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Convendrá recordar que el Notario puede cometer falsedad por imprudencia grave, no solamente por dolo.
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La base fáctica del delito aplicado, se contiene en los hechos declarados probados en los que respecto al mismo, se dice : que llevó a cabo «un acta de notoriedad de la finca … para reanudar el tracto sucesivo a través del procedimiento regulado en el artículo 9 del RD 1093/1997 establecido para fincas incluidas en proyectos de equidistribución , si bien en el momento en que se tramita el acta no concurre tal requisito. Asimismo y eludiendo el procedimiento para tramitar el acta de notoriedad no se cita debidamente al titular registral ni se espera a que por el Ministerio Fiscal se manifieste si se opone o no al acta, ni se da la primera copia del acta de notoriedad al órgano actuante.» (SAP de Madrid 1 de marzo de 2014)
 

Artículo 390 CP.

1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

2. Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil.

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Artículo 391 CP. La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades previstas en el artículo anterior o diere lugar a que otro las cometa, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año.

 

 

Xavier Gil Pecharromán – 20/05/2014
 
 

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un notario por un delito de falsedad imprudente en documento público oficial, a la pena de multa de seis meses con una cuota diaria de 50 euros y suspensión de empleo en cargo público, como consecuencia de su actuación como funcionario público, que permitió una estafa inmobiliaria millonaria, aunque le retira la condena por prevaricación impuesta en la sentencia de Instancia.

La sentencia, de 31 de marzo de 2014, en la que el ponente, el magistrado De Urbano Castrillo, considera que lo que puede reprocharse al notario Carmelo …, es un «comportamiento imprudente, que podemos calificar de grave, habida cuenta de las circunstancias que el propio recurrente admite: no era licenciado en Derecho (provenía de de los Corredores de Comercio) y era el primero de esa clase que realizaba». 

Y añade, que «prueba de que faltó esa diligencia exigible a quien fue fedatario público del reconocimiento general que tiene todo notario, es que, descartado el dolo solo cabe reputar gravemente negligente haber tramitado y concluido con una resolución en la que se reconocía un derecho de propiedad a quienes no acreditaron tal derecho».

Los condenados, Félix Gómez y Andrés Lorenzo, investigaron unos terrenos en la zona madrileña de Valdecarros, de 44.000 metros cuadrados, cuya dueña había fallecido en 1931. La finca estaba presuntamente abandonada, pues su última anotación registral era de ese año.

Buscaron a alguien que se hiciese pasar por heredero de la dueña legítima de los terrenos. Para ello contactaron con dos personas que se apellidaban igual, pero se negaron a participar en la estafa.

Gómez contactó con el ciudadano cubano Andrés Lorenzo, quien se prestó a actuar en nombre de su madre, domiciliada en Cuba, que aseguró que la finca era suya al haberla adquirido su abuela mediante documento privado.

A través de una adición de herencia, alegando que la anciana había omitido incluir la finca al fallecer su madre, Lorenzo logró que se cambiara la titularidad de los terrenos. Justo un mes antes ya había vendido la finca a una sociedad, Invespat (propiedad de Gómez, por 80 millones de pesetas), condicionada a que se lograse la titularidad.

El notario tramitó el acta de la finca a favor de Invespat, para lo que acreditó la titularidad registral y catastral de la finca por la dueña original y la declaración de dos testigos de nacionalidad cubana, que verificaron la venta antes de 1931, sin dar ninguna prueba de ello.

 

Llamada a los herederos

 

El registrador Juan José…, sin comprobar la legalidad del expediente inscribió la titularidad a favor de Invespat.

Los hechos no hubieran sido descubiertos nunca si las dos primeras personas con las que contactaron los imputados no se hubieran puesto en contacto con los herederos legítimos, quienes no sabían nada de la existencia de esa finca.

La sentencia, absuelve del delito de prevaricación al registrador de la Propiedad. Considera De Urbano Castrillo, que «no parece dudoso que se produjese errores a la hora de llamar a los interesados en el procedimiento, como lo demuestra que se consumara la conducta de despojo patrimonial ideada por los señores Lorenzo y Gómez».

Considera que no quedó probado que el registrador tuviera el grado de discernimiento exigible para considerar un delito que es esencialmente doloso, a la vista de una prueba sobre su estado mental.

 

Fuente:  elEconomista.es
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