El Tribunal Supremo ha declarado inválido el Real Decreto 668/2022, el cual alteró el Reglamento General de Costas, debido a la ausencia del proceso de consulta pública.
La sentencia, en respuesta a un recurso presentado por la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera, establece que para obviar la consulta pública en regulaciones administrativas estatales, deben existir circunstancias excepcionales, como ser normativas presupuestarias u organizativas, respaldadas por razones de interés público. Sin embargo, el Real Decreto impugnado no cumplió con estos criterios.
La sentencia, que ha contado con dos magistrados en desacuerdo, sostiene que la anulación completa del reglamento es desproporcionada, dado que hubo una participación significativa de la ciudadanía y de organizaciones representativas, aunque esta ocurriera después de la elaboración del proyecto.
