.
En su día dimos cuenta de la STS 5 Febrero 2000, la cual reconoce que la función notarial -en lo que a la identificación de los comparecientes mediante su documento de identidad respecta- no se encuentra totalmente blindada, lo que sería muy positivo. Ocurre que el Notario no es ni un experto calígrafo ni de rasgos faciales...
"... no escapa a esta Sala considerar las habilidades de que están dotados ciertos estafadores expertos para engañar y a las que no se sustraen los Notarios, por no resultar totalmente blindada su función (sería muy positivo que así lo fuera), y pueden ser vulnerables a las maquinaciones suplantadoras con el fin de celebrar negocios lícitos en apariencia. Por eso la trascendencia de su dación pública, ante el riesgo mayor que presenta la sociedad de hoy donde tiene más cobijo la mala fe que la buena fe, alerta e impone a los fedatarios públicos extremar su celo identificador con el empleo intenso y hasta exhaustivas de medidas de comprobación que las normas legales les facilita y evitar la proliferación de situaciones como la presente..." (STS 5 Febrero 2000)
Se recomienda la atenta y exhaustiva lectura de dicha sentencia, muy aleccionadora. Por lo demás, sin perjuicio de la hipotética responsabilidad del Notario concernido -ya se verá si bien, en el mejor de los casos, nadie le quitará el "mal rato"-, ¿para cuando el blindaje notarial en materia de identificación?
La proyectada adveración notarial de los testamentos ológrafos (más aquí) podría arrastrar graves consecuencias para el Notariado. Pues no tendrían por qué ser las mismas, ni en Derecho (cfr. art. 405 y ss LOPJ) ni de facto (a las estadísticas tocaría remitirse), no ya la responsabilidad criminal/civil de un Notario o de un Juez, sino la probabilidad de incoación de un procedimiento a tal fin: ¿responsabilidad en ambos casos efectiva? Más aquí. El Notariado, ¿una profesión de riesgo?
.
Barcelona, 14 mar (EFE)
.
La Policía Nacional ha detenido a 15 personas, entre ellas un notario, que estarían implicadas en falsificaciones documentales y en fraudes a organismos públicos, a entidades privadas y blanqueo de capitales por valor de 10 millones de euros.
En un comunicado, la Policía informa hoy de que tres de los 15 detenidos estaban especializados en falsificar cartas de identidad portuguesas, certificados de residentes de la Unión Europea y tarjetas NIE de extranjeros residentes.
Los otros doce detenidos son presuntos autores de alzamientos de bienes, fraudes a organismos públicos, estafas a entidades privadas y blanqueo de capitales por valor de 10 millones de euros.
La policía considera que esta organización, cuya base de operaciones se centralizaba en un bufete de abogados de Reus (Tarragona), usaba los documentos falsificados para diversos tipos de estafas.
La investigación se inició en agosto de 2013 a raíz de una verificación de una carta de identidad portuguesa y un certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea que resultaron ser falsos.
A partir de ese momento, la Policía Nacional inició una investigación para conseguir identificar a la persona que aparecía en las escrituras mercantiles de una empresa con identidad falsa.
Los agentes identificaron al portador de la documentación falsa y detectaron seis empresas con el mismo administrador, que también investigaron.
La forma de actuar de la trama se iniciaba en una empresa con problemas de liquidez, normalmente de los sectores de la construcción o inmobiliario, y cuando los ingresos de la misma se reducían, solucionaban sus problemas evadiendo los impuestos y las cotizaciones y aumentando las deudas con sus proveedores.
Llegado a este punto, los detenidos vendían la empresa y utilizaban para ello a un ciudadano brasileño con identidad falsa portuguesa, el cual se convertía en testaferro de las sociedades.
Transferidas las mercantiles al testaferro, éste autorizaba a los verdaderos administradores mediante poderes de gestión o de pleitos para que continuaran administrando la empresa y pudieran gestionar la venta de los bienes muebles o inmuebles de la misma.
En total, se ha detenido a quince personas, que en una primera fase fueron once en Tarragona y una en Lleida, entre las que se encuentra el notario que autorizó la mayoría de las escrituras públicas realizadas con la identidad falsa investigada.
Posteriormente, se averiguó la identidad del principal responsable de la organización y se realizó el registro de su domicilio, en la ciudad de Barcelona, a raíz del cual se detuvieron a dos personas más.
Estas tres personas formaban el equipo de falsificación de la organización y contaban con un laboratorio de fabricación de documentos falsos.
La operación se ha desarrollado por agentes pertenecientes a la UCRIF de las comisarías de Tarragona y Málaga.
Fuente: euronews.com