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En otra noticia leemos:
«Las gestiones sobre actos no voluntarios -nacimiento o defunción- los pagará el usuario indirectamente ya que estarán financiados en los Presupuestos Generales del Estado; mientras que los voluntarios -el cambio de apellido, de sexo, o certificados de fe de vida- serán costeados de manera directa por las personas…
Los funcionarios de la Administracion de Justicia, por su condición de trabajadores públicos, están sujetos a un sigilo y secreto profesional muy rígidos. Manejan infinitos datos sobre cambio de sexo o de nombre que estarán en poder de empleados que «pueden ser despedidos a los 6 meses y llevarse toda esa información», manifiestan desde el CSIF» (eldiario.es).
Verán Vdes. Lo primero sería manifiestamente incierto: en lo sucesivo, nacimiento y defunción no serían financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado sino que lo pagarían los Registradores «de su bolsillo» (en principio, sólo en principio… en último término, claro está, lo habrían de pagar los usuarios, tal vez los del Registro Civil o tal vez los del Mercantil -puede que un poco cada uno, más aquí-). Y lo segundo, motivo de reflexión, pudiendo extraerse unas consecuencias diametralmente opuestas a las que en la noticia se argumentan: ¿por qué -al menos de facto- un funcionario púiblico no puede ser despedido a los seis meses?
Lobbies frente a lobbies, intereses frente a intereses. Todos a por la «res publica». Pudiera ser que en el fondo pocos sean los que perciban en el bien común un fin en sí mismo. Algo parecido a lo que, a nivel personal, estamos acostumbrados a constatar en las relaciones entre particulares: frente a la dignidad de la persona, su degradación, su instrumentalización como medio para alcanzar un fin. Así las cosas, puede que el problema, como también la solución, no nos sean externos, sino que radique en nosotros mismos, en la actitud con la que abordamos cuanto nos afecta.
- A partir del próximo mes de julio estos servicios «podrían quedar privatizados» tras la Ley 18/2014 de 15 de octubre aprobada por el Gobierno del PP
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26/Marzo/2015 – Málaga
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La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Málaga ha presentado este una campaña de recogida de firmas contra la «privatización» del Registro Civil, al lamentar que a partir del próximo mes de julio estos servicios «podrían quedar privatizados» tras la Ley 18/2014 de 15 de octubre aprobada por el Gobierno del PP.
Si esto llegara a ocurrir, ha criticado este miércoles el sindicato en rueda de prensa en Málaga, «supondría el cierre de 21 oficinas en la provincia, quedando sólo abierta la sede situada en la Ciudad de la Justicia pero únicamente para expedientes donde se requiriese la intervención del juez». El resto de servicios pasarían a manos de los registradores mercantiles y notarios, «con el consiguiente elevado coste y pérdida de derechos para la ciudadanía».
El sindicato espera recoger cuanto antes las 500.000 firmas necesarias para que la proposición de ley de la ILP llegue al debate en el Congreso de los Diputados. Esta actuación viene enmarcada dentro de un calendario de movilizaciones que inició esta organización sindical en 2011 y que se ha ido intensificando con el tiempo.
Junto a ello, CCOO ha convocado para este jueves una concentración entre las 11.00 y las 11.30 horas en la entrada del Registro Civil de Málaga, y el conjunto de los trabajadores del dicho servicio han convocado una manifestación para el 11 de abril en Madrid, un acto de protesta que será apoyado por el sindicato.
En la rueda de prensa, el secretario general de CCOO de Málaga, Antonio Herrera, la secretaria provincial de la FSC del sindicato, Carolina Ortiz, y la responsable del sector de Justicia de CCOO de Málaga, Carmen Cuenca, han explicado las consecuencias que tendrá para el conjunto de los trabajadores y para la ciudadanía en general la privatización de este servicio público.
En concreto, han señalado que «todos los trámites que se realizan en el Registro Civil, como partida de nacimiento, certificado de defunción, de matrimonio, adopción, divorcios o tutelas, entre otros, «pasarán a manos de los registradores mercantiles y notarios, es decir a manos de la iniciativa privada».
Así, han explicado que esto servicios «son ahora gratuitos, pero a partir de julio tendrán un coste de unos 100 euros de media cada uno». Además supondrá «desplazamientos latosos para la ciudadanía, ya que se cerrarán un total de 21 oficinas quedando únicamente la que se ubica en la Ciudad de la Justicia».
Respecto a esta cifra, Cuenca ha explicado que actualmente Málaga cuenta con 10 juzgados de Primera Instancia donde se gestionan trámites del Registro Civil y también hay 11 juzgados de Paz donde conjuntamente se realizan estas gestiones. En ambos casos, si se aprueba dicha ley, «los ciudadanos no podrían ya realizar sus gestiones en estas oficinas».
Como consecuencia de ello, ha apuntado, «se tendrían que trasladar al de la capital, pero únicamente para expedientes donde se requiriese la intervención del juez, ya que para el resto de certificados tendrían que acudir a registradores mercantiles y notarios».
Otra de las consecuencias, ha explicado Carolina Ortiz, es que «con esta ley los registradores mercantiles y notarios no estarían sometidos a la misma relación funcionarial que el personal actual del Registro Civil ante un supuesto de tráfico de datos, ya que en la actualidad los funcionarios podrían ser expulsados, pero los registradores no estarían sujetos a estas condiciones».
Por otro lado, Ortiz también ha recordado que «el Gobierno recientemente ha invertido 130 millones de dinero público para digitalizar los registros civiles de España, y ahora se los van a pasar totalmente gratuitos a los registradores mercantiles y notarios con esta privatización».
Respecto a los trabajadores, la dirigente sindical ha explicado que «el personal funcionario sería trasladado a otros órganos dentro de la Administración de la justicia, y el personal interino perdería su empleo».
Por todo ello, Herrera ha manifestado lo «importante y necesaria que es esta ILP» y ha señalado que «el Registro Civil es hoy en día un servicio público, universal y gratuito, pero que podría estar a punto de no serlo». Finalmente, ha instado a la Junta de Andalucía a que «ponga todos los medios necesarios para luchar contra esta ley».
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Fuente: diariosol.es
