Un cambio trascendental en décadas
El día 3 de septiembre se conmemoró el segundo aniversario de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, una reforma legislativa que marcó un hito en la legislación civil y procesal española al respaldar a las personas con discapacidad en el ejercicio pleno de su capacidad jurídica. Este marco normativo puso fin al proceso de incapacitación judicial para este colectivo, reconociendo su derecho a tomar decisiones con el respaldo de los apoyos necesarios. La ley encomendó a los notarios la responsabilidad de este proceso. Agustín Matía, director gerente de DOWN ESPAÑA, resalta: «Estamos hablando de la modificación legal más significativa y fundamental en relación a la discapacidad en décadas».
Desde la implementación de esta ley, y con la orientación y asesoramiento de los notarios, las personas con discapacidad han podido designar quién les brindará apoyo y en qué medida. Además, se han establecido salvaguardias esenciales para garantizar que su libertad sea respetada en todo momento y circunstancia. Así lo enfatiza José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado.
Antes de la aprobación de esta normativa, para ejercer sus derechos, ya sean de índole patrimonial, familiar o sucesoria, muchas personas con discapacidad debían solicitar -ellos o sus familiares- su incapacitación judicial.
Patricia Arrizabalaga, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, explica que ahora las personas con discapacidad, en el ejercicio de su capacidad jurídica, son tratadas en igualdad de condiciones con las demás. Toman decisiones con el apoyo necesario, ni más ni menos. La persona con discapacidad es el foco central del sistema, protagonista absoluta, como debe ser en un modelo social basado en los derechos humanos.
- Avances significativos
Las organizaciones que representan a las personas con discapacidad valoran de forma muy positiva esta transformación. Agustín María, desde DOWN ESPAÑA, afirma: «Hace unos años pensábamos que tardaríamos mucho en verlo, y se está dando antes de lo que imaginábamos. Es un ejemplo de que el cambio es posible cuando hay personas que impulsan». Destaca «avances significativos» en estos dos años.
«Hablamos de una intervención en el máximo nivel de reconocimiento de derechos y capacidad jurídica para personas con discapacidad. Por lo tanto, el desafío de este cambio es enorme. Todos somos conscientes de que llevará muchos años asimilarlo por completo en el funcionamiento de todo el sistema y, sobre todo, en la mentalidad de todos, incluidos los agentes jurídicos, las familias y las propias personas con discapacidad. No es un asunto menor», subraya Matía.
«Se están emitiendo, gradualmente, sentencias judiciales en algunos casos que están transformando el concepto de incapacitación hacia un enfoque más basado en el apoyo», señalan desde DOWN ESPAÑA.
Matía apunta que «se están emitiendo, poco a poco, sentencias judiciales en algunos casos que están cambiando el concepto de incapacitación hacia un enfoque mucho más basado en el apoyo. Han surgido, al anularse las sentencias de incapacitación, muchas más resoluciones en este sentido, reconociendo medidas de apoyo o poderes colectivos de forma privada a través de notarios de manera más generalizada, lo cual era uno de los objetivos de la ley: reducir la intervención judicial y dar más peso al control personal».
- Sesgos en ciertas sentencias
Admite que, durante este tiempo, desde las entidades han observado -«era previsible que sucediera», menciona-, algunas sentencias judiciales que aún mantienen «mecanismos de control o tutela cuando no serían necesarios o podrían realizarse de otra manera. Hemos visto varias sentencias que reflejan estos automatismos». Insiste en que están en proceso de revisión de todas estas sentencias y que en algunas aún persiste un sesgo hacia cierta supervisión judicial cuando no sería necesaria.
El sistema actual, agrega, contempla la figura de «curatela representativa» en casos límites o extremos en los que la persona se encuentra en una situación de indefensión tal que requiere supervisión y seguridad de control personal; estos son casos en los que la persona no se puede valer por sí misma. «Estamos viendo algunas sentencias que se podrían mejorar, pero somos conscientes de que el hábito por sí mismo irá generando este cambio; incluso en esos casos, especialmente en discapacidad intelectual», indica Matía.
- Ofrecer directrices a los legisladores
Agustín Matía subraya la relevancia de que las familias abandonen la noción del sistema anterior, basado en un control judicial para brindar seguridad, y entiendan la actual orientación hacia un control más personal, que busca potenciar la capacidad de decisión de la persona hasta donde sea viable. Destaca como positivo el reconocimiento de la necesidad de fortalecer ciertos aspectos, como proporcionar directrices, recomendaciones o protocolos de actuación a los operadores jurídicos, subrayando que estos documentos están siendo elaborados. Asimismo, enfatiza la valentía de los operadores jurídicos y destaca el papel fundamental de los legisladores en este cambio, comparándolo con la falta de avances en otros sectores, como la educación.
- Más vulnerabilidad
Por su parte, Almudena Castro-Girona, notaria y directora de la Fundación Aequitas, niega la existencia de desprotección para las personas más vulnerables, una acusación que se planteó en ciertos sectores al inicio de la entrada en vigor de la ley y que la realidad ha desmentido por completo, según su experiencia. «Sin capacidad jurídica, no hay verdadera libertad», resume en su conversación con este diario. Esta profesional se enfrenta en su trabajo diario a casos concretos de aplicación de esta ley que requieren del notario una mayor dedicación para que las salvaguardias previstas en la ley funcionen.
El cambio legal se vio motivado por una convención de Naciones Unidas que establece que la presencia de una discapacidad no debe implicar que las personas que la padecen vean reemplazadas todas sus decisiones por otras personas. El organismo internacional reconoce que todos somos titulares de derechos, y la capacidad de acción de este colectivo puede requerir apoyos para ejercerlos.
«Es similar a cuando cualquier persona busca asesoramiento para realizar su declaración de impuestos», agrega la notaria, insistiendo en que la incapacitación judicial debe ser el último recurso, ya que todas las personas tienen dignidad, deseos y preferencias.
- Uso de pictogramas
La labor del notario implica escuchar con atención a las personas con discapacidad que llegan a su despacho para llevar a cabo cualquier trámite, incluso utilizando pictogramas cuando es necesario. Además, se documenta minuciosamente cómo se ha formado su voluntad, incluso con la presencia de testigos. «No se trata de tener dudas, sino de respaldar su derecho ante posibles impugnaciones», explica, al mismo tiempo que pide medidas sociales que acompañen a la normativa.»
