A finales de junio de 2023, la Policía Nacional desarticuló una red que operaba en Melilla y Barcelona, dedicada a facilitar documentación española de forma ilegítima a ciudadanos marroquíes. En total, 50 personas fueron detenidas y se buscaron a otras 40 con órdenes de arresto.
La operación se centró en 35 presuntos matrimonios falsos o uniones de hecho utilizados como vía de acceso ilegal a Europa. Los clientes marroquíes pagaban grandes sumas de dinero, superiores a los 12.000 euros, a la red para obtener la documentación que les permitiría residir en España.
La principal responsable de la red regentaba una asesoría de trámites de extranjería, sin tener la debida colegiación como abogada o gestora. Aprovechaba su conocimiento de idiomas y el hecho de que parte de su familia residiera en Marruecos para ofrecer sus servicios en ambos lados de la frontera.
Para llevar a cabo la estafa, la red reclutaba falsos cónyuges españoles y testigos, con el apoyo de captadores. Estos falsos cónyuges eran ciudadanos españoles necesitados económicamente o con vulnerabilidades psicológicas o adicciones, a quienes se les pagaba cerca de 4.000 euros. Asimismo, se contrataban testigos a cambio de sumas que oscilaban entre 300 y 500 euros.
La red también contaba con colaboradores habituales que participaban en múltiples enlaces, ya sea como cónyuges o testigos, estableciendo así una fuente de ingresos constante. Otros colaboradores participaban de forma puntual en un solo caso y recibían una remuneración por ello.
La estrategia delictiva iniciaba con el cliente contactando a la gestora, seguido por la captación de los falsos cónyuges y testigos. Posteriormente, se formalizaba la unión ante notario y se enviaba la documentación correspondiente para su inscripción. La gestora presentaba entonces la solicitud de Autorización de Residencia a nombre del cónyuge marroquí, completando el proceso fraudulento y permitiendo la regularización administrativa en España.
Aunque la mayoría de la trama estaba centrada en Melilla, se descubrieron numerosos casos de uniones fraudulentas en Barcelona. La red se aprovechaba de la laxa legislación autonómica en este ámbito para operar con mayor impunidad.
En total, se identificaron 90 implicados en 35 matrimonios civiles y uniones de hecho fraudulentas en Melilla y Barcelona. La Policía registró el local donde operaba la organizadora de la red, incautando documentación, material informático y tarjetas de residencia obtenidas de forma fraudulenta.
El inicio de operación supuso que 50 de los 90 implicados fueran detenidos, aunque, se esperan más detenciones a medida que avance la investigación.
Fuente: https://www.elmundo.es/espana/2023/06/30/649ee59dfdddfffb468b45c0.html
