La vía de registrarse como pareja de hecho ante notario en Cataluña se ha consolidado como la principal estrategia para la regularización fraudulenta de miles de inmigrantes que buscan salir de la ilegalidad. Cataluña se ha convertido en un imán para grupos organizados que manipulan uniones, formalizadas en el Registre de Parelles Estables del Departament de Justícia, abriendo así la posibilidad de solicitar la tarjeta de residencia de familiar comunitario.
Este fenómeno se ha intensificado, atrayendo a personas de otras regiones, tanto ciudadanos que se conocen y pactan la unión por poco dinero o incluso sin costo alguno, como individuos que reclutan desde los países de origen. Locutorios y gestorías deshonestas son parte de este entramado, preparando a los clientes para posibles interrogatorios policiales en caso de investigaciones.
Las parejas registradas en el Departament de Justícia de la Generalitat han experimentado un marcado aumento, pasando de 7,179 en 2017 a 20,385 en 2022. Simultáneamente, las solicitudes de tarjetas de residencia por parte de estas parejas han aumentado de 1,024 en 2016 a 12,580 en lo que va de 2023, multiplicándose por 18.
El proceso, ágil, simple y económico, se realiza acudiendo a una notaría con identificación, declarando la relación y solicitando la inscripción, con un pago de entre 100 y 150 euros. A diferencia de otras regiones, no se exige un tiempo mínimo de empadronamiento conjunto.
En 2022, el 79% de las parejas que se formalizaron ante notario eran entre un español o europeo y un ciudadano extracomunitario, una tendencia que persiste en 2023 según datos del Col·legi Notarial de Catalunya. La ley vigente no impone al notario la verificación de posibles fraudes, generando preocupación.
Ante las alertas policiales, el Col·legi ha instado a sus miembros a extremar la precaución y, en caso de sospechas, exigir requisitos adicionales. A pesar de esto, la institución reclama un cambio legislativo para equiparar los procedimientos de matrimonio y pareja de hecho, argumentando que la actual falta de requisitos para esta última favorece la irregularidad.
La Oficina de Extranjería en Barcelona remite solicitudes sospechosas a la Ucrif, y el Grupo de Fraudes en Proceso de Regularización ha investigado y sancionado a parejas fraudulentas. En casos graves de favorecimiento de la inmigración irregular, la pena puede llegar a tres años de prisión.
La reciente desarticulación de una banda que lucraba con la creación de parejas ficticias revela la complejidad del problema. A pesar de los esfuerzos policiales, la falta de medios para verificar la autenticidad de las relaciones dificulta la detección de fraudes. El testimonio de inmigrantes refleja la percepción de que encontrar una pareja de conveniencia es la vía más rápida para obtener la documentación necesaria y escapar de la explotación laboral.
