Pedimos la colaboración del ministerio para que haya una disposición transitoria, que no paremos el sector. En junio, julio y agosto, no se va a firmar ninguna hipoteca y no nos lo podemos permitir
«Pedimos la colaboración del ministerio para que haya una disposición transitoria, que no paremos el sector. En junio, julio y agosto, y buena parte de septiembre, no se va a firmar ninguna hipoteca y no nos lo podemos permitir». Así de contundente se ha mostrado Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de los promotores y constructores de España (APCE) y presidente de los promotores de Madrid (ASPRIMA) durante las conferencias que son la antesala a la mayor feria inmobiliaria (SIMA) cuyas puertas abren mañana.
Gómez-Pintado anticipa un parón en el mercado hipotecario debido a la Ley de Créditos Inmobiliarios que entra en vigor el próximo 16 de junio ya que considera, entre otros aspectos, «que las plataformas de los notarios no funcionan y hay una importante descoordinación entre los bancos y las notarías».
El presidente de la patronal de los promotores ha puesto voz a una situación que preocupa al conjunto del sector en un momento en el que el mercado residencial comienza a mostrar los primeros síntomas de agotamiento. «Las firmas de las hipotecas de las viviendas que se vayan a entregar durante los próximos meses se verán afectadas, si bien, esperamos que el retraso sea de apenas unos días», explica uno de los directivos de una de las grandes promotoras que prefiere mantener el anonimato.
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El temor, no obstante, se extiende más allá de las hipotecas pendientes de firmar, ya que el conjunto de sector también espera que se dificulte aún más el acceso a financiación a las rentas más bajas, de quienes dependen buena parte de las ventas futuras de los promotores. Sin olvidar un previsible impacto sobre las condiciones de las hipotecas, cuyo coste se encarecerá, según el propio Banco de España.
«¿Tiene sentido una ley que restrinja el mercado hipotecario?», se pregunta Juan Fernández Aceytuno, director general de Sociedad de Tasación que coincide con Gómez-Pintado en su diagnóstico sobre el impacto de la entrada en vigor de la ley en el mercado hipotecario. «Se producirá un parón en el último semestre del año y mucha gente se quedará fuera del mercado», ha dicho.
En un informe sobre la economía española, la autoridad monetaria reconocía que «los mayores gastos de constitución de hipotecas soportados por los prestamistas y, en particular, los límites a las comisiones máximas por amortización anticipada en los contratos a tipo fijo podrían propiciar un cierto aumento de los tipos de interés de los nuevos préstamos», especialmente en el caso de los aplicados a esta última modalidad.
Asimismo, el retraso en la recuperación de la deuda impagada para los prestamistas «podría traducirse en un cierto endurecimiento de las condiciones crediticias, sobre todo en las aplicadas a los deudores con un mayor perfil de riesgo«, añade la entidad. Y los requisitos más estrictos de evaluación de la solvencia del prestatario podrían contribuir a reforzar estos efectos, al tiempo que favorecerían una mejora de la calidad de la cartera crediticia de las entidades.
Empieza la cuenta atrás
La entidad espera que la introducción en la norma de cláusulas de obligado cumplimiento, como la regulación del vencimiento y del reembolso anticipados, y el reforzamiento de la información disponible para los clientes en la fase precontractual, contribuyan a reducir la inseguridad jurídica y la elevada litigiosidad actual. Y esto, añade, «debería redundar en una mayor actividad crediticia y en un mejor funcionamiento del segmento hipotecario».
A partir del próximo 16 de junio, con la nueva ley, los bancos deberán encargarse del impuesto sobre actos jurídicos documentados, IAJD, de los gastos de la primera copia del notario, registro y gestoría, mientras el cliente abonará las segundas copias del notario y los gastos de tasación. Además, la norma elimina las cláusulas suelo y es más exigente con el inicio del procedimiento de desahucio, que solo podrá comenzar si hay 12 cuotas impagadas o el 3% del capital prestado en la primera mitad de la vida del préstamo, o 15 cuotas o el 7% en la segunda mitad del crédito.
Los bancos deberán dar a los clientes 10 días para analizar la información precontractual de los préstamos inmobiliarios antes de firmarlos y tendrán que ofrecer una ficha estandarizada para que el cliente pueda comparar las condiciones hipotecarias que le ofrece cada entidad. Y el cliente podrá subrogar sin costes y libremente su hipoteca, y entre las entidades se establecerá un mecanismo de compensación basado en los intereses cobrados y los pendientes de cobro vinculados al coste por los gastos de constitución de la hipoteca.
