.
En su día señalábamos que existen en España más de 100.000 normas, más de la mitad autonómicas. Algo habrá que hacer. Decididamente, la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, que eleva el BOE a tablón edictal único (art. 59. 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), aunque apunta en la buena dirección, no es suficiente. Es posible, necesario, más.
Entre el arbitrismo y la inacción ciertamente hay campo para la imaginación constructiva, juiciosa:
- Ante un «nudo gordiano», ¿desatarlo o cortarlo? La solución adoptada por Canadá se nos antoja más próxima a esto último, a cortar por lo sano. Y sin embargo, al menos ahora que cobra realidad, dado lo enquistado y aparentemente imparable de la motorización legislativa, parece sensata.
- Por más que acostumbrado, resulta penoso constatar cómo continuamente se incumplen por parte de la Administración los plazos procesales, sin apenas consencuencias… También la falta de ejemplaridad de nuestro legislador. Baste en tal sentido señalar que el artículo 2 del RD 1083/2009. intentado mejorar la calidad de las normas, exige que la memoria del análisis de impacto normativo contenga «un listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma». En idéntico sentido, el art. 9 LGT.
Ocurre que en Derecho no basta con tener razón, también es preciso gozar de legitimación… Porque la democracia, ciertamente, no es un fin en si mismo sino un medio (más aquí).
- La STC 119/20111, de 5 de julio declaró inconstitucional las incorporaciones «forzadas» de normas en el Senado -a última hora-; y sin embargo… Las Disposiciones Adicionales y Finales de determinadas leyes «heterogéneas» se convierten en ocasiones en auténticas emboscadas (más aquí). Penoso.
- Si nuestro régimen tutelar fuera mañana sustituido por otro unificado a nivel europeo, ¿pasaría algo? Hace tiempo abogamos por una ampliación masiva del nuevo Ius Commune europeo, el Derecho Comunitario. Una normativa que, como a nivel intraestatal, habría de basarse más en la razón que en el imperio, en la economía de costes y bien común. En competencia con las diversas regulaciones nacionales y autonómicas, habría de terminar imponiéndose por su amplia circulación y buen funcionamiento (más aquí).
No se trataría tanto de imponer cuanto de convencer. Porque la época de los Estados, de los nacionalismos y egocentrismos localistas, siquiera sea por razón de pura supervivencia económica, tendría los días contados, carecería de futuro.
.
Tras años recortando gasto e impuestos, ahora le toca el turno a la sobrerregulación
.
.
Desde hace dos décadas, Canadá ha dado un giro de 180 grados en lo tocante a su planteamiento económico. Si hasta mediados de los 90 el país norteamericano se caracterizó por desarrollar un modelo de crecimiento en el que el Estado llevaba la voz cantante, los veinte últimos años han supuesto un progresivo movimiento hacia posiciones liberales, al hilo de fuertes recortes del gasto y los impuestos.
Esta apuesta irá a más en los próximos años como consecuencia de la nueva ley contra la sobrerregulación que acaban de aprobar las autoridades canadienses. La norma en cuestión, conocida como la Ley de Reducción de la Burocracia, acaba de entrar en vigor. ¿Qué supone esta nueva regla? En esencia, que por cada nueva ley aprobada, será obligatorio eliminar una de las que ya estén vigentes.
Tal y como ha explicado el ministro Tony Clement, «Canadá es el primer país que adopta una medida así. Durante años, esta máxima ha estado vigente a la hora de desarrollar nuevas leyes. En paralelo, también se ha procurado que cada nueva norma vaya emparejada con un estudio de los costes que acarrea».
La sobrerregulación no es un problema menor: en Canadá, la Federación de Negocios Independientes cree que las distintas normativas vigentes en la actualidad tienen un coste total de 28.000 millones de euros (equivalentes a unos 37.000 millones de dólares canadienses).
Evidentemente, es imposible acabar con todos estos gastos derivados de las leyes, pero el citado estudio sí ve realista un recorte equivalente al 30% que supondría un ahorro de casi 9.500 millones de euros al año. Este tajo se conseguiría acabando con requisitos burocráticos que no afectan a los aspectos más esenciales de las leyes de protección empresarial.
Existe un precedente que apoya la tesis de la Federación de Negocios Independientes: en la Columbia Británica, una de las provincias del país canadiense, una iniciativa de desregulación ha permitido que el coste de las regulaciones empresariales dependientes de dicha instancia gubernamental haya caído un 40%.
El Gobierno nacional es consciente de esta oportunidad para el crecimiento. El primer ministro, Stephen Harper, ha llegado a afirmar que las regulaciones son, a menudo, «un asesino silencioso que mata miles de empleos». Los estudios le dan la razón: uno de cada cuatro empresarios confiesa que solamente por las regulaciones no cree que recomendaría a sus hijos que sigan sus pasos y se dediquen a ser empresarios.
.
Fuente: libremercado.com
