La Ley 8/2021, diseñada para apoyar a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha sido reconocida como una de las reformas más significativas en el ordenamiento jurídico español desde la Constitución. Esta normativa eliminó las incapacidades judiciales, alineándose con el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, y obligó a las autoridades a proporcionar apoyos personalizados para que estas personas puedan tomar sus propias decisiones.
Sin embargo, durante un encuentro organizado por la agencia Servimedia con motivo del 25 aniversario de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, expertos destacaron que, aunque la ley representa un avance significativo, también ha generado efectos colaterales negativos que requieren atención. Uno de los principales problemas señalados es la pérdida de beneficios fiscales y prestaciones que anteriormente beneficiaban a las personas con discapacidad y sus familias. Antes de la implementación de esta ley, la declaración de una incapacidad jurídica otorgaba automáticamente un reconocimiento de un grado de discapacidad superior al 65%, lo que permitía acceder a deducciones fiscales y ayudas de la Seguridad Social. Con la supresión de la incapacidad jurídica, muchas personas han perdido esta valoración automática y, consecuentemente, los beneficios asociados.
Luis Gonzaga García, presidente de Liber, señaló que el problema radica en la interpretación que diversas instituciones, como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, entidades bancarias y juzgados, han hecho de la norma. Destacó la necesidad de realizar una labor pedagógica y ofrecer más formación a los profesionales para que comprendan la filosofía de la ley y puedan aplicarla correctamente.
Por su parte, Gonzalo López Ebri, patrono de la Fundación Aequitas y ex teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, expresó su preocupación por la contradicción que supone que una ley diseñada para ayudar a las personas con discapacidad haya resultado en una pérdida de derechos para ellas y sus familias. Indicó que si la reforma prohíbe las tutelas por implicar la anulación total de la capacidad de obrar de la persona y propone la curatela representativa como último recurso, resulta contradictorio que esta última se exija como requisito para reconocer el 65% de discapacidad. López Ebri abogó por que la mera concesión de una medida de apoyo a la toma de decisiones debería ser suficiente para dicho reconocimiento.
Federico Cabello de Alba, director del Área Social y Económica de la Fundación Aequitas, resaltó que esta reforma no solo ha supuesto la modificación de numerosas leyes, sino también un cambio en la mentalidad social. Sin embargo, reconoció que la aplicación de la ley ha enfrentado dificultades, especialmente por parte de entidades bancarias, juzgados, asociaciones y familias que aún no comprenden el avance radical que conlleva.
Soledad Cisternas, enviada especial del secretario general de Naciones Unidas sobre Discapacidad, elogió a España como uno de los países más avanzados en legislación sobre discapacidad, citando la Ley 8/2021 como reflejo del espíritu de la Convención de Naciones Unidas. Destacó que la discapacidad abarca una amplia gama de realidades, y es esencial que todos, desde familias hasta instituciones y la sociedad en general, participen en el aprendizaje y adaptación que implica esta ley.
En conclusión, aunque la Ley 8/2021 representa un avance monumental en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, es crucial abordar y corregir los efectos colaterales negativos que han surgido, garantizando que estas personas no solo mantengan, sino que también amplíen sus derechos y beneficios en la sociedad.
