EL DERECHO
EDJ 1995/8089
 
Audiencia Provincial de Las Palmas, sec. 1ª, S 28-6-1995, rec. 72/1995. Pte: Castro Feliciano, Antonio Juan

FICHA TÉCNICA
Legislación
Cita art.896 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
Cita art.67, art.68, art.97, art.103.3, art.142, art.143, art.144, art.145, art.151 de RD de 24 julio 1889. Código Civil

 
ANTECEDENTES DE HECHO
 
PRIMERO.- En dicha sentencia se estimó parcialmente la sentencia de separación matrimonial interpuesta, así como también parcialmente la reconvención, y declara la separación matrimonial de los cónyuges y como medidas complementarias las siguientes: El menor hijo del matrimonio quedará bajo la custodia del padre, con patria potestad compartida con la madre, estableciendo régimen de visitas para aquélla; el uso de la vivienda familiar se atribuye al menor hijo del matrimonio y al padre que con él convive; se fija como pensión alimenticia a apercibir por la esposa la cantidad de 125.000 pts. y en 150.000 pts. mensuales la pensión compensatoria a cargo del esposo, actualizables ambas cantidades anualmente conforme a las variaciones de los índices de los precios al consumo. No se hace expreso pronunciamiento en cuanto a las costas procesales.
SEGUNDO.- Contra la expresada resolución se interpuso por la parte demandada recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos por lo que, previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a esta Sala, en que tuvieron entrada el día 12 febrero 1995, y seguidos los pertinentes trámites, se señaló día para la vista, solicitando las partes comparecidas lo que estimaron pertinente a sus pretensiones.
TERCERO.- En la tramitación de esta alzada se han observado las prescripciones legales.

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
PRIMERO.- La parte apelante inicia su informe ante la Sala solicitando la revocación de la sentencia en cuanto a no apreciación de la causa de separación matrimonial por ella alegada en al reconvención.
Como sabemos el CC, al regular la separación matrimonial, establece dos sistemas, que se han venido a llamar “de mutuo acuerdo” y “contencioso”, siendo este último aquél en que la separación es solicitada por uno solo de los cónyuges, cuando el otro esté incurso en causa de separación (art. 81), estableciendo el art. 82 cuáles sean estas causas, entre las que se encuentra cualquier violación grave y reiterada de los deberes conyugales. La interpretación de este precepto, relacionándolo con los art. 66 al 68 del propio Cuerpo legal, ha de hacerse de una manera flexible y amplia, teniendo en cuenta la realidad social de tiempo en que han de aplicarse conforme al art. 3,1 del mismo Código; de ahí que, tanto la doctrina como la jurisprudencia -descartada por el Código cualquier referencia a la culpabilidad de uno de los cónyuges, que no ha de incluir ni en la estación de la solicitud de separación, ni en las medidas complementarias a adoptar- admitan como motivo de separación matrimonial la genérica constituida por la quiebra de la convivencia conyugal, la vida en común demasiado difícil y, en fin, la desaparición de la affectio conyugalis (básica en matrimonio), sin necesidad de imputar a la parte demandada o reconvenida hechos o conductas concretas constitutivas de causa de separación. Es suficiente llegar al convencimiento de que en la pareja se ha creado una situación desafecto marital, con quiebra del respeto mutuo y pacífica convivencia, pues ello es suficiente para deducir la ruptura matrimonial y supone la violación grave de los deberes conyugales.
Pretender en esta alzada, estimada la petición principal de ambos cónyuges, que se decrete la separación, incidir en cuál haya sido la causa concreta que determinó la ruptura de la relación afectiva que debe reinar entre los esposos, que -insistimos- no ha de producir efecto alguno en las medidas a adoptar, no conduce a clarificar lo que verdaderamente es objeto del recurso, es decir (como en tantas ocasiones) el aspecto económico de la misma; y de ahí que, en este punto, la sentencia de instancia (que hace un exhaustivo estudio y razona en profundidad y acierto las causas de separación alegadas) ha de ser confirmada.
SEGUNDO.- A la vista de las alegaciones hechas y las pruebas aportadas por las aportes en este procedimiento, cabe preguntarse si es procedente el sañalamiento a la esposa de los solicitados en el proceso de separación, juntamente con la pensión compensatoria, también solicitada.
No cabe duda que la obligación de alimentos y la pensión compensatoria son instituciones distintas que responden a presupuestos y fundamentos diferentes. La primera de ellas aparece regulada en los arts. 142 y ss CC , y obedece a criterios de necesidad: nace con el fin de proveer lo indispensable para atender las exigencias vitales, tomando como base de su otorgamiento la necesidad de quien lo solicita y los recursos del obligado a entregarlos, siendo irrenunciable (art. 151 CC ). Por el contrario, la pensión compensatoria (recogida en el art. 97 CC ) encuentra su razón de ser en el desequilibrio económico experimentado por alguno de los esposos como consecuencia de al separación o divorcio, desequilibrio que supone un presupuesto más amplio que la necesidad, en cuanto destinado a cubrir, no solamente las necesidades vitales, sino también, y fundamentalmente, a restablecer o reparar el perjuicio económico derivado de la ruptura de la vida conyugal, con posibilidad de renuncia por los cónyuges.
En principio nada obsta a que el cónyuge separado, a pesar de no haber obtenido pensión compensatoria en el procedimiento de separación, pueda solicitar y obtener con posterioridad a la sentencia dictada en aquél y en procedimiento distinto, alimentos del cónyuge del que se encuentra separado judicialmente, dada la distinta finalidad de una y otra institución, pues el vínculo matrimonial genera ope legis en el marido y en la mujer una pluralidad de derechos y deberes, entre los que se encuentra el del socorro mutuo (art. 68 CC ), obligación que es exigible cualquiera que sea la situación legal del matrimonio, mientras éste subsista. En las situaciones de normalidad en el desarrollo del matrimonio, con cabal cumplimiento de los esposos de los deberes regulados en los arts. 67 y 68 CC , la deuda alimenticia o de socorro material entre ambos queda comprendida por la más amplia de contribuir a levantar las cargas del matrimonio con arreglo a los arts. 1318, 1362 y 1438; pero cuando se ha roto la convivencia conyugal entrara en liza - tal como dice la STS 25 noviembre 1985- el art. 143 del mismo Cuerpo legal.
Pero en punto a la coexistencia en el mismo proceso de separación matrimonial de solicitud de ambas formas de auxilio económico, no existe un criterio claro y unánime. Así, en la única sentencia del Tribunal Superior en que se trata de la cuestión, la de 2 diciembre 1987, parece partirse de la posibilidad de concurrencia de ambas pensiones -la alimenticia y la compensatoria- cuando después de dejar sentada la doctrina de que el art. 97 no es una norma de carácter imperativo, sino de Derecho dispositivo, añade “...todo ello con independencia de la facultad de pedir alimentos si se cumplen los requisitos legales como derecho concurrente”.
Por el contrario, algunas sentencia de Audiencias Provinciales sostienen la posición contraria, al entender que las necesidades alimenticias entre los cónyuges quedan absorbidas dentro del concepto de pensión compensatoria, como se desprende del texto del art. 97,8 CC , en el que se establece que la pensión por desequilibrio económico se determinará teniendo en cuenta, entre otras, la circunstancia siguiente: “caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge”; de tal suerte que dicho precepto ocupa el lugar que anteriormente correspondía los arts. 143 y 144 CC. La SAP Madrid 22 noviembre 1992 dice que cualquier reclamación económica asistencial entre cónyuges, no sólo en la litis de divorcio, sino también en la separación, ha de encontrar su único cauce adecuado en el marco del art. 97 CC bajo el concepto de pensión compensatoria, en la que ciertamente pueden englobarse los antiguos derechos alimenticios, como lo revela la redacción de tal precepto al hablar en su circunstancia 8ª del “caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge”, quedando por tanto concentradas bajo tal ropaje jurídico tanto las finalidades estrictamente compensatorias, como las de índole alimenticio. Y más recientemente, SAP Madrid 20 enero 1995 establece que si bien en sede de medidas provisionales cualquier prestación económica periódica a cargo de uno y otro cónyuge ha de englobarse necesariamente bajo el concepto genérico de cargas del matrimonio, al que se refiere el art. 103,3 CC , ya sea su destino satisfacer necesidades alimenticias de los hijos, ya del otro consorte, o tenga la atribución pecuniaria otra finalidad, sin embargo, no es viable el mantenimiento de tal generalización en la litis principal, en cuanto que el art. 93 exige que las prestaciones a favor de la prole sean concedidas bajo la conceptuación técnico-económica de alimentos, mientras que las destinadas al marido o a la esposa han de encontrar su cobijo legal en el art. 97, bajo la denominación de pensión compensatoria, y si bien es cierto que el art. 91 sigue hablando de “cargas del matrimonio”, es evidente que, por el imprescindible desglose de los anteriores conceptos, el contenido de las mismas no puede tener ya el alcance generalizador que ostentaba en la fase de medidas provisionales, pasando, por el contrario, a tener un carácter meramente residual, para abarcar fundamentalmente aquellas obligaciones que, contraídas durante el matrimonio frente a terceros, han de seguir siendo afrontadas, no obstan la ruptura de la unón matrimonial.
Nos inclinamos, en principio, por la primera de las posturas expuestas, dado que la pensión alimenticia exige que el preceptor necesite unos medios económicos ajenos para su subsistencia; como entre los esposos persiste la obligación de prestarse alimentos a pesar de la separación legal, este derecho no se ve afectado por ella, lo que no sucede con el divorcio, al implicar la separación del vínculo conyugal. En cambio, la pensión compensatoria tiene su origen en el desequilibrio económico que se pueda producir en un cónyuge en relación con el otro por causa de la separación no el divorcio; no es necesario que el beneficiario se encuentre desamparado económicamente: puede incluso no estarlo, puesto que basta que se haya producido un notorio cambio en su nivel de vida. Por lo demás, si ambas pensiones se equipararan, en los supuestos de divorcio se estaría reconociendo un derecho a percibir alimentos en favor de alguien que ya no tiene derecho a ellos, al haber desaparecido la relación conyugal, la única que podía justificarlos; sin que el hecho de que para fijar ambas pensiones se sigan unos criterios similares pueda abonar su identificación, pues lo que distingue las instituciones jurídicas es su naturaleza y su configuración, lo los medios para indicar sus límites objetivos.
TERCERO.- Partiendo, pues, de la posibilidad de coexistencia de ambas pensiones en los procedimientos de separación, y acreditado en autos la procedencia de alimentos para la esposa, dado que ésta no percibe ingresos propios para su subsistencia, y teniendo en cuenta el concepto mismo de alimentos (art. 142 CC ) y las circunstancias que han de tomarse en consideración para fijar su cuantía (art. 145 CC ), procede señalar la que después se dirá, substancialmente inferior a la establecida en la sentencia recurrida.
En cuanto al derecho a la pensión compensatoria, viene condicionado por dos componentes fácticos: a).- El que la separación o divorcio le produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro; y b).- Que ello implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio. Y estos presupuestos de hecho, que operan como condiciones sine qua non, han de acreditarse en el procedimiento en que se solicite la pensión, pues de otro modo no puede declararse el derecho a su percibo. Requisitos de orden fáctico que concurren en el caso enjuiciado, por más que los ingresos del esposo dependan casi exclusivamente (además del por el trabajo que aquél realiza en un negocio al parecer ganancial) de los bienes adquiridos constante matrimonio, lo que determinaría que, una vez liquidada la sociedad e gananciales, el replanteamiento de la cuestión de la existencia o no del desequilibrio y empeoramiento de la situación de uno de los cónyuges.
Atendiendo al caudal y medios económicos con que actualmente cuenta el esposo, así como a las demás circunstancias que concurren (edad, estado de salud, cualificación profesional y probabilidades acceder a un puesto de trabajo, etc., art. 97 CC ), teniendo en cuenta además de las demás obligaciones pecuniarias que han de recaer sobre el esposo y la atención que ha de prestar a los hijos del matrimonio; y que la esposa también ha de contribuir a los alimentos de los hijos, la pensión compensatoria a cargo del esposo se fija en la cantidad que se establecerá en el Fallo de esta resolución, en todo caso inferior a la señalad en la sentencia de instancia.
TERCER.- (sic) Procede, pues, la estimación parcial del recurso de apelación interpuesto, revocando también parcialmente la sentencia recurrida, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas en esta alzada (art. 896 LEC ).

 
FALLO
 
Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la presentación procesal de D. Alberto contra la sentencia del JPI San Bartolomé de Tirajana núm. 7 de 22 diciembre 1994, que revocamos en el único sentido de fijar el importe de la pensión alimenticia que el esposo ha de entregar a la esposa en la cantidad de 50.000 pts. mensuales; y la de la pensión compensatoria en 100.000 pts. mensuales, actualizables ambas cantidades conforme a las variaciones de los índices de precios al consumo, confirmando el resto del fallo recurrido, y sin hacer expreso pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas en este recurso.
Lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Castro Feliciano.- Rodríguez Rosales.- Abella Maeso.