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Pendientes ya solo de su remate final, convendrá ir tomando razón de los cambios que se avecinan: todo un expediente en ocasiones de no fácil tramitación.
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El Registro Civil cursó el año pasado 228 expedientes de matrimonio civil, de los que 60 se celebraron en el Juzgado, 84 en el Ayuntamiento y el resto en otros registros provinciales
A día de hoy, sólo jueces y alcaldes, o concejales en su nombre, están facultados por la ley para oficiar matrimonios civiles, una potestad que a partir de unos meses van a ostentar también los notarios y los secretarios judiciales después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria. Ya ha pasado el primer trámite y ahora está pendiente de que se pronuncie el Senado, pero se prevé que la nueva norma entré en vigor a mediados de julio. Para los notarios, cualquier competencia nueva «es bien recibida» y además consideran que «también va a ser bueno para los ciudadanos» porque «no habrá listas de espera».
En declaraciones a La Tribuna, la decana del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Palmira Delgado, ha manifestado que «ahora habrá más opciones» y cree que uno de los principales argumentos para decidir entre casarse en el juzgado o en una notaría serán los plazos. Delgado sostiene que «será más rápido a través de un notario que por otras vías porque no tenemos listas de espera».
No obstante, está convencida de que los notarios van a tramitar más divorcios de mutuo acuerdo y sin hijos que celebrar bodas.
Según los datos facilitados a este diario, el año pasado el Registro Civil de la capital tramitó 228 expedientes de matrimonio civil, de los que 60 se celebraron en la sala de bodas de los Juzgados de Ciudad Real. El resto de las ceremonias se oficiaron en otros registros civiles o ayuntamientos; en el de la capital se celebraron 84 bodas.
En los cuatro primeros meses del año se han registrado 76 expedientes para contraer matrimonio civil. Casi la mitad, 36, se han oficiado en el edificio de la plaza del Trillo ante el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, que tiene la competencia del Registro Civil, y en presencia de la secretaria judicial como fedataria pública. Los 40 enlaces restantes se han celebrado en registros civiles y ayuntamientos de la provincia (nueve en el Consistorio de Ciudad Real).
Para no llevarse a engaño al comparar un año y otro hay que tener en cuenta que los meses de mayo, junio, julio, septiembre y octubre concentran el 80% de los enlaces matrimoniales tanto civiles como religiosos. Igualmente, hay que recordar que las únicas bodas totalmente gratuitas son las celebradas en los Juzgados de la plaza del Trillo, ante el juez del número 3.
Menos que el ramo
A este respecto, Palmira Delgado apunta que «de momento, no se pueden hacer estimaciones sobre la cuantía de estos trámites» y, saliendo al paso de comentarios jocosos como que va a costar menos que el ramo de flores, explica que será el Gobierno quien regulara el arancel. No obstante asegura que tendrá un carácter social y cree que «será similar a los documentos de cuantía».
A la decana de los notarios de Castilla-La Mancha «le parece importante» cualquier nueva competencia que se les atribuya y más en este caso «porque se amplia la posibilidad de elección del ciudadano». En cualquier caso, añade, «lo importante para el ciudadano y nosotros es que el contrato matrimonial se podrá celebrar en cualquiera de las 130 notarias de Castilla-La Mancha». En la provincia de Ciudad Real había 40, pero a raíz del último decreto de demarcación se han suprimido cuatro.
De momento, «las notarias no están preparadas para atender este servicio y, por ello, habrá que adecuar y acondicionar algún departamento. Dependerá de cada notaria, ya que no todas disponen de los mismos medios e instalaciones», apunta la decana.
No obstante, Palmira Delgado reitera su convencimiento de que los notarios tramitarán más divorcios de mutuo acuerdo que contratos matrimoniales. «Las notarias aportaremos a los divorcios una agilidad que no puede ofrecer ninguna otra instancia; el matrimonio, en cambio es una ceremonia de carácter alegre, más propia de juzgados y ayuntamientos», razona la decana.
La Ley de Jurisdicción Voluntaria era una aspiración del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que busca mejorar la eficacia de los tribunales, de manera que la administración de justicia pueda concentrarse en «la labor fundamental que la Constitución le atribuye, juzgar y ejecutar lo juzgado», tal y como recoge el texto en la exposición de motivos. Es decir, se pretende descongestionar los órganos judiciales derivando asuntos como la celebración de matrimonios y divorcios a otros operadores. Si no hay variaciones en las previsiones que figuran en el borrador, la normativa será efectiva a partir del 15 de julio.
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Fuente: latribunadeciudadreal.es
