.
«Si usted intuye que hay cuatro posibilidades de que una gestión vaya mal y las evita, al momento aparecerá espontáneamente una quinta posibilidad...» -Edward A. Murphy Jr-.  Sea o no el caso, lo cierto es que la propuesta del señor Ministro no parece satisfacer a ninguno de los colectivos afectados: registradores de la propiedad -y mercantiles-, secretarios judiciales… ¡y ahora también notarios! ¿Buena o mala señal?
 
Dejamos aparte la mención que en la propuesta se realiza a los juzgados de Paz (cfra. DA 5ª de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil)
 

.
.
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

Pleno Núm. 117 24 de junio de 2014
 
 

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: … Señor ministro, en respuesta escrita a una pregunta parlamentaria de este senador, su ministerio dijo literalmente que tiene previsto remitir el Proyecto de Ley relativo a los registros civiles antes del 22 de julio de 2014. Queda menos de un mes. ¿Sabe ya el Gobierno de España qué quiere hacer con los registros civiles?

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): … Sí, señoría, por supuesto que el Gobierno lo sabe, y obedece a un principio al que nos referimos desde el primer momento: no tiene sentido que en un momento de restricción presupuestaria, en el que no podemos aumentar ni la plantilla ni los medios materiales de nuestros juzgados y de nuestros tribunales, aquellos a los que la Constitución encarga juzgar y hacer ejecutar lo juzgado —es decir, a nuestros jueces y magistrados— se hagan cargo del Registro Civil. Por lo tanto, lo que haremos será aplicar la Ley de 2011 y establecer una estructura en la que sean otros funcionarios los que se hagan cargo de aquel.

 

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: … Descorazonadora respuesta, porque, hasta hace escasos meses, su ministerio y usted mantenían unos curiosos escarceos con los diversos colectivos —especialmente, los registradores de la propiedad, los colegas del señor Rajoy— para que estos asumieran las competencias de los registros civiles. Hace escasos meses, cuando estos les dijeron que, de gratis total, nada, vieron con buenos ojos a los secretarios judiciales. Pero lo cierto es que después de tres años, y a falta de un mes, no han llegado a ningún acuerdo con ningún cuerpo de funcionarios para el traspaso de sus competencias, o, por lo menos, usted no lo ha dicho. Y no lo han hecho porque no han querido negociar nada con nadie. Porque su único objetivo, señor ministro, era privatizar los registros civiles, alejando a la justicia todavía más de los ciudadanos y creando un nuevo instrumento para beneficiar a los negocios privados.

 

Hoy, a un mes vista, no saben qué hacer o, lo que es peor, nos llevarán a una extraña situación, con una ley inaplicable pero vigente y con unos jueces que seguirán al frente de las oficinas pero no tendrán competencias. A un limbo jurídico que intentarán reparar con alguna enmienda en alguna ley que nada tendrá que ver con los registros —en eso ustedes son expertos—, y congelarán seguramente una ley con algún procedimiento, hasta que encuentren algún otro colectivo que sea más astuto, que vea negocio y se quede con el Registro Civil. Y todo por su suficiencia, señor ministro, por no querer llegar a acuerdos con quien cada año atiende más de 400 000 expedientes gratuitos.

 

Se les cayó el envoltorio privatizador de los registradores y ahora tienen que improvisar. ¿Qué van a hacer con los 4000 funcionarios que cada día abren la persiana de los 431 registros principales de España? ¿Y con la inversión de 130 millones de euros que se hizo hace muy pocos años para la renovación tecnológica? ¿Y con la aplicación informática INFOREG 4.0? Seguramente, se las compondrán. Pero lo cierto es, señor ministro, que, si bien es verdad que los nuevos tiempos necesitan nuevas soluciones, estas no pasan por la privatización, la lejanía y el descalabro de la justicia.

 

No explore nuevas fórmulas, haga lo que dice la ley exactamente, que el registro debe ser gestionado y el servicio público prestado por un cuerpo de funcionarios integrados, por tanto, en la Administración del Estado y conserven su carácter público, universal y gratuito. Por tanto, no intenten maniobrar más, hasta que encuentren otros envoltorios que hagan que los españoles paguen por nacer, por morir, por casarse o por divorciarse. Y, desde luego, si quieren tramar algo nuevamente con el Registro Civil, nosotros, los socialistas —y con esto acabo, presidente—, los ciudadanos, los operadores jurídicos y los sindicatos estaremos en contra porque perjudican seriamente a los españoles, y nuevamente usted, o estará solo en su mundo de justicia virtual, o hará de esto también una cuestión de familia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Lo siento, señoría, pero, de lo que usted ha dicho, nada de nada de nada.

Las líneas de la propuesta son las siguientes —y además, tengo el inmenso placer de anunciarlas por primera vez en esta Cámara—: vamos a hacer un Registro Civil público, gratuito, universalmente accesible, seguro, que reduce los trámites y desplazamientos a los ciudadanos y que garantiza, señorías, que no se destruirá un solo puesto de trabajo. El Gobierno, en breve, presentará una propuesta para que el Registro Civil esté a cargo de los registradores mercantiles, como usted dice, funcionarios públicos especializados en la función registral, con experiencia contrastada en la gestión de oficinas públicas registrales, siempre bajo la dirección y supervisión del Ministerio de Justicia. En consecuencia, los registradores encargados del Registro Civil pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles.

En segundo lugar, será gratuito, completamente gratuito, tanto para los ciudadanos como para la Administración —aspecto, señoría, del que, por cierto, la Ley del 2011, por ustedes aprobada, no decía absolutamente nada—. Esa gratuidad para los ciudadanos se hace extensiva a todos los trámites y servicios del Registro Civil, tanto para las inscripciones como para las certificaciones.

 

En tercer lugar, será un registro plenamente accesible. A diferencia de lo previsto en la Ley de 2011, que solo preveía una oficina del Registro Civil en cada comunidad autónoma y en aquellas ciudades con más de 500000 habitantes, nuestra propuesta, señoría, es que todos los municipios de España, todos sin excepción, cuenten con una oficina abierta que ejerza funciones de Registro Civil. En los municipios que no sean capitales de provincia o capitales insulares y que no cuenten con registradores civiles, serán las notarías las que actúen como oficinas colaboradoras del Registro Civil, y allí donde no haya notarías, serán los juzgados de Paz, que subsisten en la ley orgánica a pesar de que desaparezcan los jueces de Paz.

 

Y, por último, será un Registro Civil público más cómodo y cercano para el ciudadano, puesto que se evitará la necesidad presencial de los ciudadanos, pudiendo acceder al mismo a través de Internet.

 

En último lugar, señoría, no se destruye empleo, porque todos los funcionarios, sin excepción, que en estos momentos están trabajando para el Registro Civil —y cuando digo sin excepción incluyo también a los interinos del territorio ministerio—, todos pasarán a trabajar en juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil o de cualquier naturaleza precisamente para cumplir su función de ayudar a los jueces a desempeñar su misión constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

 

Como usted verá, señoría, nosotros sí sabemos qué hacer con los registros civiles, dando un mejor servicio a los ciudadanos sin coste presupuestario alguno y, desde luego, con plena garantía del carácter público del mismo.

 

 

Los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil que mantendrá la gratuidad

 

  • Según ha anunciado el ministro de Justicia en el Senado
  • El Ministerio garantiza los puestos de trabajo en el territorio de su competencia
  • CSI-F y CC.OO. denuncian que supondrá la «privatización» del servicio
  • El Colegio de Registradores ha expresado su «absoluta disconformidad»

 

SILVIA QUÍLEZ – 24.06.2014

 

Los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil, que mantendrá su gratuidad y estará disponible en una plataforma digital a través de internet, según ha anunciado este martes el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

El Ejecutivo impulsará la reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil, por la que los registradores mercantiles pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles y su labor quedará «bajo la supervisión del Ministerio de Justicia», según Gallardón. La ley de 2011 iba a entrar en vigor el próximo 22 de julio, pero el Gobierno va a prorrogarla en los próximos dias, tras acordar estas modificaciones.

La reforma se justifica, según el Ministerio, en el «colapso» patente en «largas colas» en las puertas de los registros civiles que «en algunos casos están dando cita para 2019». No obstante, apunta que fueron motivo de hasta un 44% de quejas contra la Administración de justicia en 2012, de acuerdo con la memoria de 2013 del Consejo General del Poder Judicial.

Así, con las modificaciones a la norma, los registradores mercantiles, hasta ahora a cargo del registro de personas jurídicas, asumirán también el registro de las personas físicas, a través de una plataforma electrónica.

Los registradores mercantiles gestionarán la plataforma digital, de titularidad pública, donde se abrirá un folio por persona, en vez de hacerse como hasta ahora por actos, como el nacimiento, el matrimonio, la defunción y el cambio de apellidos.

 

Colectivo con «experiencia»

 

De esta forma, el Gobierno decide encomendar la gestión a los registradores mercantiles frente a los de la propiedad, que en un principio habían sido advertidos a través de una carta de su nueva función, o los secretarios judiciales.

El Ministerio justifica su decisión en la «experiencia» de este colectivo en funciones registrales y su «capacidad» para hacerse cargo de la «inversión» que supone la creación de una plataforma digital.

Los propios registradores civiles y mercantiles financiarán la plataforma, lo que, según asegura el departamento de Justicia, permitirá que la reforma no conlleve costes para el Ministerio y el ciudadano. El Colegio de Registradores no pudo comprometerse a asumir la responsabilidad aceptando la gratuidad del servicio, dado que las circunstancias de este colegio y de los mercantiles son «distintas», explica el Ministerio, un hecho que también «ha pesado» en la decisión.

Con la reforma, se establecerá una oficina en cada capital de provincia, y en los municipios donde no haya registro mercantil serán las notarías o las oficinas de los juzgados de paz, las que se encarguen de esta función, en el ayuntamiento de cada municipio.

Gallardón ha explicado en el Senado que los funcionarios que hasta ahora se encargaban del Registro Civil pasarán «sin excepción» a trabajar en los juzgados de primera instancia para «ayudar a los jueces».

Además, según detalla un comunicado del Ministerio, garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo, incluido el personal interino, en el territorio que sea de su competencia.

 

«Es la peor noticia que nos podían dar»

 

Sin embargo, los sindicatos CC.OO. y CSI-F han denunciado, en sendos comunicados recogidos por Efe, que el anuncio de Gallardón supondrá «privatizar» un servicio que dejará de ser gratuito y que pondrá en riesgo cientos de puestos de trabajo en la administración.

Comisiones Obreras cifra en más de 5.000 los puestos de trabajo que pueden verse suprimidos y advierte al ministro de que convocarán una huelga en la Administración de Justicia en toda España en caso de que Justicia no retire su propuesta. «Gallardón miente a la sociedad anunciando una privatización ‘sin coste para la sociedad, y sin pérdida de puestos de trabajo’ cuando la realidad es bien distinta», critica.

Por su parte, el presidente del área de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) Francisco Lama, ha asegurado a RTVE.es que los sindicatos no tenían “ninguna información” sobre el contenido de la reforma, pese a que el Ministerio asegura que ya habían trasladado, en reuniones con los representantes de los trabajadores, que se mantendrían los puestos de trabajo.

“Es la peor noticia que nos podían dar”, ha sentenciado Lama,  ya que la competencia en Justicia está transferida en la mayoría de las comunidades autónomas, en las que se perderán, según CSI-F, los puestos de trabajo. Por ello, el sindicato estudia llevar a cabo «acciones contundentes» contra el Ministerio.

En total, el sindicato cuantifica en 2.800 los empleos que el Gobierno va a amortizar teniendo en cuenta que garantiza los puestos de trabajo en los territorios de su competencia, es decir, en Murcia, Ceuta, Melilla, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura.

Al contrario de lo que argumenta el Ministerio para explicar la reforma, CSI-F considera que las funciones del Registro Civil, hasta ahora a cargo de funcionarios de la Administración de Justicia se han llevado a cabo de forma «ejemplar«. Por ello, creen que deberían quedarse a cargo de los secretarios judiciales.

 

«Absoluta disconformidad» del Colegio de Registradores

 

También el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ha mostrado su «absoluta disconformidad» con el anuncio del ministro de Justicia, porque puede «originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia», advierte este colectivo.

En su opinión, señalan a través de un comunicado recogido por Efe, la decisión del Gobierno pone de relieve el «desconocimiento» de la estructura del cuerpo de registradores, formado por un cuerpo único de funcionarios, que sirven indistintamente tanto Registros de la Propiedad como Registros Mercantiles.

Manifiestan su «preocupación y malestar» por la forma de proceder del Ministerio que puede provocar «un cisma en el cuerpo de registradores», sin tener en cuenta distintas propuestas presentadas por esta institución que «respondían a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil».

Por último, los registradores lamentan que una decisión de este calado no se haya adoptado «con el mismo consenso jurídico y político» con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011 cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza.

 

Fuente: rtve.es

Next Post

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Estoy de acuerdo con los terminos y condicciones de la Política de Privacidad.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.