Miguel Cruz Amorós
La situación de los asesores fiscales en términos de responsabilidad evoluciona vertiginosamente en los últimos tiempos, como consecuencia de una serie de factores de difícil control y racionalización. El primero, la falta de regulación de una profesión, actualmente imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Dicha regulación hubiera abordado y canalizado, como ocurre con otras profesiones, las cuestiones del estatuto profesional de los asesores con sus derechos y responsabilidades. Pero parece no haber interés oficial en esa regulación ni en fortalecer la consideración profesional de los expertos fiscales, a los que se prefiere mantener en el ámbito de los denominados Foros de Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios controlados por la AEAT. Así que mientras no se subsane este vacío, la debilidad profesional de este colectivo está garantizada, lo que crea una discriminación inexplicable entre asesores adscritos a colegios profesionales regulados y amparados por el secreto profesional y los que no gozan de este privilegio. En segundo lugar, la complejidad del cumplimiento tributario ha posibilitado el desarrollo de una opinión social, entendida en el más amplio sentido, conforme a la cual la infracción tributaria o el delito fiscal no serían posibles sin la colaboración o la instigación de los asesores, que deben ser, por ello, severamente responsabilizados, cuando, si somos objetivos, resulta evidente, que en un sistema tributario basado en la autoliquidación como el nuestro, los asesores han llevado a las ventanillas de la Hacienda Pública a la mayoría de los contribuyentes efectivos actuales. Más todavía, en el actual marco de administración electrónica, de cumplimiento sin papel y de comunicación telemática con la Administración. Este hecho explica que la Administración tributaria los considere hoy intermediarios colaboradores en la aplicación de los tributos, con obligaciones cuasi controladoras de las conductas fiscales de sus clientes.
