La Generalitat de Cataluña ha dado un paso clave en la protección de los derechos de las personas con discapacidad con la presentación de un nuevo proyecto de ley que refuerza su autonomía jurídica. La norma busca eliminar la tutela tradicional y sustituirla por un sistema de apoyos personalizados que garantice la toma de decisiones en igualdad de condiciones, en línea con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este cambio normativo supone una transformación en el ámbito notarial y jurídico, ya que los notarios desempeñarán un papel esencial en la formalización de estos apoyos, asegurando que las decisiones se adopten con plena seguridad jurídica y respetando la voluntad de los afectados. Se prevé que la ley simplifique trámites y establezca nuevas garantías para evitar abusos o interpretaciones restrictivas que limiten los derechos de las personas con discapacidad.
Con esta iniciativa, Cataluña se posiciona a la vanguardia en materia de inclusión y accesibilidad jurídica, adaptando su legislación a los estándares internacionales y promoviendo una mayor independencia para miles de ciudadanos que, hasta ahora, veían restringida su capacidad de decisión en asuntos personales y patrimoniales.
