A finales de los años 80, se inició la batalla contra el blanqueo de capitales como respuesta al lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Con el tiempo, esta estrategia se ha ampliado para abordar el ocultamiento de fondos derivados de actividades financieras ilícitas y destinados al financiamiento del terrorismo. Como parte de este esfuerzo, diversos sectores, incluyendo bancos, inmobiliarias, casinos, abogados y notarios, están legalmente obligados a informar a las autoridades acerca de cualquier actividad sospechosa que identifiquen.
El punto de inflexión ocurrió en marzo de 2005 con la operación «Ballena Blanca», la cual desarticuló una red que habría blanqueado más de 250 millones de euros en la Costa del Sol. Esta situación motivo al Consejo General de los Notarios españoles a colaborar con los ministerios de Economía y Justicia para crear el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP) de los notarios.
La puesta en marcha de este sistema, a través de una orden ministerial de Economía en septiembre de ese mismo año, permitió una colaboración directa con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), así como con autoridades policiales, fiscales y judiciales. Desde su inicio en enero de 2006 hasta junio de 2023, el OCP ha comunicado 9,169 operaciones sospechosas y ha brindado información sobre más de 300,000 individuos. Estos esfuerzos han contribuido a desmantelar redes de corrupción y rastrear activos bloqueados debido a sanciones internacionales.
El éxito del modelo español ha sido reconocido internacionalmente. El Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI) elogió en 2014 las medidas de España como un ejemplo de buenas prácticas. Esta eficacia ha captado la atención de múltiples países, incluyendo Perú, Costa Rica, Brasil, Francia, Italia y Japón, quienes han buscado orientación para desarrollar estrategias similares.
El OCP tiene la capacidad de analizar millones de documentos notariales, cruzando información en su Índice Único Informatizado y su base de datos de Titularidad Real. Esto permite identificar patrones y operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Además, puede proporcionar información requerida por las autoridades en cuestión de minutos.
El sistema del OCP es especialmente relevante dado que el blanqueo rara vez ocurre en una única instancia, sino a través de operaciones interconectadas. Así, este órgano se destaca como un instrumento esencial en la lucha global contra el blanqueo de capitales y el fortalecimiento de la transparencia financiera.
