El Ministerio Público solicita una sentencia de siete años a un oficial de notaría tras descubrir que había falsificado la firma del notario para elaborar diversos documentos, incluida la cancelación de una hipoteca.
El acusado, que trabajaba en una notaría en el centro de Palma, aprovechó su acceso al material notarial para cometer los actos de falsificación. Utilizando su conocimiento de las firmas de los notarios, elaboró documentos fraudulentos que causaron un daño significativo a la integridad del sistema notarial y al tráfico legal.
Entre los documentos falsificados se encontraban poderes que otorgaban al acusado la capacidad de representar a su esposa y hermanas en varios asuntos legales. Estos poderes fueron utilizados para obtener préstamos con garantía hipotecaria, sumando una cantidad total considerable.
Además, se falsificó un documento para cancelar una hipoteca, ocasionando problemas legales y financieros adicionales.
La investigación judicial se inició después de que el acusado se denunciara a sí mismo en 2020. La Fiscalía califica los actos como un delito grave de falsificación cometido por un funcionario público, sin reconocer ningún tipo de atenuante por la confesión del acusado.
Además de la posible pena de prisión, se solicita que el acusado pague una suma de 450.000 euros por los préstamos fraudulentos, aunque también se responsabiliza a la entidad aseguradora asociada al Consejo General del Notariado.
