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La democracia no es un fin en sí mismo, sino un medio…  garantizando la dignidad de la persona. Así lo afirma el autor cuya publicación reproducimos más abajo.

Parecería que Europa hubiera olvidado su particular «status» -no otra cosa significa «estado»-, esa suerte de organización política que, en su día frente al Poder Absoluto, con tanta dificultad, a tientas y con briega, se regalara: el Estado de Derecho; una noción en su origen transaccional entre el poder entonces decayente -el rey- y el nuevo poder emergente -el demos- (doctrinarismo) que, debatiéndose entre parlamento, pueblo y nación, llega hasta nuestros días.

¿Soberanía del monarca, del parlamento (Inglaterra), popular (Rousseau, volonté générale), nacional (Sièyes), o del Estado (la dogmática alemana del XIX, pragmática,  propuso un compromiso en el que el poder se residenciaba en un ente abstracto -dotado de personalidad jurídica, más aquí-, el Estado, que actúa por medio de órganos y que convierte al rey o jefe del Estado en un órgano más, al tiempo que residencia la voluntad popular en otro órgano, el parlamento; desaparecida hoy en día tal situación compromisoria, el concepto «Estado» empero permanece, por su utilidad: el Estado sigue incólume tanto cuando se produce la muerte, renuncia o cese del titular de su jefatura, como cuando se disuelve el parlamento o el gobierno cae)?

Por más que partamos de la democracia como condición necesaria, forzoso parece reconocer que no es suficiente. Arbitrariedad, corrupción, desilusión, «buenismo»… Los tiempos reinantes nos hacen volver la vista atrás, recordar el extraordinario logro que en su día supuso alcanzar el Estado de Derecho. Desde su formulación originaria -Liberal-, pasando por nuestro actual Estado social y Democrático, hasta un nuevo tipo de Estado de Derecho que ya se atisba (a día de hoy no existe acuerdo ni en su existencia ni en su denominación -más aquí), unas notas comunes -ciertamente no plenamente consensuadas- parecen caracterizarle. Unas características que hoy como siempre convendrá recordar, para no incurrir en tiranías ya padecidas:

  • Frente a la arbitrariedad regia, sometimiento a la Ley. Tanto de la Administración -particularmente de la Administración de Justicia-, como de los particulares, cualquiera que sea su posición social.
  • Frente a la concentración de poder absoluto («l´État c´est moi»), la división de poderes. En lo sucesivo, nadie habría de tener capacidad para imponer su voluntad en todo a todos.
  • Frente a la olocracia y despotismo -también- de la mayoría, los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución.

Probablemente, el problema actual radique no tanto en la falta de fe cuanto en la falta de razón, de sentido común (Chesterton). Sin valores, sin compromiso, sin algo en lo que creer (siquiera sea en el ateismo, gnosticismo, relativismo -al fin y al cabo dogmas tan alejados de la falsabilidad como cualquier otro credo-, o al menos en la adjetiva «democracia» -eventual fe de los que carecen de otra suerte de religión, en opinión de Paul Auster-), ¿es posible avanzar?

Porque no todo es susceptible de contraste empírico. Y aun en el supuesto, hasta ahí no habría alcanzado todavía nuestro nivel. Así que entretanto...

En vez de hybris racionalista, ¿qué tal si humildemente -buena o mala, perfectible o aún mala- tomamos como punto de partida nuestra Constitución? Al fin y al cabo, de algo habrá que partir: ¿una ética mundial –Weltethos-? De lo que sea , pero ¡ todos a una ! 

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Lo que falta en la política española

 

30 de Julio de 2014 – José Antonio Jurado Ripoll
Abogado del Estado. Coordinador del área de penal en la provincia de Málaga Presidente de la asociación cultural “Proyecto Magna Política”, que procura dignificar la política desde los principios y valores del humanismo cristiano

 

Lo que sobra en la política española es estrechez de miras. Lo que falta es un fundamento claro y un objetivo permanente: el fundamento ha de ser claro, visible en todo momento y en cada acción, y no puede ser otro que el respeto a la dignidad de la persona; el objetivo ha de ser permanente, inamovible aunque cambien las coyunturas, y no puede ser otro que el bien común.

 

Acoger como fundamento el respeto a la dignidad de la persona y como objetivo el bien común en toda circunstancia conlleva abrazar una ideología y ser plenamente coherente y consecuente con ella. Esto también falta en la política española (ideología, coherencia), la cual muestra auténtico miedo al compromiso con principios y valores estables, fuera de la propia “democracia”; la democracia no cuenta como principio ni como valor: la democracia no es un fin en sí mismo, sino un medio (ciertamente, el más cualificado, que se conozca) para aspirar al verdadero fin del bien común garantizando la dignidad de la persona.

Una persona que no se aferre a criterios definidos no es de fiar; del mismo modo, la política que no se asienta en principios y valores estables no genera confianza, pues sin tales fundamentos (en realidad, “sin fundamento”) nada habrá que le impida servir intereses particulares en lugar de intereses generales; y la voluntad que defiende el interés personal embota el conocimiento y éste, debilitado, acaba relajando la propia voluntad.

Yo no deseo mandatarios aparentemente “asépticos” o sin ideología, que funden sus decisiones exclusivamente en la fuerza de la autoridad o en la estructura del poder; prefiero personas con criterio, que cimienten sus acciones en valores estables y apliquen principios coherentes con los mismos, principios basados siempre en el respeto a la dignidad de la persona y dirigidos hacia el bien común. Y así lo quiero porque el político que apuesta por la dignidad de la persona y el bien común dejará el margen de actuación que le es propio a la iniciativa civil, fomentará la participación de todos en la vida pública, será consciente de la deuda de solidaridad que tiene el Estado con la sociedad y con los ciudadanos y establecerá políticas sociales que tiendan al desarrollo humano integral.

 

El mal no es solo de los partidos y políticos sino de nosotros, los ciudadanos

 

No respeta la dignidad de la persona ni sirve al bien común aquella política que considera la economía y las finanzas como fines y no como instrumentos, la que considera competitivo el “factor trabajo” solamente en razón a su coste y no por su capacidad de generar riqueza, la que no contempla la educación como elemento esencial para luchar contra la pobreza, la que ahoga la iniciativa popular en una constante incontinencia legislativa, la que ve los partidos políticos no como “expresión” o “manifestación” de la voluntad popular, sino como creadores de una pseudovoluntad artificial, la que defiende o consiente que los españoles de determinada región tengan más derechos que sus vecinos, la que mantiene en su seno personas corruptas, la que, en definitiva, convierte a los ciudadanos en víctimas y no en protagonistas de la acción política.

Pero el mal de la política española no es únicamente culpa de partidos y de políticos, sino sobre todo de nosotros, de los ciudadanos, quienes vivimos como extranjeros en nuestra propia vida, a semejanza del protagonista de la obra de Camus. A todos nos interesa la educación, la economía, el trabajo, la sanidad, la justicia, el orden público, la vivienda, el futuro y el presente; a todos, por tanto, nos interesa la política, porque nos afecta en cada faceta de nuestra vida, en cada paso de nuestra existencia. La participación política (en sus diferentes formas y siempre conforme a los principios expresados) nos permite vivir más conscientemente nuestra propia vida.

Finalmente, el respeto a la dignidad de la persona y el bien común arrastran a entender la política como permanente actitud de servicio.

Todo esto falta en la política española y merece la pena reivindicarlo.

 

Fuente: TheEcononomyJournal.com

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