Ángel Torres. MARCOS LEÓN . Se trata de un asunto por nosotros ya tratado con anterioridad, de indudable repercusión en el clausulado y cuota del seguro de responsabilidad civil notarial.

Por su transcendencia, el deslinde de actividades (más aquí) y el esmero en la llevanza de cuentas y su control se han convertido en temas de actualidad para la profesión notarial.

Resulta en cualquier caso penosa no ya la judicialización sino la "penalización" -al menos postulada- de comportamiento que acaso bastase con residenciarlos en el ámbito estrictamente civil.

  28.11.2014     P. T. Tras haber logrado penas de cárcel para sus dos exempleados condenados por sustraerle más de 700.000 euros de su notaría, ahora ha quedado visto para sentencia el segundo juicio derivado del desfalco que sufrió el fedatario Ángel Torres. En esta ocasión, el notario reclama a su coaseguro (formado por tres firmas y liderado por Generali) que le abone la indemnización marcada por el juez en la primera sentencia contra los autores del desfalco (700.812,91 euros). Torres recuerda que la póliza, suscrita a través del Consejo General del Notariado, cubre la "infidelidad de empleados". Y está dispuesto a a querellarse contra Generali. Los seguros rechazan hacerse cargo del desfalco, pese a que Generali estuvo personado en el proceso penal contra los autores del desfalco e incluso ejerció de acusación particular contra ellos, respaldando la versión del notario. "Me siento estafado totalmente por el seguro", valoró ayer Torres tras el juicio, que quedó vista para sentencia. El notario adelanta que "solicitaremos las actuaciones penales contra Generali y el señor Arjona (abogado del seguro que ejerció de acusación en el proceso penal contra los autores del desfalco)". Torres afirma que "han cometido delitos para tratar de no pagar". Les acusa de "mentir" en el juicio para no hacerse cargo del montante desfalcado. De hecho, en la vista de ayer, su abogado, Marcelino Abraira, pidió a la juez que remita los testimonios de los representantes de Generali para que se inicien actuaciones penales contra ellos por delitos como falso testimonio, intento de estafa o falsedad documental. Pero primero, la juez Susana Fernández, titular del juzgado de Primera Instancia 5, deberá sentenciar si Generali y sus socios minoritarios en el coaseguro (Mapfre y Zurich) deben abonar a Torres los más de 700.000 euros que reclama por el desfalco. Jesús Ávila, representante de Generali, intervino ayer como testigo. Justificó que su empresa se personó en la causa penal apoyando a Torres "simplemente a efectos de conocer las declaraciones, tener una idea más clara de lo que nos estábamos encontrando y tomar una decisión sobre la tramitación del siniestro". Y criticó la actitud de Torres con el seguro. "Le requeríamos documentos pero no colaboraba", afirmó. Abraira, por su parte, recordó que todavía a día de hoy la compañía de seguros "sigue personada en la ejecutoria de la sentencia" que Torres ganó contra los autores del desfalco. Y tildó de "grotesco" que Generali afirme que se personó en el juicio "de comparsa". Los dos condenados por el desfalco, por el momento, están abonando la indemnización al propio notario, aunque en cuotas mensuales pequeñas. Pero Torres "necesita" el dinero para su notaría, que recientemente salió del concurso de acreedores. Por ello se lo reclama a los seguros. Pero Generali alega que en el momento del desfalco ellos no se encargaban de la póliza del notario. Asimismo, las tres aseguradoras dicen que "no está claro que el dinero sustraído procediese de la actividad notarial", dado que Torres tiene en la notaría "la sede de otras empresas" y tenía "un caos" contable. La decisión está en manos de la juez.   Fuente: lne.es