Con el objetivo de prevenir la inclusión de cláusulas declaradas abusivas en los contratos entre empresarios o profesionales y consumidores, ante la acreditada ineficacia del Registro de Condiciones Generales (no todas las cláusulas declaradas abusivas se inscriben por las partes y el acceso al mismo no es ni fácil ni ágil), se ha ideado el Órgano de Control de Cláusulas Abusivas (OCCA) del Consejo General del Notariado, encargado de: 

  1. crear un archivo informático con todas las sentencias firmes que declaren abusiva una cláusula, para que pueda ser consultado por los notarios;
  2. realizar propuestas de reforma legislativa para la mejora de la contratación y de la tutela de los consumidores;
  3. emitir consultas sobre el posible carácter abusivo de una cláusula.

Al OCCA se viene ahora a superponer esta otra iniciativa en el ámbito canario. No está mal, tampoco otras que puedan surgir en el futuro. Sin embargo, descartado todo afán demagógico o populista, ¿no resulta todo esto una carrera desenfrenada y sin claro norte? Si el Registro de Condiciones Generales no funciona, hágase lo procedente para que funcione; o mejor aún, tras reflexionar sobre su utilidad, ventajes e inconvenientes, replantéese su propia existencia y ubicación.

¿Y por qué no un Registro para cualquier otro tipo de sentencias? ¿Con arreglo a qué criterio de clasificación?
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Puede que tanto o más necesario que dicho Registro de Condiciones Generales -o cualquier otro-, resultara una jurisprudencia informática, segura, en los términos en los que ya en otra entrada nos pronunciamos; a saber, un texto informáticamente cohesionado, integrado tanto por la legislación como por su jurisprudencia. Probablemente el Derecho aún no haya sino comenzado a aprovechar las ventajas de la Informática. Acaso ésta termine forzando un replanteamiento de nuestra forma de legislar y juzgar, y en general, de concebir las relaciones entre una y otra función. Todo apunta a que, ante la consustancial insuficiencia de la Ley y la complejidad del moderno marco vivencial, nuestro tiempo esté llamado a la Informática y la Jurisprudencia (+
aquí). No sólo en el ámbito del consumo. 

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El pacto firmado entre la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y el Colegio de Notarios de Canarias es pionero en España.

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1 de Julio de 2013

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La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y el ha iniciado un proceso de colaboración con el fin de firmar un acuerdo que mejore la protección a los consumidores y usuarios ante prácticas abusivas en los contratos que suscriben con las entidades financieras. 

Así lo explicó este el director general de Comercio y Consumo, Gustavo Matos, que señaló que ya se han mantenido varias reuniones de trabajo para poder formalizar una iniciativa que sería pionera en España, ya que ninguna comunidad autónoma ha hecho algo similar. 

Entre las actuaciones que contendría este acuerdo, destaca la prestación del servicio de asesoramiento por parte del Colegio de Notarios a la Dirección General de Consumo para la determinación de las consideradas cláusulas abusivas y permitir así una mejor identificación de las mismas por parte de los técnicos.

Además, según dijo Gustavo Matos, en virtud de esta colaboración, aquellos notarios que detecten cláusulas abusivas en el momento de la firma del contrato, además de advertirlo al usuario, comunicarán el hecho a la Dirección General de Consumo, que podrá usar la información como base de información para posteriores denuncias o para ejercer su propia actividad inspectora. 

Matos añadió que se pondrá en las notarías a disposición de los usuarios un formulario de la Dirección General de Consumo para que, en el momento en el que se formalice el contrato ante el notario,  el consumidor pueda cumplimentar una serie de preguntas relacionadas con la información que ha recibido o la posibilidad de elegir libremente el notario para la firma, entre otros aspectos de importancia. 

 

Fuente: Canariasahora.es

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