Un juicio reciente ha puesto bajo los reflectores a un matrimonio acusado de haber participado en un complejo entramado fraudulento para desposeer a una mujer de sus propiedades durante el proceso de divorcio. Los hechos, que se remontan al año 2002, se desencadenaron cuando la esposa confió a su esposo un poder notarial que le otorgaba la autoridad para gestionar y disponer de sus bienes inmuebles.
Sin embargo, la relación matrimonial comenzó a deteriorarse en 2012, momento en el que la esposa propuso el divorcio de mutuo acuerdo, una oferta que fue rechazada por el esposo. Ante esta situación, este último ideó un elaborado plan para desviar los bienes compartidos, evitando que su esposa pudiera reclamar su parte legítima en la división de los activos conyugales durante el divorcio.
El juicio, que se celebró los días 12 y 13 de diciembre en la Audiencia Provincial, acusa al matrimonio cómplice de estafa o apropiación indebida. Según la acusación de la Fiscalía, los acusados podrían enfrentar hasta siete años de prisión, así como una multa económica. El plan maestro implicaba la realización de compraventas ficticias de varias propiedades, incluyendo una nave industrial y una casa familiar, a precios simulados y sin que se efectuara ningún pago real.
Lo más sorprendente es que la esposa estaba completamente ajena a estas transacciones fraudulentas. No fue sino hasta que inició el proceso de liquidación de bienes tras el divorcio que se dio cuenta de la situación. En ese momento, descubrió que los bienes que creía compartidos ya no estaban disponibles para la división, habiendo sido transferidos en secreto por su esposo con la complicidad del otro matrimonio.
Tras el dictamen del divorcio, los bienes regresaron nuevamente a manos del esposo, cumpliendo así el pacto establecido con el matrimonio cómplice. En total, las propiedades en cuestión fueron valoradas en 815.000 euros.
