08/07/2020
Las elecciones del 12-J pasarán a la historia como las elecciones de la pandemia, con una campaña y una jornada electoral totalmente mediatizada por las consecuencias de la crisis sanitaria del Covid-19. Pero las consecuencias pueden ir aún más allá si los tribunales acaban determinando que se han desarrollado sin la garantía y control que se presupone necesario en todo proceso electoral.
El Defensor de Pueblo ha mostrado ya ante la Junta Electoral Central su desacuerdo con el hecho de que «de forma excepcional» no sea necesario la firma del votante en el voto por correo, que en estas elecciones ha experimentado un fuerte crecimiento.
«Sustituir la firma personal de la recepción de la documentación una vez comprobada la identidad por una simple anotación del personal de Correos significa rebajar y relajar los requisitos», «que suponen una garantía fundamental del procedimiento electoral, y de la limpieza y transparencia del mismo». Además, cuestiona que se sitúe a los empleados de Correos «en garantes y fedatarios de la identidad del votante», algo que «excede de las atribuciones profesionales de las que están investidos», señala el Defensor en su resolución.
Basándose en esta irregularidad, el partido Solidaria -una escisión del PSE- amenaza con impugnar el voto por correo, que en estas elecciones suma 125.255 votos en Euskadi, que podrían quedarse sin contabilizar, con lo que supondría a la hora de desvirtuar el resultado electoral.
Este mismo partido ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) solicitando la nulidad de las elecciones por todas las irregularidades que consideran que envuelven esta convocatoria.
El tribunal sí rechazó las medidas cautelares que solicitaron para que se impidiera la celebración del 12-J. Es decir, habrá jornada electoral. Otra cosa es lo que se derive de la sentencia posterior. De momento la demanda está admitida a trámite. Si sigue el recorrido judicial habrá que esperar varios meses para conocer la resolución.
Las posibles irregularidades en el voto por correo llegan también a las restricciones que se han puesto -por la pandemia- a que los notarios accedieran a las residencias de ancianos para gestionar el apoderamiento que permite ejercer a un familiar el voto por correo de una persona impedida.
Los directores de las residencias han sido los que han determinado que los notarios entraran o no. Los notarios defendieron ante la Junta Electoral, sin éxito, la posibilidad de utilizar su plataforma tecnológica para garantizar de manera telemática la capacidad del votante para delegar el voto.
«Al convocarse estas elecciones ya preveíamos que aumentarían las dificultades para prestar este servicio y resulta chocante que no se facilite este apoderamiento telemático cuando la plataforma notarial cuenta con la segunda base de datos mayor de España y permite colaborar con las autoridades en investigaciones como el blanqueo de capitales», recuerda el decano del Colegio Notarial del País Vasco Diego Granados.
Tampoco está muy claro si en estos comicios se garantiza el voto CERA, el de residentes en extranjero, con las restricciones impuestas por el Covid-19 para las comunicaciones entre diferentes países.
