En 2010, el Gobierno de EEUU ideó la FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act -Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras-), una ley que obliga a las entidades financieras de todo el mundo a informar sobre cuentas en el extranjero de personas y entidades de ese país. España, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia fijaron un posición común negociadora con Estados Unidos y, a mediados de 2012 se alcanzó un modelo de acuerdo intergubernamental, que ha sido la base para los acuerdos bilaterales de los cincos países con Estados Unidos. Ahora España ha hecho lo propio:  modelo 720, “Declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero”, a presentar -este año 2013- antes del 30 de abril. 

Sobre la presentación de la declaración de bienes en el extranjero, modelo 720: Link BOE - texto del RD 1558/2012, de 15 de noviembre -;  Link a la Orden HAP/72/2013 que regula la presentación del modelo 720; y Link a la aplicación para la presentación. 

El Anteproyecto de Ley Orgánica (por afectar al art. 135.5 CE) de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pretende dar cumplimiento a exigencias europeas (básicamente, garantizar el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera), creando a tal fin "un órgano que se coloca en la vanguardia de las Instituciones fiscales independientes de nuestro entorno". Tendrá las tres funciones incluidas en las Recomendaciones Específicas comunitarias a España: análisis, asesoramiento y control en relación con la política presupuestaria.Dos reflexiones a este propósito:
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  • "Como garantía de su independencia se le dotará de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, asegurando su existencia de forma separada respecto de las Administraciones sujetas a evaluación". Me pregunto por qué esta misma idea no habría de resultar de aplicación al Poder Judicial... ¿por qué no dotarlo de personalidad? Más aquí.  

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se adscribirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta adscripción en ningún caso afectará a su autonomía e independencia funcional.

Su dirección corresponderá a un Presidente, que contará con la asistencia de Directores de División que serán nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, entre quienes cuenten con experiencia de al menos diez años en las materias propias de la división correspondiente.

  • Por estricta necesidad España actúa en estos ámbito de acuerdo con -dicho de forma aún más amable, siguiendo las "recomendaciones"- de la Unión Europea. Por enésima vez, siempre in crescendo (más aquí), se intenta poner orden en nuestro desconcierto autonómico presupuestario. Dado que en general el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, aunque preceptivo, no es vinculante, cabe dudar de su éxito.  

En el desarrollo de sus funciones la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elaborará informes que serán preceptivos y no vinculantes, de forma que, si la Administración a la que va dirigida el informe se aparta del criterio dado, deberá motivarlo. En el caso de las previsiones macroeconómicas, deberán contar con informe favorable.

15 de Abril de 2013

El Consejo de Ministros de este viernes ha dado el visto bueno al Anteproyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal, que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por parte de todas las Administraciones Públicas, lo que contribuirá a superar la crisis económica.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que la norma "introduce mecanismos de supervisión y transparencia en las políticas fiscales de todas las administraciones públicas españolas" y da cumplimiento a la directiva europea que establece la necesidad de contar con instituciones fiscales independientes.

En el mismo sentido, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que "es un órgano que responde a la necesidad del Gobierno de reforzar la arquitectura institucional de España en pro de la estabilidad presupuestaria vigente en todas sus administraciones públicas". "Vamos a tener la autoridad fiscal más avanzada del mundo desarrollado", ha asegurado.

Montoro ha reiterado que el ámbito de actuación de esta entidad se extiende a todo el sector público, está dotada de independencia funcional y autonomía respecto a las Administraciones Públicas y tiene un régimen específico en atención a su carácter único y exclusivo: "Garantizará el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y contará para ello con un personal de la mayor experiencia y conocimiento" y contribuirá a "superar la crisis económica desde los parámetros de fiabilidad, de confianza".

Funciones

Cristóbal Montoro ha destacado que la tarea de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es "estar presente en la valoración del ciclo presupuestario en España de todas las administraciones públicas".

Entre sus funciones están elaborar informes y formular opiniones a iniciativa propia sobre las materias previstas en la ley; informar sobre las previsiones macroeconómicas, el programa de estabilidad presupuestaria y su ejecución, deuda pública y regla de gasto. También realizará informes públicos para valorar el establecimiento de los objetivos individuales de las comunidades autónomas.

Estructura y organización

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se adscribirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y dependerá directamente el ministro. Al frente estará un presidente, que contará con la asistencia de directores de división. Todos serán nombrados por el Consejo de Ministros entre personas con experiencia mínima de diez años de ejercicio profesional en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público.

Cristóbal Montoro ha resaltado que el presidente será elegido por tres años renovables por otros tres. Así, tendrá un mandato máximo de seis años, por lo que "no coincidirá con el final de las legislaturas" para así "garantizar su objetividad e independencia".

Fuente: LexDiario.es