El decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Fernández-Bravo Francés y el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega Pérez, han firmado este lunes un convenio de colaboración con la finalidad de facilitar a los ciudadanos, y a la propia Institución, los trámites relacionados con la gestión de tributos municipales.
El convenio afecta al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía, ha informado el Colegio en un comunicado.
Entre los objetivos del convenio está prestar un mejor servicio público a los contribuyentes, suponiendo ventajas evidentes el ahorro de tiempo y de costes de desplazamientos a las oficinas de la administración tributaria y a las entidades financieras. Además se incrementa la rapidez en la gestión de sus asuntos, al sustituirse los actuales trámites en papel por trámites electrónicos.
A partir de la entrada en vigor del convenio los ciudadanos podrán solicitar, en la notaria en la que se produce la compraventa y en el momento de la misma, y respecto de los municipios que hayan delegado la gestión en la Diputación, la información y posibilidad de pago de las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), así como la autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), obteniendo la correspondiente carta de pago.
Para lograr los mejores niveles de control, seguridad y garantías, los notarios y la Diputación de Guadalajara utilizaran los recursos del Sistema Integrado de Gestión Notarial SIGNO, desarrollado y gestionado por la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT), incluyendo liquidaciones telemáticas, copias simples electrónicas o envío telemático de formularios.
La Diputación de Guadalajara pone a disposición de los notarios, como colaboradores de la misma al amparo del artículo 92 de la Ley General Tributaria, el acceso a los ficheros informáticos precisos para asistir en la gestión de impuestos, conforme a la legislación vigente y a las normas de la Dirección General de Catastro, con el consentimiento de los afectados en cuanto se refiera al acceso a los datos personales.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años a partir de su firma, y se prorrogará de forma automática por el mismo período de tiempo salvo denuncia por una de las partes.
