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Porque nunca sabe uno lo que sucederá, se comprende la práctica notarial tendente -en lo posible- a solicitar y conservar -extraprotocolarmente- un certificado de capacidad del otorgante de avanzada edad.
Bien explicado, el propio otorgante accederá a ello con gusto: ¡es una garantía añadida que sirve a reforzar el cumplimiento de su voluntad!
¿Y en el caso de un débil mental? Requerirle un certificado de capacidad podría resultar particularmente ofensivo. Claro que en otro caso…
El asunto, al que venimos dedicando reiteradamente nuestra atención (por ejemplo aquí y también aquí), no está cerrado. A ello coadyuva la reticencia de algunos médicos de cabecera a emitir un certificado de tales características, por no ser de su competencia (que sería la de un especialista).
Claro que el médico de cabecera es quien de partida mejor conoce al sujeto cuya capacidad se trata de certificar, ante quien podría asistirle un especial deber de asistencia.
El Notariado es un cuerpo extremadamente disciplinado. Le basta con tener criterios seguros. ¿Alguien será capaz de aportar claridad?
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El perjudicado afirma que el dinero se lo pidió uno de sus primos, que le dijo que era para el otro acusado, que asegura no saber nada
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EUROPA PRESS | 02.12.2014
Los acusados de estafar a un primo con retraso para hacerse con su dinero han negado este martes en el juicio en la Audiencia Provincial haberse quedado con nada y se han desentendido de ser los responsables de haberle pedido el préstamo. Además, han asegurado conocer la discapacidad del perjudicado.
En el juicio celebrado este martes, ambos acusados, B.R.F. y JL.F.D., han ofrecido versiones discrepantes pero sí han coincido en negar que los hechos se sucedieran como relata en su escrito la Fiscalía.
Según se indicaba en el escrito de acusación de la Fiscalía antes del juicio, los dos acusados pidieron en 2007 a su primo que les prestase 60.000 euros para invertirlo en un negocio con la promesa de devolvérselo, algo que nunca hicieron.
La fiscal considera que se lo pidieron «con ánimo de obtener un beneficio económico propio en perjuicio» y «aprovechándose del retraso mental» de su primo —que tenía en la fecha de los hechos un grado de discapacidad del 33%—.
Una vez que éste aceptó realizar el préstamo, B.R.F se puso en contacto con una empresa para gestionar la operación y el 24 de julio de 2007 acompañó a su primo con retraso a una notaría de Santander a firmar el préstamo con garantía hipotecaria de su vivienda por valor de esos 60.000 euros.
Ese mismo día, este acusado acompañó de nuevo al primo al que había pedido el dinero a una sucursal bancaria, donde se cobraron dos cheques de 24.000 y 36.000 euros, cantidades que, una vez cobrados los gastos de gestión, se le entregaron a B.R.F y que, éste a su vez, entregó a JL.F.D. Sin embargo, en el juicio, B.R.F. ha asegurado que el dinero no era para él sino para un club nocturno que, supuestamente, iban a montar su primo acusado —que ya tenía un negocio así— y el otro, el que prestó el dinero y que es demandante.
En la vista, ha asegurado que él se limitó a acompañar a su primo, el que tenía discapacidad, al notario a firmar el préstamo que para este negocio iba a pedir y que, según la Fiscalía, era de 60.000 euros. En la operación, intervinieron un intermediario y dos prestamistas.
Ha negado haber participado en la negociación del préstamo y ha explicado que en la notaría estuvo «apartado». Cuestionado por la cantidad que se pidió en el préstamo, ha explicado que él no vio ningún talón, solo 36.000 euros en un sobre que entregó el banco. Ha señalado que de esa cantidad el intermediario se quedó con 6.000 euros y ha asegurado que el resto se lo quedó el primo demandante.
Así, ha relatado que por la tarde ambos acudieron al local del otro primo —el que, según su relato, iba a ser uno de los socios del negocio y que no estuvo ni en la notaría ni en el banco— a entregarle el dinero.
Sin embargo, el otro acusado, JL.F.D, ha negado toda la implicación en este asunto, tanto haber pedido dinero a su primo; ni haberle propuesto abrir otro club nocturno —»que va, si yo ya tenía el mío», ha dich—; ni haber participado en la operación del préstamo o haber recibido el dinero.
Por su parte, el perjudicado en la causa, ha explicado que fue su primo B.R.F. el que le dijo que JL.F.D. iba a montar un negocio y que necesitaba dinero, por lo que le pidió el préstamo.
Según ha señalado, B.R.F. le dijo que le iban a devolver el dinero en seis meses o un año y que, además, por «el favor», le iban a cancelar la hipoteca que pesaba sobre su casa. «Yo lo hice a buenas», ha dicho el perjudicado, que no ha sabido aclarar si el préstamo que firmó ante notario poniendo como garantía su casa, era por 60.000 euros o de 36.000.
Sí ha relatado que a la notaría le acompañó su primo B.R.F., no JL.F.D., que no estuvo ni allí ni tampoco, posteriormente, en el banco. Ha relatado, al igual que B.R.F., que solo vieron en el banco 36.000 euros, de los que el intermediario se quedó con 6.000. De los 30.000 restantes, ha mantenido que él se quedó solo con mil euros y que el resto se lo quedó B.R.F., que, según el perjudicado, había quedado por la tardde con JL.F.D. para dárselo.
Ha asegurado que él no le acompañó. A preguntas del juez, ha negado que en ningún momento JL.F.D. le pidiera directamente el préstamo o hablara con él de este asunto mientras se estaban realizando las gestiones para solicitarlo. Sin embargo, ha explicado que tiempo después de realizar esa operación y cuando ya había sido informado de la ejecución hipotecaria por impago que iba a sufrir por impago del préstamo, se encontró a JL.F.D. en Santander. Ha explicado que entonces le preguntó por el dinero y le informó de la ejecución hipotecaria y éste le dijo: «tranquilo, que se paga».
Tras los hechos, al primo con retraso se le reconoció en 2008 un grado de incapacidad del 65% y en 2009 fue incapacitado totalmente por un juzgado de Torrelavega y se nombró como tutor a la Fundación Marqués de Valdecilla. La fiscal aludía en su escrito a un informe del médico forense que lo examinó lo describe como alguien «muy manipulable» que puede ser «engañado fácilmente».
El Ministerio Fiscal pide para cada acusado tres años de cárcel y una multa de 2.700 euros por un delito de estafa y reclama también que indemnicen a la víctima en 60.000 euros del préstamo, más 1.800 euros como intereses.
La acusación particular elevó en su escrito la petición de condena a seis años de prisión y multa de 6.000 euros para cada uno de ellos y, además, pidió una indemnización de 66.500 euros, más la cantidad que resulte de liquidar la misma en la ejecución hipotecaria que se lleva en un Juzgado de Torrelavega.
También reclama otros 10.000 euros que se pagaron por notaría y gestión de préstamo. Por su parte, los abogados de la defensa piden la libre absolución de sus representados al considerar que los acusados no son autores de «delito ninguno».
El juicio, celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, iba a haberse desarrollado el pasado 6 de octubre pero tuvo que aplazarse porque uno de los procesados estaba enfermo.
Fuente: 20minutos.es
