El director de los Notarios “implora” al Congreso que “regule” la filiación de los nacidos por gestación subrogada

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

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El director General de Registros y Notariado, Javier Gómez Gálligo, ha pedido este martes a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que de una vez por todas, regule la inscripción en los consulados de los nacidos mediante gestación subrogada en terceros países por encargo de ciudadanos españoles.

“Asumo la bronca pero les pido e imploro que regulen esta cuestión. Si no tenemos muchas veces todos los datos es porque no está suficientemente regulado. Asumiendo mi parte de responsabilidad, les digo que lleguen a una regulación de estas materias”, ha reiterado.

Gómez Gálligo comparecía en la Comisión de Igualdad a petición del Grupo Socialista, cuya portavoz, Ángeles Álvarez, ha cargado contra la Dirección General por no proporcionar datos del número de inscripciones que han acometido los registros civiles de los consulados de niños y niñas nacidos en el extranjero por maternidad subrogada, lo que vulgarmente se conoce como “vientre de alquiler”.

El compareciente ha recordado que el único marco con el que cuenta el personal de los registros es una instrucción de 2010 que permite la inscripción de estos niños siempre que haya una sentencia judicial homologable “en forma y efectos” al ordenamiento jurídico español y que ofrezca así una serie de garantías como el consentimiento informado y voluntario de la gestante, su mayoría de edad o la irreversibilidad del proceso.

“Somos los únicos que estamos tratando de abordar este tema, que no se nos castigue demasiado cuando con una pequeña instrucción hemos intentado regular esto. Preferiría que estuviese regulado por ley, pero mejor una pequeña regulación que dejar libre albedrío. Estamos con una instrucción dictada bajo gobierno socialista en un interno de regular esta materia. Si se le quiere dar más profundidad, bienvenido sea”, ha señalado.

Según ha asegurado, no es posible tener esos datos porque en la mayoría de los casos los españoles que acuden al consulado a inscribir al bebé lo presentan como propio o adoptado.

“Hay casos que nos llegan como de adopción internacional y han tenido base en una maternidad subrogada. Lo intuyes, pero lo que te llega es una resolución de adopción y sólo indagando se puede llegar a denegarlo, pero en absoluto se puede saber con exhaustividad cuántas maternidades subrogadas hay porque no llegan como tales”, ha explicado.

En el caso de Estados Unidos, conforme ha dicho, lo que llega es “una resolución de inscripción en el registro americano prescindiendo totalmente de la madre gestante” y en la que sólo aparece el nombre de la pareja o persona de nacionalidad española que encargó el proceso y toca al encargado del registro investigar.

“Es en ese control incidental de esa certificación donde se realizan labores de investigación en base exclusivamente a nuestras instrucciones y careciendo de ninguna regulación legal, y logran averiguar que detrás de eso hay una maternidad subrogada que no cumple las garantías. Encima que están haciendo un trabajo sin demasiado respaldo legal, yo creo que lo que tenemos que hacer es poner orden en esta materia y no tirarnos los trastos los unos a los otros”, ha argumentado.

En la misma línea, ha incidido en que “se está haciendo una labor que no se puede censurar” porque en los registros “están haciendo mucho más de lo que les corresponde” ya que no cuentan con una regulación y el objetivo es “poner freno a una maternidad subrogada sin consentimiento”.

Sobre este asunto, se ha referido a las particularidades de cada país para incidir precisamente en esa necesidad de una regulación exhaustiva que fije cómo se debe actuar en cada caso. “No admitimos de países donde está claro que no hay consentimiento, donde no se conoce la edad de la madre ni en definitiva, hay garantías suficientes”, ha asegurado, para matizar no obstante, que a falta de regulación se trata de algo “un poco intuitivo”.

“Hay países –prosigue el director general–, donde no hay ninguna garantía, como la India o Pakistán y donde sí puede haber mercantilización. Es verdad que lo de Estados Unidos se puede discutir porque hay compensación económica, pero no es lo mismo teniendo una resolución judicial de un consentimiento prestado”, ha señalado.

“El criterio que ponemos es ese: que un juez del mismo nivel que uno español haya escuchado a la madre y haya llegado a esa convicción. Cuando nos viene una certificación de Ghana, por ejemplo, no lo aceptamos por la falta de garantías. Mejor sería que hubiera una regulación legal exhaustiva, pero estamos tratando de poner cierto orden”, ha añadido.

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