
LA PRIMERA VISTA ESTÁ FIJADA PARA EL 14 DE ENERO Y LA ÚLTIMA PARA EL 27 DE FEBRERO
El abogado se enfrenta a cuatro años y 8 meses de cárcel y una multa de 14.400 euros por ser cooperador en un delito de cohecho y por falsedad en documento público. Mientras que para los tres empresarios solicita ocho años de cárcel y multas de 23.400 euros para cada uno.
Para el antiguo subalterno, que habría actuado como intermediario, solicita nueve años de prisión y 9.000 euros de multa como inductor o cooperador de un delito de falsedad en documento público y cooperador en dos tipos de cohecho.
Por último, el que se enfrenta a menor pena es el arquitecto, único acusado del que el fiscal aprecia la atenuante de confesión –admitió haber pagado al jefe de Servicio–: le pide cuatro años y medio de cárcel y 20.700 euros de multa por falsedad de documento público y cohecho.
El juicio, que arrancará el próximo 14 de enero a las 9:30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, se extenderá hasta el día 27 de febrero.
