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«El fedatario no alertó del pago de 1,85 millones a través de una compañía que tenía un capital de 6.000 euros»… El supuesto nos ha recordado al mediático caso Ballena Blanca, acontecido en Marbella en 2005. Prácticamente todos sabemos cómo comenzó… no muchos -fuera del gremio- que terminó con la completa absolución de los notarios acusados -«no cometieron delito alguno», reza literalmente la sentencia- (más aquí).
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Nada se dice en la noticia de la actuación del Registrador de la Propiedad ni tampoco de la Oficina Liquidadora. Para no enturbiar más la cuestión, prescindimos de esta otra.
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Tiene que haber más. Los solos datos que constan en la noticia probablemente serían insuficientes para causar la investigación del notario en cuestión: no es el capital sino la situación contable de una sociedad lo que realmente determina su infracapitalización; así, por ejemplo, no es ilícito, aunque tenga sus riesgos, que una sociedad necesitada de capital, en lugar de llevar a cabo un aumento del mismo, se brinde a que sus socios a título de acreedores le concedan un préstamo (un ejemplo, aquí). En otras palabras, importan las cuentas, los avales de la sociedad… y no tanto su capital (más aquí).
- Resulta por lo demás que el Notario no es un experto contable.
- En último término, si en atención al montante de la operación en cuestión el Notario debe en todo caso controlar la adecuación capitalización -¿nominal y/o real?- de la sociedad concernida, ¿por qué no se indica así «expresamente» en el correspondiente manual de procedimiento?
Sea como fuere, a quien sienta mínima inclinación a trasgredir la presunción de inocencia, ¿puedo sugerirle un artículo de Notario del siglo XXI? No tiene desperdicio. Hélo aquí: a unos habría de causar sonrojo, a otros esperanza… y a todos reflexión.
- La fiscalía le acusa de imprudencia grave por no alertar de operaciones sospechosas
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El notario AAA será juzgado este lunes en la Audiencia de Palma como presunto cooperador en un caso de blanqueo de capitales. La fiscalía le acusa de imprudencia grave por no haber alertado a las autoridades antifraude de la sospecha del manejo de dinero sucio en una compraventa inmobiliaria en Mallorca, por un valor declarado de 1,85 millones, que se formalizó en su notaría.
El fiscal anticorrupción Juan Carrau pide para el fedatario público 16 meses de cárcel, una multa de dos millones de euros y cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión. Esta causa es una de las piezas de la Operación Relámpago, un escándalo de fraude, evasión de impuestos y dobles ventas que investiga la Fiscalía Anticorrupción en Palma desde 2007.
En el registro efectuado en el bufete de abogados XXX de Palma, se identificaron 816 compañías, de las que 161 estaban en paraísos fiscales. También se escrutó la notaría de AAA y DDD, este último exonerado antes del juicio.
Operación Relámpago
Las diferentes piezas de la operación han permitido al Estado recuperar más de 20 millones por multas e impuestos impagados. Gran parte de las sentencias han sido por conformidad. Cuatro abogados de la familia XXX (…) han sido condenados a penas de cárcel que no han motivado su ingreso en prisión, por complicidad en los delitos fiscales que cometieron sus clientes. Una de sus ex clientes, la cantante Ana Torroja, fue condenada por tres delitos fiscales al pago de 1,5 millones.
El fiscal Carrau sostiene que el notario AAA “omitiendo sus obligaciones legales posibilitó que se introdujesen fondos ilícitos en el circuito económico ordinario”. El acusador destaca que el fedatario no alertó del pago de 1,85 millones a través de una compañía que tenía un capital de 6.000 euros. AAA, en 1995, fue secretario general del PP balear.
En el banquillo habrá otros imputados. Al negociante británico PB (condenado por fraude en el Reino Unido y preso) se le reclama una condena de doce años de prisión por tres delitos fiscales y multas por 3,2 millones de euros. Al letrado Alejandro XXX, se le piden 16 años de cárcel y siete millones de multa por blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Fuente: elpais.com
