Principio de igualdad, prohibición de discriminación por razón de filiación y sustitución fideicomisaria 

(Interpretación en clave constitucional del término «hijos legítimos») 

Manuel MIRANDA ESTRAMPES 
 Fiscal ante el Tribunal Constitucional 
Diario La Ley, Nº 7424, Sección Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 15 Jun. 2010, Año XXXI, Editorial LA LEY
LA LEY 2010/2010
ANTECEDENTES DE HECHO Y PERSPECTIVA JURÍDICA
El caso analizado en esta sentencia tiene su origen en un testamento otorgado en el año 1927 en el que el testador, fallecido en 1945, dispuso una sustitución fideicomisaria condicional si sine liberis decceserit a favor de sus cinco hijos. La disposición testamentaria instituía heredero universal a su hijo José Antonio, quien quedaba facultado para disponer libremente de los bienes de la herencia cuando tuviera algún hijo o hija que hubiera llegado a la pubertad; y para después de su muerte sin hijos le sustituirían sus cuatro hermanos por el orden fijado en la propia disposición testamentaria y con la misma condición impuesta al primer instituido, añadiendo, literalmente, que "si al tener efecto alguna de tales instituciones, hubiese fallecido el sustituto y dejado algún hijo legítimo que entonces o después llegue a la edad de testar, quiere que éstos sucedan en lugar de su padre premuerto en el modo que resultan instituidos, y a falta de disposición observarán el mismo modo de suceder que el testador establece aquí para sus hijos".
El heredero instituido en primer lugar falleció soltero y sin hijos en el año 1997. El hijo instituido en segundo lugar había premuerto al testador en 1940, soltero y sin descendencia. El hijo llamado en tercer lugar había fallecido en 1995, dejando dos hijas adoptivas que ya habían alcanzado la edad de testar, quienes acudieron ante Notario a otorgar escritura en la que se adjudicaban por mitad dos fincas rústicas que constituían el objeto de la herencia fideicomitida. No obstante el Registrador de la Propiedad denegó la inscripción al tratarse de hijas adoptivas no pudiendo ser consideradas hijas legítimas tal como disponía el testador. Por su parte, el hijo instituido en cuarto lugar obtuvo la inscripción a su favor en el Registro de la Propiedad de las dos fincas que constituían la herencia fideicomitida.
Las dos hijas adoptivas del tercer instituido formularon demanda de juicio declarativo de menor cuantía por la que reclamaban el dominio por título hereditario de las fincas mencionadas y solicitaban que se anulara la inscripción registral de las mismas a favor del fideicomisario instituido en cuarto lugar. La demanda fue desestimada íntegramente en primera instancia y confirmada con posterioridad en sede de apelación. Ambas resoluciones judiciales argumentaron que las demandantes, por su condición de hijas adoptivas, no cumplían con la condición, establecida en el testamento, de ser hijas legítimas, por lo que debía procederse al llamamiento del cuarto sustituto designado por el testador.
Las demandantes interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia alegando, entre otros motivos, la vulneración del art. 14 (LA LEY 2500/1978) CE. El recurso fue desestimado al entender la Sala, en síntesis, que en materia de sucesión testamentaria la voluntad del testador es la ley que debe regir la sucesión y en el presente caso su deseo era que no entraran en posesión de la herencia quienes no tuvieran la condición de hijos legítimos, a los que no se equiparaban al tiempo del otorgamiento del testamento o de la apertura de la sucesión los hijos adoptivos.
En su demanda de amparo las recurrentes alegaban que la sentencia impugnada había vulnerado su derecho a la igualdad proclamado en el art. 14 (LA LEY 2500/1978) CE, precepto éste que se encontraba vigente en el momento de producirse el llamamiento de los sucesivos herederos tras el fallecimiento sin descendencia del instituido heredero fideicomisario en primer lugar, ocurrido en el año 1997. Para las demandantes de amparo la interpretación de la expresión "hijos legítimos" debía llevarse a cabo al tiempo del fallecimiento sin hijos del primer instituido, que es lo que desencadenó el mecanismo sustitutorio establecido en el testamento, y no en el momento del otorgamiento del testamento (año 1927) o al tiempo del fallecimiento del causante (año 1945). Concluye la demanda de amparo señalando que al mantener que los hijos adoptivos no pueden ser considerados hijos legítimos, la sentencia impugnada habría creado una discriminación por razón de nacimiento no justificada de manera objetiva y razonable, que no sólo habría vulnerado el art. 14 (LA LEY 2500/1978) CE, sino también el art. 39.2 CE, que establece la igualdad de los hijos ante la ley con independencia de su filiación.
DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y APLICACIÓN AL CASO CONCRETO
En su sentencia el Tribunal Constitucional empieza su argumentación delimitando el objeto del presente proceso constitucional, señalando que el mismo no es, en realidad, el acto privado de disposición testamentaria otorgado por el causante, sino el acto del poder judicial dictado en interpretación de aquél. Concretamente se trata de verificar si el órgano judicial que dictó la resolución judicial impugnada respetó o no el principio de interdicción de la discriminación por razón de nacimiento, al excluir a las demandantes del llamamiento a la herencia de su abuelo por causa de su condición de hijas adoptivas y, por tanto, como consecuencia del modo en que interpretó la expresión "hijos legítimos" en el ejercicio del arbitrio que le incumbe.
Delimitado el objeto del recurso de amparo, el Tribunal Constitucional trae a colación su consolidada doctrina sobre el principio de igualdad y las prohibiciones de discriminación contempladas en el art. 14 (LA LEY 2500/1978) CE, en relación con el art. 39.2 CE. La sentencia objeto del presente comentario, con cita de la STC 154/2006 (LA LEY 53576/2006), destaca que el art. 14 (LA LEY 2500/1978) CE opera con el trasfondo del art. 39.2 y 3 CE que obliga a los poderes públicos a asegurar la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación.
La aplicación de la anterior doctrina lleva al Tribunal Constitucional a otorgar el amparo solicitado. La sentencia rechaza el argumento nuclear sostenido en la sentencia impugnada en el sentido de que la expresión "hijos legítimos" empleada por el testador no comprende a los hijos adoptados, al entender que dicha conclusión no se deduce de manera inequívoca de la formulación literal de la cláusula testamentaria, sino que es producto de la interpretación que realiza el propio órgano judicial, de manera que la exclusión de las demandantes de amparo del llamamiento a la herencia no tiene su origen directo en el ejercicio de la libertad de testar sino en el de la jurisdicción.
Sigue razonando la sentencia que la condición correspondiente a la sustitución fideicomisaria se verificó con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución de 1978 (LA LEY 2500/1978), de tal manera que cabía la opción de entender que la voluntad del testador expresada en el testamento debía ser interpretada de conformidad con la situación jurídica propia del momento en que debía ejecutarse la sustitución. De acuerdo con este planteamiento, era legítimo presumir, a menos que en el testamento constase lo contrario de forma inequívoca, que no era la voluntad del testador introducir distinciones que resultasen contrarias a los fundamentos del sistema jurídico vigente en el momento en que se cumpliese la condición y hubiesen de ser ejecutadas las correspondientes disposiciones testamentarias. La interpretación de la expresión "hijos legítimos" que llevó a cabo el Tribunal Superior de Justicia creo, por tanto, un tratamiento jurídico discriminatorio a partir de un criterio como el relativo a la filiación adoptiva, expresamente prohibido por el art. 14 en relación con el art. 39.2 (LA LEY 2500/1978) CE.
La conclusión alcanzada en la sentencia no supone, a juicio del propio Tribunal Constitucional, una aplicación retroactiva de las disposiciones constitucionales, sino el sometimiento y adecuación de la apreciación del órgano judicial al régimen constitucional en vigor cuando toma efecto la previsión testamentaria y, por lo tanto, cuando se ha de enjuiciar el cumplimiento de la condición impuesta por el testador.
Como consecuencia del otorgamiento del amparo se acordó la nulidad de las sentencias dictadas en las diferentes instancias y la retroacción de las actuaciones al momento anterior a dictar sentencia en primera instancia a los efectos de dictar otra respetuosa con el derecho de las recurrentes a no ser discriminadas por razón de su filiación.
COMENTARIO
Como se ha expuesto con anterioridad, el Tribunal Constitucional rechaza abiertamente la interpretación llevada a cabo por los Tribunales ordinarios sobre el alcance del término "hijos legítimos" incluido en la disposición testamentaria. El Tribunal Superior de Justicia razonaba que interpretando la voluntad del testador, tanto literalmente como en relación a las disposiciones vigentes en el momento en que se estableció la cláusula testamentaria (año 1927) o el momento en que se abrió la sucesión (año 1945), no dejaba lugar a dudas acerca de que no podían entrar en posesión de la herencia quienes no tuvieran la condición de hijos legítimos.
Por el contrario, para el Tribunal Constitucional está interpretación no se presentaba, en absoluto, con la claridad y el carácter incontrovertible que destacaba la sentencia impugnada. Además los órganos judiciales contaban con un margen de arbitrio dentro del cual podían realizar, de forma razonable, una interpretación distinta del término "hijos legítimos". Frente a la interpretación sostenida por los Tribunales ordinarios, el Tribunal Constitucional mantiene que cabía otra distinta consistente en interpretar la voluntad del testador "de conformidad con la situación jurídica propia del momento en que debía ejecutarse la sustitución", condición que se cumplió en el año 1997 cuando falleció el heredero instituido en primer lugar, esto es, una vez la CE de 1978 (LA LEY 2500/1978) estaba ya en vigor, como sostenían las demandantes en su recurso de amparo. La existencia de esta interpretación alternativa encaminada a eliminar un tratamiento discriminatorio hace que la utilizada en las resoluciones judiciales impugnadas contradiga abiertamente el art. 14 (LA LEY 2500/1978) CE.
El Tribunal Constitucional trae a colación como fundamento de su conclusión, la doctrina establecida en la STEDH caso Pla y Puncernau contra Andorra, de 13 de julio de 2004, a la luz del art. 14 en relación con el art. 8, ambos del CEDH, en un supuesto de interpretación de una cláusula testamentaria redactada en 1939, en donde se instituía una sustitución fideicomisaria en favor "de un hijo o de un nieto de un matrimonio legítimo y canónico". Para el TEDH no había ninguna duda sobre el carácter legítimo y canónico del matrimonio del padre del demandante (hijo adoptivo), por lo que la cuestión se centraba en interpretar si el término "hijo" empleado en el testamento aludía solamente a los hijos biológicos o también a los adoptivos. La sentencia censura la interpretación llevada a cabo por los Tribunales andorranos en virtud de la cual "puesto que la testadora no había dicho expresamente que no excluía a un hijo adoptivo es que quiso excluirlo", por estimarla demasiado forzada y contraria al principio general del derecho según el cual si el enunciado está exento de ambigüedad, no hay necesidad alguna de preguntarse sobre la voluntad de aquel que así se ha expresado. Y a modo de conclusión afirma, en su parágrafo 62, que "suponiendo incluso que la cláusula testamentaria en cuestión hubiese requerido una interpretación por parte de los tribunales internos, ésta no podría hacerse exclusivamente a la luz del contexto social en vigor en el momento de la redacción del testamento o del fallecimiento de la testadora, en este caso en 1939 y en 1949, en la medida en que, concretamente, transcurrió un periodo de cincuenta y siete años entre la fecha del establecimiento del testamento y el momento de la apertura del mismo &#8211;año 1996-. En presencia de un intervalo de tiempo tan largo, en el curso del cual se produjeron profundos cambios tanto en el ámbito social como económico y jurídico, el Juez no puede ignorar estas nuevas realidades. Ello es válido también para el ámbito testamentario en el que cualquier interpretación, suponiendo que fuese necesaria, debe indagar cuál era la voluntad del "de cuius" así como el efecto útil del testamento, conservando siempre el espíritu de que "no se puede presumir que el testador hubiese deseado lo que no ha dicho", y sin olvidar conferir a la disposición testamentaria el sentido más conforme con el derecho interno y con el Convenio, tal y como es interpretado por la jurisprudencia del Tribunal". 
Por otro lado, el Tribunal Constitucional descarta que fuera de aplicación al caso analizado la doctrina establecida en el ATC 22/1992, tal como sostenía la sentencia impugnada como fundamento de su pronunciamiento. Las circunstancias analizadas en esta última resolución no eran las mismas que en el caso ahora examinado. En dicho antecedente el demandante de amparo &#8211;hijo adoptivo de uno de los sobrinos de la testadora- alegaba la vulneración del derecho a la igualdad del art. 14 (LA LEY 2500/1978) CE por discriminación, en cuanto a sus derechos sucesorios en la herencia de su tía paterna con respecto a los dos hijos de otra de las sobrinas de la testadora, discriminación que entendía derivada de ser hijo adoptivo y los otros dos hijos por naturaleza. En este caso el fallecimiento de la testadora (tía paterna) había tenido lugar en el año 1931 y el fallecimiento del padre adoptivo del demandante de amparo en el año 1972, en el que tuvo lugar la apertura de la sucesión testamentaria, momentos ambos en los que no estaba vigente el principio constitucional de no discriminación por razón de filiación proclamado en el art. 14 (LA LEY 2500/1978) CE de 1978 por lo que el Tribunal Constitucional inadmitió la demanda de amparo. Por eso el Tribunal Constitucional, tras advertir dichas diferencias, señala que del contenido del referido ATC 22/1992 no deriva en modo alguno que el ejercicio de la potestad jurisdiccional con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución pueda dejar de estar sometido al régimen que de ella se deriva. 
A destacar que la sentencia objeto del presente comentario cuenta con un voto particular según el cual las prohibiciones de discriminación contenidas en el art. 14 (LA LEY 2500/1978) CE no se proyectan sobre los actos de liberalidad inter vivos o mortis causa. Añade, a continuación, que "en materia de interpretación de disposiciones testamentarias la única regla básica de nuestro derecho es la indagación de la voluntad del testador", por lo que, concluye, que si, tras la oportuna labor exegética, el órgano judicial alcanzase la conclusión de que la misma fue excluir de la herencia a los adoptados....., tal consecuencia no entra por sí misma en colisión con el art. 14 (LA LEY 2500/1978) CE, pues tanto ese resultado como el contrario son opciones igualmente válidas constitucional y legalmente, acordes con el ejercicio de la libertad de testar, ante las cuales los poderes públicos han de mantenerse neutrales".
No obstante, la tesis mayoritaria se construye y desarrolla en otros términos que avalan por parte de los órganos judiciales la utilización de un dinamismo interpretativo, desde las exigencias que impone el principio constitucional de prohibición de tratamiento discriminatorio por razón de filiación, que atienda tanto al momento temporal concreto como al contexto social y jurídico en que la cláusula testamentaria deba surtir efecto y descarte cualquier tesis interpretativa alternativa que choque frontalmente con los postulados reconocidos en el art. 14 (LA LEY 2500/1978) CE.